La Cancillería argentina finalmente dio a conocer ayer el informe sobre las acciones que se están implementando para poner en marcha el plan de control ambiental a la pastera UPM (ex Botnia) y a la desembocadura del río Gualeguaychú acordado con Uruguay luego del fallo de La Haya. El documento detalla cronológicamente los avances en el proceso y enumera las decisiones que adoptó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para la compra de equipamiento, la contratación de técnicos para realizar las mediciones y la coordinación entre ambas delegaciones para cumplir con los monitoreos. Al mismo tiempo, la cartera que conduce Héctor Timerman publicó también el informe negativo que la delegación argentina presentó en octubre, luego de una inspección ocular de los científicos a UPM, adelantado en exclusiva por Página/12. Allí se cuestiona en duros términos el tratamiento de los efluentes que la ex Botnia está vertiendo al río Uruguay, y destaca que la empresa está realizando procedimientos “prohibidos” por la propia normativa uruguaya.

El informe publicado ayer resume los aspectos formales del proceso iniciado el 2 de septiembre pasado –fecha de la constitución del comité binacional– hasta el último día de 2010 en torno de lo que ambas delegaciones acordaron para empezar a monitorear la fábrica. Se detalla, además, el devenir de las negociaciones entre ambos países que culminaron cuando Timerman y su par oriental, Luis Almagro, rubricaron el 14 de noviembre el acuerdo definitivo, tras una reunión de diez horas. El texto también establece que el próximo 2 de febrero será la fecha límite para la presentación de un plan integral de control que abarque toda la cuenca en el tramo compartido por ambos países, fruto del pacto firmado en junio por Cristina Kirchner y José Mujica en la Estancia Anchorena.

En su parte resolutiva, el documento, que no fue bien recibido por los asambleístas de Gualeguaychú (ver recuadro), plantea los objetivos a los que se abocó la CARU durante estos meses. Se incluyó la aprobación para la compra de equipos especiales para las mediciones de contaminación y también se acordó construir en la ciudad oriental de Paysandú “un Centro de Gestión” desde donde se analizará la información que llegue desde los sensores y las boyas estratégicamente ubicados. Además, se decidió la construcción en cercanías del paso fronterizo de un laboratorio que apuntale las tareas de muestreo en la pastera y en la desembocadura del río Gualeguaychú. Según se informó, los científicos se contactarán a través de videoconferencias, y el cuidado del equipamiento dependerá de las fuerzas de seguridad de ambos países.

Pero lo que más conmocionó a los ambientalistas fue la difusión del informe negativo que la delegación argentina de la CARU realizó luego de la inspección ocular de los científicos en la planta, el pasado 6 de octubre. Con la firma del embajador Hernán Orduna –presidente de la delegación local– se manifestó una “profunda preocupación” frente a la “grave constatación” de que UPM está diluyendo los efluentes que vierte al río, “lo que se encuentra terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya”, se aclara. La denuncia, que fue presentada el 24 de noviembre y anticipada por Página/12, da cuenta además de que la empresa “ha expresado la intención de tratar de forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos, lo que se encuentra expresamente desaconsejado por la Dinama”. En las recomendaciones, Argentina le exige a Uruguay que tome medidas para que “cesen de inmediato las actividades de dilución”, así como también que desista de tratar sus desechos junto con los cloacales. Hasta el momento, se desconoce si la pastera modificó sus procedimientos, pero se sabe que el documento fue clave para destrabar la negociación.

Informe: Gabriel Morini.