La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del teniente de fragata retirado Julio Poch, detenido bajo la acusación de haber tripulado vuelos de la muerte durante la dictadura. La Sala II de la Cámara le requirió al juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, que profundice la investigación y defina la situación de Poch, cuyo procesamiento y embargo por 615 millones de pesos ya había sido anulado en octubre por el mismo tribunal.

Torres procesó a Poch el 23 de junio, mes y medio después de que el piloto llegara al país extraditado desde España, donde había sido detenido por Interpol. Al enviarlo a la cárcel de Marcos Paz por 615 secuestros agravados, el juez que tiene en sus manos la megacausa ESMA valoró los testimonios de tres pilotos de la aerolínea holandesa Transavia, en la que Poch se desempeñó.

Hace dos años, los ex colegas de Poch le contaron a Torres que el militar retirado les había revelado su participación en vuelos desde los que se arrojaban al mar o al Río de la Plata a desaparecidos secuestrados en la ESMA. Según los testigos, el 2 de diciembre de 2003, en la isla de Bali, Poch contó cómo desde “su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”; detalló que “eran tiempos de guerra”, que las víctimas “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor” y que había sido “una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

En sus declaraciones indagatorias ante Torres, Poch negó las acusaciones, alegó que había sido malentendido por sus compañeros de la aerolínea, a quienes desacreditó, y aseguró que no había recibido instrucción para tripular aviones como los usados en los vuelos de la muerte. En un escrito de 757 fojas, Torres rebatió los argumentos del acusado, puntualizó que si no sabía volar aviones de carga pudo haber participado como tripulante y destacó “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de su revelación “en un contexto sociocultural” diferente del argentino.

Ahora, al aceptar su apelación y ordenar que se libere al acusado, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani resaltaron que, desde la anulación del procesamiento dictada el 28 de octubre hasta la actualidad, el juez Torres no emitió el “pronunciamiento de mérito sobre la situación del encausado”, como había pedido el tribunal, “excediendo los plazos procesales pertinentes” y prolongando “en demasía” la producción de nuevas medidas que profundizaran la investigación.

Con esos argumentos, los jueces consideraron que debían expedirse “de forma excepcional, revocando la resolución atacada y disponiendo la excarcelación del imputado”. Además, fijaron una caución real de 150 mil pesos –en lugar del millón por cada víctima previsto por Torres– y le requirieron al magistrado “fijar toda otra medida restrictiva que considere pertinente a fines de asegurar la sujeción del imputado al proceso”.