El predio que el Estado nacional prestaba provisoriamente al Club Albariño en el barrio porteño de Villa Lugano fue desalojado ayer, luego de 16 días de ocupación. No fue necesaria la represión policial que exigió el gobierno porteño ni la promesa de planes de vivienda, como ocurrió en el caso del Parque Indoamericano. Se esfumaron antes del mediodía, cuando la policía implementó las 14 órdenes de captura libradas la noche anterior por el juez federal Daniel Rafecas y detuvo a cinco personas, con lo que la causa ya lleva siete presos. Otras tres personas fueron demoradas después, aunque desde el juzgado aclararon que esos arrestos fueron por cuenta propia de la policía. La causa por la usurpación del predio había sido iniciada por el gobierno nacional, que desde un principio esbozó la hipótesis de que la toma había sido “armada”.

La toma del Albariño, un terreno que ocupa menos de una manzana, surgió en medio de las negociaciones finales para desalojar a las miles de personas que ocuparon gran parte de las 130 hectáreas del Parque Indoamericano. A diferencia de estos ocupantes, que fueron censados y dejaron el lugar el 15 de diciembre, en el predio de Villa Lugano prevaleció la negativa rotunda a negociar. Las treinta personas que estaban allí querían los terrenos. Muchos aseguraron haber participado de otras tomas y afirmaban que les habían prometido viviendas sociales que nunca aparecieron.

Los vecinos de Villa Lugano, al igual que los de Soldati, salieron a cortar calles y a protestar, muchas veces con consignas xenófobas. Y también hubo peleas, pedradas e infiltrados con armas, hecho que reveló Página/12 a través de documentos fotográficos que muestran cómo ciertos personajes coordinaban “el caos”, atribuido por muchos medios de comunicación a la bronca y el hartazgo de los vecinos. No hubo tres víctimas fatales como en Soldati, en medio de una represión indiscriminada de la Policía Federal y la Metropolitana y el accionar de patotas.

El gobierno nacional reaccionó con una denuncia penal, ya que el predio le pertenece, y el caso quedó a cargo del juez Rafecas, cuya primera medida fue establecer un cerco policial alrededor del Albariño. La idea era no dejar pasar ni vehículos ni materiales de construcción. Luego, el magristrado recorrió el lugar, les explicó a los ocupantes que había una orden de “desalojo pacífico” y trató de abrir el canal de negociación. El grupo que lo recibió se retiró a deliberar, Rafecas esperó casi media hora y no hubo respuestas. Entonces comenzaron las tareas de inteligencia judicial para descubrir cuánto de real había en esta intransigencia.

Mientras el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, protestaba por la reafirmación de Garré de que las fuerzas policiales no lleven armas de fuego para reprimir protestas sociales, los vecinos de Lugano comenzaron a cortar la autopista Dellepiane y calles aledañas al predio del Albariño. Durante varios días, el cielo del barrio se ennegreció por el humo de los neumáticos quemados mientras Garré pedía paciencia para negociar y repetía: “Vamos a recuperar el predio sin víctimas”.

En el ínterin, las cámaras ocultas instaladas en el lugar por orden del juez Rafecas dejaron al descubierto que había una organización mafiosa, que aprovechaba la crisis habitacional de la ciudad para hacer ventas ficticias de terrenos. El miércoles pasado, el juzgado libró cuatro órdenes de captura. Ese mismo día fue arrestado el supuesto “autor intelectual” de la toma, Guillermo Ferreira, y el viernes, Reinaldo Silvero González, quien declaró el lunes pasado, día en que se estableció el secreto de sumario en la causa. Ambos continúan detenidos.

El tercer imputado fue Regino Abel Acevedo, que vivía en la Villa Fátima y sería señalado luego por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, como “un puntero vinculado al macrismo”. Acevedo, según sus vecinos, decía tener influencias en la administración porteña para conseguir viviendas y aseguraba trabajar en la Corporación Buenos Aires Sur, organismo descentralizado del gobierno porteño. Esto último fue negado por las autoridades locales. “Creemos que Acevedo ya está en Paraguay”, dijeron fuentes cercanas al juez Rafecas. El cuarto sospechoso también sigue prófugo y no se divulgaron sus datos personales.

El lunes a la noche, el juzgado pidió la captura de otras 14 personas bajo los cargos de “usurpación y asociación ilícita”. Cinco de esos sospechosos fueron detenidos ayer. Dos de ellos, según informaron fuentes judiciales, “están sospechados de ser los principales organizadores de ésta y de otras tomas similares en las inmediaciones”. Se trata de Carlos Fernández, argentino, de 45 años, y Luis Alberto Fredez Domínguez, paraguayo, de 26. “Se calcula que este cartel criminal, de haber consumado sus intenciones de apoderarse del terreno, podría haber obtenido por el loteo del club Albariño entre 300 y 500 mil pesos”, agregaron las fuentes.

“La investigación apunta a descabezar no sólo la conducción criminal de la usurpación sino también a los mandos intermedios, que son los que están presentes en el predio y ejercen violencia y coacción para mantener la toma del predio nacional cedido al Club Albariño”, informaron desde el juzgado interviniente mediante un comunicado. “Cabe destacar que hasta el momento se trabaja sobre la convicción de que se trata de un grupo organizado, muchos de ellos con antecedentes penales, dedicado a la usurpación y venta ficticia de terrenos alrededor de Ciudad Oculta, entre otros delitos”, agregaron.

Estas catorce órdenes de captura son el fruto de las dos declaraciones indagatorias tomadas a Ferreira y Reinaldo Silvero González. “También tenemos otros informantes en el lugar y colectamos pruebas a través de cámaras ocultas”, aclaró una fuente del juzgado de Rafecas, que en este momento está de turno para todos los delitos federales cometidos en la ciudad de Buenos Aires. “A esta complicación se sumaron las fiestas de fin de año –comentó la fuente– y lo difícil de negociar con gente que no quería ser censada ni acceder a planes de vivienda.”

Anoche en el gobierno nacional atribuían el desalojo a las detenciones, porque los mismos ocupantes dejaron de sentir la presión mafiosa para mantener la ocupación. De momento, en la causa que investiga Rafecas no hay indicios firmes de que este grupo tenga intencionalidad política. Hoy, si los tiempos judiciales lo permiten, serán indagados los nuevos detenidos.