Los datos de pobreza e indigencia que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Indec mostraron niveles récord del 57,5 y el 27,5 por ciento, respectivamente. Aunque las cifras reflejan una desaceleración del agravamiento de la situación social luego de los picos inflacionarios del primer semestre de 2002, también revelan la continuidad del deterioro y la escasa eficacia de los planes asistenciales. Con prescindencia de los discursos, los números son inexorables. No importa cómo se los explique, cerca de 21 millones de argentinos son pobres y, de éstos, alrededor de 10 millones son indigentes. Desde que Roberto Lavagna se hizo cargo del Ministerio de Economía, el número de personas que pasa hambre se incrementó en un 10,9 por ciento, alrededor de 1 millón de personas.
Ser indigente significa no poder acceder a una canasta básica de alimentos de costo mínimo. Por “básica” se entiende el piso que un individuo requiere para cubrir sus necesidades energéticas y proteicas elementales. Ser indigente, entonces, quiere decir pasar hambre. Mientras se pagó a los acreedores privilegiados de la Argentina –el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID– 4300 millones de dólares durante 2002 –sin contar los 2500 millones que se pagaron este enero–, las cifras de la pobreza y la indigencia no dejaron de crecer.
Entre mayo y octubre de 2002 la pobreza pasó del 53 al 57,5 por ciento de la población, un crecimiento del 8,5 por ciento. Mientras algunos sectores industriales habrían “dejado de caer” o estarían en tenue recuperación y mientras ciertos enclaves mantienen y disfrutan la rentabilidad extraordinaria que llegó con la devaluación, en apenas 5 meses 1.650.000 personas pasaron a ser nuevos pobres. La cifra surge de extender a toda la población del país el porcentaje relevado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los principales 31 aglomerados urbanos, cifra original que muestra 13,87 millones de pobres.
La pobreza, que incluye a la indigencia, se mide por el nivel de ingresos necesario para adquirir la Canasta Básica Total. Se trata de un conjunto de bienes de referencia que, además de los incluidos en la Canasta Básica Alimentaria, suma algunos “bienes y servicios no alimentarios”, entre ellos salud, educación, vestimenta y transporte (ver recuadro). La valuación de esta canasta según el Indice de Precios al Consumidor determina la Línea de Pobreza. En la medición conocida ayer, que toma como base los datos de septiembre de 2002, para una familia tipo de 4 miembros (jefe de hogar de 35 años, esposa de 31, un hijo de 5 y una hija de 8 años) el valor de la canasta alcanzó los 716,17 pesos. En tanto, el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que determina la Línea de Indigencia, fue para el mismo grupo familiar de 324,06 pesos. Con estas cifras, la indigencia pasó, siempre entre mayo y octubre de 2002, del 24,8 al 27,5 por ciento de la población.
Como la EPH se realiza sobre 31 aglomerados urbanos distribuidos en todo el país, es posible construir un plano regional de la pobreza. Los indicadores más dramáticos se encuentran en el Noreste, donde los pobres son el 71,5 por ciento de la población y los indigentes el 41,9. De cerca le sigue el Noroeste con 69,4 y 35,1 por ciento. En ambas regiones existen economías que, de acuerdo al discurso oficial, estarían recuperándose. Entre ellas yerba, tabaco y azúcar.
Los partidos del Conurbano bonaerense mostraron una pobreza del 64,4 por ciento y una indigencia del 30,5, mientras que en la región pampeana estas cifras fueron del 56,7 y 27,2 por ciento, respectivamente. Aquí se elaboran el grueso de las Manufacturas de Origen Agropecuario, cuyas exportaciones durante el 2002 mostraron una suba en dólares del 9 por ciento promedio. También se producen algunas de las Manufacturas de Origen Industrial más exitosas, como las siderúrgicas o las materias plásticas. En la zona de Cuyo, pobreza e indigencia fueron del 61,3 y 29,7 por ciento, respectivamente. Las mejoras de la fruticultura y la industria vitivinícola no parecen haber tenido mayor efecto.
La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, es la que muestra la mejor situación relativa. Aquí la pobreza alcanza al 21,2 por ciento de las personas y la indigencia al 5,7 por ciento. Como región, los indicadores menos malos corresponden a la Patagonia, con un 45,6 por ciento de pobres y 21 de indigentes. Cabe recordar que la industria petrolera no atraviesa dificultades, el aluminio pasa por su mejor momento y las lanas elaboradas aumentaron el 8 por ciento sus exportaciones en dólares durante el 2002. Aquí también las “mejoras en la situación económica” no necesariamente se traducen en mejoras para el grueso de la población.
Un dato llamativo de los números conocidos ayer fue el escaso efecto provocado por los planes asistenciales. Sin los 150 lecops del plan jefes y jefas de hogar, que cubren menos de la mitad de la canasta alimentaria de una familia tipo y que se sumarían al ingreso familiar, la pobreza alcanzaría al 58,1 por ciento, esto es, sólo la disminuyeron en un 0,6 por ciento. La indigencia, en tanto, habría sido del 30,5 por ciento, es decir un 3 por ciento mayor a la efectivamente registrada. Según los datos de la EPH para los 31 aglomerados relevados, sin planes la indigencia alcanzaría a 168 mil hogares más y la pobreza a otros 33 mil hogares. Cabe recordar que se entregan dos millones de planes.
La imparable profundización de una sociedad dual, con sectores medios en decadencia, es el peor dato para cualquier recuperación económica integral. También un dato esencial si lo que se pretende es la profundización de un modelo de economías de enclave orientadas al mercado externo y basadas en la ventaja competitiva de la sobreexplotación de la mano de obra. Cifras creciente de 21 millones de pobres, de los cuales 10 millones pasan hambre, son una muestra explícita de que en la Argentina la única eficiencia en la lucha contra la pobreza reside en el control social.