EL PAíS › SOSPECHAS SOBRE LA UNIóN FERROVIARIA Y LA UGOFE EN EL CASO FERREYRA
El gerente de Recursos Humanos de la Ugofe confirmó en su declaración que el sindicato había enviado una lista de empleados que no irían a trabajar el 20 de octubre, el día del ataque que terminó con la muerte del joven militante del PO.
› Por Irina Hauser
La investigación judicial sobre la muerte de Mariano Ferreyra suma elementos que comprometen a la Unión Ferroviaria (UF) y extienden sospechas sobre la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que opera la ex Línea Roca. En medio del expediente, puede leerse la declaración testimonial del gerente de Recursos Humanos de la Ugofe, quien confirmó que el sindicato había enviado una lista de empleados que no irían a trabajar el 20 de octubre, el día del ataque de la patota ferroviaria a los trabajadores tercerizados y agrupaciones políticas cortarían las vías en reclamo de puestos de trabajo. El mecanismo, dijo, es el mismo que se utiliza cuando hay actos o eventos gremiales. En este caso, según dio por acreditado la jueza cuando procesó a los siete detenidos, lo que hubo estuvo lejos de ser una actividad gremial: fue la acción de una “organización formada” para impedir la protesta de los tercerizados a través de la “violencia física” y el uso de “elementos contundentes y armas de fuego”, cuyo resultado fueron la muerte de Mariano y tres personas heridas de bala.
La nómina de los ferroviarios que no irían a trabajar, cerca de 80, está también en un correo electrónico enviado a Ugofe desde los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, donde fue reclutado parte del grupo de choque. El e-mail fue obtenido de una computadora secuestrada en un allanamiento realizado por Gendarmería y en el expediente. Estaba titulado “corte de vías 20 de octubre”, describieron a Página/12 fuentes con acceso a la causa. El encargado del personal en Ugofe, Héctor Messineo, declaró ante la Justicia que la UF suele informar a cada sector la nómina de los trabajadores que se retiran para concurrir a actividades del sindicato. Aunque aclaró que el 20 de octubre él estaba de licencia médica, estaba al tanto de una lista de empleados que ese día no trabajarían o “abandonarían sus tareas”.
Voceros de Ugofe señalaron que ellos “no autorizan una licencia gremial, ni la UF pide autorización para que los trabajadores se retiren; la Comisión de Reclamos manda una lista de nombres y se lleva a la gente directamente. Después se analiza si se les descuenta el día”.
–¿Y por qué el 20 de octubre descontaron el día? –preguntó este diario.
–No lo sé–, fue la respuesta desde la empresa.
La amenaza de cobrar un día menos no parece un gran aliciente para asistir a convocatorias gremiales o para ir a romper un corte de vías. El paro que hicieron el fin de semana posterior al asesinato de Ferreyra los ferroviarios del Roca contra la detención del delegado Pablo Díaz –secretario de la Comisión de Reclamos– no parece la reacción de quien sufrió un descuento en sus haberes.
Ugofe es clave en el conflicto de los tercerizados, porque es la que subcontrata a las empresas tercerizadas como mecanismo para pagar bajos sueldos y tener al personal con contratos, sin estabilidad laboral. El corte de vías del día que mataron a Mariano era en reclamo de la reincorporación de despedidos de esas firmas externas y del pase a planta permanente. La estrecha relación entre la Ugofe y la Unión Ferroviaria fue confirmada en el testimonio de Messineo, quien admitió, según informaron allegados a la causa, que las listas con postulantes sugeridos para ser contratados son enviadas por el gremio, más precisamente por Juan Carlos Gallego Fernández, Díaz o por Karina Benemérito. De hecho Fernández fue quien había postulado a Cristian Favale –uno de los detenidos, barrabrava de Defensa y Justicia, acusado de disparar– que no llegó a ingresar.
La fiscal Cristina Caamaño pidió la indagatoria de José Pedraza, titular de la UF, y de Fernández por el ataque de la patota ferroviaria que terminó en el homicidio de Mariano. Para ella está claro que todo fue orquestado por el gremio. La Justicia, además, analiza 17 llamados de ese día entre Favale y un celular a nombre del ex presidente del directorio de Ugofe, Joaquín Acuña. En la empresa dicen que los aparatos identificados estarían en uso de “personal de seguridad” (policías o gendarmes), aunque dicen desconocer de quién.
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