El asalto al camión blindado en Benavídez, en el que fueron asesinados dos policías bonaerenses; el allanamiento al Departamento Central de la Policía Federal donde la fiscal Cristina Caamaño y la jueza Wilma Susana López secuestraron las grabaciones que la Dirección de Comunicaciones le había escamoteado sobre el dispositivo montado el 20 de octubre, día del asesinato de Mariano Ferreyra, y la ejecución de un policía federal, custodio de la jefatura de gabinete de ministros, cuando acompañaba a su esposa embarazada de compras, en el conurbano bonaerense, ilustran el efecto nefasto que tiene la insuficiencia o la falsedad de la información en materia de seguridad y la dificultad de darle solución delegando su gobierno en las propias fuerzas policiales. Sobre ese agujero negro de la democracia actuará el Observatorio sobre la Violencia y el Delito, propuesto por el Acuerdo para una Seguridad Democrática.

Manteca al sol

En el caso del vehículo de caudales del Banco Provincia, es ostensible la inadecuación del aparato preventivo, al no contar con una mínima inteligencia criminal. Los policías no tuvieron defensa ante un comando numeroso, con buen entrenamiento y armas pesadas. El blindaje del camión resistió, pero los patrulleros se derritieron como manteca al sol y sus tripulantes fueron masacrados. El gobierno provincial sólo tiene iniciativas para la represión de merodeadores, cuidacoches y limpiavidrios y para dificultar la excarcelación de acusados de delitos menores pero su policía está a ciegas frente a la criminalidad compleja. Para el gobernador Daniel Scioli mejor que hacer es decir y mejor que realizar es prometer. La furia de allanamientos y detenciones posteriores fue presentada como esclarecimiento del asalto al blindado, pero ese montaje comenzó a agrietarse a medida que pasaban las horas y ninguna fuente judicial confirmaba la euforia de las autoridades políticas.

Manipulación informativa

El contraste entre la falta de cualquier medida de prevención antes del ataque y la aparatosa respuesta posterior, con la presencia del propio gobernador en un allanamiento, siempre seguido por las cámaras, revela la manipulación informativa. Scioli, su ministro de Seguridad y Justicia, el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, y el jefe de policía, Juan Carlos Paggi se reunieron a las 7.30 del jueves en la jefatura departamental de La Matanza, donde los policías anunciaron que habría “importantes resultados”. Sirvieron una ensalada de prontuarios, aderezada con el untuoso discurso del ministro y la ácida urgencia del gobernador, ordenaron detenciones de los autores de asaltos y secuestros previos que estuvieran en libertad. A las 10 se realizó un allanamiento, transmitido en vivo por los canales de televisión convocados desde el gobierno. Mientras los policías ingresaban a la casa, Scioli y su séquito informaban que se había atrapado a “un delincuente directamente vinculado al asalto de la Panamericana”. Poco después el show se desplazó a YouTube, donde pruebas valiosas para la investigación se convirtieron en un espectáculo frívolo. Por la tarde, durante una conferencia de prensa, la versión comenzó a desinflarse. Según Paggi, en los diversos procedimientos se encontró material “vinculado a asalto de blindados o piratería del asfalto”. Ante las preguntas que buscaban alguna precisión, Casal respondió que “rápidamente se resolvió este hecho lamentable y las pericias demostrarán que son parte de una banda”. Confiado en que hablaba para un público que entiende del tema aún menos que él Scioli agregó que en los allanamientos se encontraron armas de grueso calibre, cuyas balas son “similares” a los casquillos encontrados en el lugar del asalto al blindado. Pese a esta parafernalia mediática la fiscal general de La Matanza, cuya presencia en la ronda de prensa convalidó la negligente acción policial, aclaró que no había ningún detenido por el asalto al blindado y el juez de garantías que todas las detenciones fueron ordenadas por él y provienen de la investigación de otro hecho, ocurrido en 2009. El ciclo de afirmaciones categóricas por la mañana y relativizaciones en potencial por la tarde se repitió el viernes, hasta que Scioli y Casal hicieron las valijas para volar a Israel y dejaron descansar a las cámaras y trabajar a la justicia.

Silencio de radio

Luego del procesamiento de los siete presuntos coautores del homicidio premeditado de Mariano Ferreyra, la fiscal Caamaño pidió a la jueza López el procesamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el allanamiento del Departamento Central de la Policía Federal, para secuestrar las grabaciones. Tanto los dirigentes del partido político en el que militaba el chico asesinado (PO) como la familia Ferreyra, reclamaron que se investigara por qué los tres patrulleros de la seccional 30ª y sus tripulantes y el personal de la División Roca de la Policía Federal permitieron que el grupo armado de la Unión Ferroviaria persiguiera a los desarmados trabajadores precarios y sus apoyos políticos. Las grabaciones de sus propias comunicaciones que la Policía Federal entregó a solicitud de la justicia eran incompletas. Terminaban en el momento de la agresión armada y recién se reiniciaban con el seguimiento a los manifestantes del bando agredido cuando se reagruparon en Callao y Corrientes para denunciar el asesinato. El allanamiento del miércoles por parte de la jueza y la fiscal permitió secuestrar los faltantes, que serán sometidos a peritaje para determinar si a partir de los disparos se interrumpió la grabación en forma deliberada o los audios fueron editados después. El jefe de gabinete Aníbal Fernández, replicó en su blog que no se había tratado de un allanamiento (artículo 224 del Código Procesal Penal) sino de una orden de presentación (artículo 232). Pero la fiscal había solicitado el secuestro de los audios del día del crimen archivados allí y eso es lo que hizo la jueza. Más allá de la bizantina discusión en que la Policía embarcó a Fernández, el hecho indudable es que la jueza secuestró el material porque lo investigado hasta ahora le hizo sospechar algún grado de participación policial en el asesinato. Aníbal ironizó al principio de su gestión con Néstor Kirchner que él era un duhaldista portador sano. En materia de delegación policial sería recomendable que no dejara de hacerse los análisis periódicos, para detectar a tiempo cualquier avance de la enfermedad. La seguridad es algo demasiado serio para dejarla en manos de las agencias policial, penitenciaria o judicial. Requiere de una conducción política que desaliente la natural tendencia a la autonomía y el autogobierno. Por cierto, la situación de la Federal de hoy es incomparable con los desbordes de la mejor maldita policía del mundo del ex gobernador bonaerense de quien Fernández fue ministro. Esto obedece a la clarísima directiva de Kirchner en 2004, ratificada luego por su esposa y sucesora, acerca de la ausencia de armas de fuego por parte de la policía en el control de protestas sociales. Fernández ha contado que tardó en entender esa decisión (que por entonces no dependía de su ministerio) pero que al ver sus resultados se volvió un entusiasta. Claro que no es lo mismo mantenerse a la expectativa mientras un grupo armado dispara contra manifestantes indefensos, una omisión que puede equivaler a complicidad. Estos son algunos de los puntos que debe esclarecer la investigación judicial. Si algo no puede cuestionarse de la política kirchnerista es el cuidado para que no se produjeran nuevas masacres como las de las policías de De la Rúa y Duhalde en 2001 y 2002. Cualquier defensa formalista de la policía ensayada desde el gobierno sólo puede contaminar a una presidente cuyo esposo sufrió en forma superlativa el asesinato de Ferreyra, como contó su hijo el día del entierro en Río Gallegos. Lo mismo puede decirse del horrendo asesinato de dos indígenas tobas por la policía de Formosa, ante los que el gobierno nacional no puede permanecer ajeno, porque compromete su responsabilidad internacional.

La cultura corporativa

La sofocante cultura corporativa también se aprecia en el caso del custodio de la jefatura de gabinete: un hombre solo, en la situación de extrema vulnerabilidad que implica la compañía de su esposa embarazada, se vio obligado a intervenir frente a tres delincuentes armados, que lo remataron con su propia pistola policial. A lo largo de dos décadas, las investigaciones sistemáticas del CELS muestran que ese tipo de intervención constituye una de las principales causas de muerte de funcionarios policiales. Esto llevó a un cambio de normativa, en 1999 en la Policía Federal, en 2002 en la bonaerense. Desde entonces, cada efectivo decide si porta o no su arma cuando está fuera del horario de servicio y de la propia jurisdicción. Lo que subsiste es el mandato de intervenir ante la comisión de un delito, aun con riesgo de la propia vida y la de terceros, de modo que un robo menor se convirtió en un homicidio. En el caso de la Policía Federal esta cultura institucional está plasmada en la ley de personal, que contradice los valores consagrados en los tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional y la propia lógica del Código Penal, que privilegian la vida sobre la propiedad. Por el contrario, los federales están obligados a defender “la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida”. En instituciones de seguridad de creación más reciente, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, o que fueron reformadas, como la bonaerense, la valoración es opuesta. La ley orgánica de la PSA dispone “anteponer al eventual éxito de la actuación la preservación de la vida humana”. Y la de unificación de normas de organización en la provincia de Buenos Aires, establece “siempre preservar la vida y la libertad de las personas”. En el entierro de los custodios del blindado, el jefe de la Bonaerense, Paggi se jactó de que se había logrado proteger el dinero. Un policía lo increpó. “La plata sí, pero la vida de los policías no.” Como explicó el empresario del rubro Enrique Juncadella, la custodia de un blindado debe hacerla otro blindado y no endebles patrulleros. Scioli completó su record de 24 horas de incontinencia verbal ofendiendo al sobreviviente chofer del vehículo atacado, al echar sospechas sobre la maniobra de evasión que realizó. La seriedad de su intervención en este caso es similar a la del futbolista Omar Assad, quien ante el secuestro express de su esposa dijo que la Argentina era una cárcel, peor que México y Colombia, nada menos. Pero al Turco no le pagan para gobernar y en su carácter de víctima tiene la palabra fácil que no puede permitirse la autoridad política.