Sería excesivo hablar de una conspiración. Pero demasiados enemigos del gobierno nacional y del secretario general de la CGT coincidieron el jueves y el viernes en una tentativa por enturbiar la relación y perturbar el clima político manifiesto desde los festejos del Bicentenario, con dos picos de incremento: a partir de la muerte de Néstor Kirchner en octubre, y el domingo pasado, con las elecciones en Catamarca. Sólo esa confluencia de esfuerzos e intereses permitió que una pieza de escasa consistencia judicial pudiera avanzar hasta el centro de la agenda política, antes de desvanecerse en su propia irrelevancia.

La Procuración General y la Cancillería de la Confederación Helvética y su embajada en Buenos Aires aclararon que no había ninguna investigación judicial sobre Hugo Moyano y su hijo Pablo, lo cual es una verdad a medias. No la hay, todavía, pero se solicitan antecedentes judiciales porque existen sospechas, que no se limitan a los camioneros, sino que también apuntan al gobierno nacional. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que el requerimiento no podía responderse mientras Suiza no informara qué delitos se atribuían a los Moyano según las leyes helvéticas; el juez Norberto Oyarbide siguió ese mismo criterio; el propio Secretario General de los Camioneros agradeció las muestras de solidaridad pero pidió que se levantaran las medidas de fuerza anunciadas y afirmó que se procuraba enfrentarlo con el gobierno nacional. La tormenta se disolvió sin granizada, pero quedó electricidad en el aire. Si alguna lección deja el llamativo episodio es la necesidad de mejorar los canales de comunicación política dentro del oficialismo y de ajustar las piezas de las burocracias diplomática y judicial, que aportaron lo suyo al estrépito mediático. Al terminar la jornada del viernes, Cristina habló diez minutos por teléfono con Moyano y compartió un acto político con Daniel Scioli, simetría que no respondió a una táctica de urgencia sino a una estrategia estructural. Scioli es el presidente del Partido Justicialista nacional y Moyano el vicepresidente a cargo del Bonaerense. River, Huracán e Independiente mostraron tres rostros de un mismo proyecto, que la presidente sintetiza por encima de las tensiones entre sectores. En Avellaneda, Cristina dijo que no venía a dividir sino a sumar. Proclamó que era, es y seguirá siendo peronista y con ese lubricante conceptual y emotivo impulsó las listas de

adhesión que incluyan a personas de otras identidades políticas, ante los resignados aplausos de quienes se habían opuesto. Hasta Ricardo Casal y Alberto Pérez sonreían. A pesar de los previsibles cimbronazos que se sucederán hasta el día de las elecciones, Cristina mantiene y acrecienta su capacidad de sobrevolar esas contradicciones, equilibrando unas alas con otras, todas ellas encuadradas tras un liderazgo que nadie está en condiciones de desafiar, por molesto que se sienta con algún hecho. Esa destreza se potenciará hoy, cualquiera sea el desenlace en las elecciones de Chubut, donde hasta hace un mes el candidato del gobernador Mario Das Neves corría con una ventaja de treinta puntos.

Cherchez la femme

El pedido de colaboración de la Confederación Helvética está fechado en Lausana el 9 de febrero. Una vez traducido, ingresó a la Cancillería argentina el 9 de marzo. Entre ambas fechas, el 28 de febrero, terminó su gestión como embajadora en la Argentina la ex Procuradora General suiza Carla del Ponte. Quien firma el requerimiento, la fiscal María Antonella Bino, fue una de sus subordinadas dentro del ministerio público helvético. Del Ponte llegó a la Argentina en 2008, prestigiada por su actuación como fiscal del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia. Antes, como Procuradora General suiza, había identificado cuentas secretas en su país del ex presidente Carlos Menem. En Buenos Aires sorprendió a muchos interlocutores argentinos por su desinterés en los juicios por violaciones a los derechos humanos. En cambio preguntaba con insistencia sobre lo que denominaba “la corrupción en el gobierno kirchnerista”. Al abandonar el país, declaró que le hubiera gustado aportar su experiencia en La Haya para “los juicios orales a los criminales de la dictadura”, pero que “no podía por mi función diplomática”. Curiosa observación para quien al mismo tiempo no se cuidó de opinar sobre los problemas que a su juicio constituían en la Argentina “la inflación y la inseguridad”. Además, muchos de sus colegas de otros países, como Francia y Alemania, se han reunido con víctimas y funcionarios judiciales, han asistido a las audiencias y/o se han constituido como parte civil en los procesos. Del Ponte entabló sus mejores relaciones en el país con la Procuradora General bonaerense María del Carmen Falbo, quien la invitó a exponer ante todos los fiscales de la provincia que gobierna Daniel Scioli. El pedido de la fiscal Bino de causas que involucren a los Moyano es impreciso, carece de lenguaje jurídico e incluye vaguedades y errores. Pero para alguien que no conoce los expedientes, y por eso pide acceso a ellos, revela un grado de familiaridad con los dimes y diretes del conurbano difícil de obtener en Ginebra.

Se dice de mí

Según el escrito suizo, la cuenta 25491, Pueyrredón, abierta en noviembre de 2004 en el Standard Chartered Bank de Ginebra, recibió en 2005 un depósito de 88 mil dólares de una sociedad que según la Asociación de Abogados de Florida, Estados Unidos, fue utilizada en un fraude inmobiliario en ese país. ¿Cómo se llega desde ese dato a solicitar copia de causas judiciales de la Argentina que involucrarían a Hugo Moyano y su familia? A través de artículos periodísticos, que no identifica. La lectura del requerimiento deja en claro que el blanco no son sólo los Moyano sino también el gobierno nacional. Los titulares de la cuenta son Ricardo Rubén Depresbíteris y Elvira Mete, propietario y accionista de la empresa recolectora de residuos Covelia, cuyo “crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano” (sic). Los no especificados artículos de prensa indicarían que Depresbíteris “estaría muy unido” al secretario general de la CGT y a su hijo Pablo, “secretario general de la Unión de los Camioneros” a la que el escrito menciona con la sigla APE (sic). Unión es una mala traducción por sindicato, pero APE no es el Sindicato ni la Federación de Camioneros sino la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud, que distribuye entre las distintas obras sociales los recursos del sistema, para tratamientos de alta complejidad. Los contratos públicos de Covelia serían “resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción”, dice la fiscal suiza. Agrega que otro depósito en esa cuenta “podría proceder” de Luis María Corsiglia, a quien menciona como “actual director del Banco Central”. El viernes, Corsiglia desmintió haber realizado esa transferencia. Pero aunque no fuera así, el depósito que menciona el endeble escrito suizo se produjo en 2004, cuando sólo era un empresario privado. Recién al año siguiente este ex presidente de la Caja de Valores, hijo, nieto y bisnieto de agentes de bolsa, fue designado para una función pública, que concluyó en 2007. La fiscal también confunde director con presidente, ya que dice que Corsiglia fue designado “a la cabeza del Banco Central” por Néstor Kirchner, “aliado próximo de Hugo Moyano”. Con este encadenamiento de imprecisiones, falsedades y diretes llega por carácter transitivo al gobierno nacional. La cuenta fue bloqueada el 24 de enero cuando había en ella 1,87 millones de dólares, “cuyo origen podría estar en relación con actos de blanqueo de dinero vinculados a la supuesta corrupción”. También afirma que “el entorno familiar próximo de Hugo y de Pablo Moyano, así como de Ricardo Rubén Depresbíteris, sería también desfavorablemente conocido debido a actos violentos, tales como robo con uso de armas”. El requerimiento sugiere que Covelia podría recibir fondos de “una organización criminal activa en el tráfico de medicamentos falsificados” y menciona una supuesta investigación sobre la esposa y otros familiares de Hugo Moyano por malversación de caudales de los camioneros.

Bravatas

La larga jornada del viernes culminó con la conferencia de prensa en la que Moyano pidió el levantamiento de las medidas anunciadas el día anterior por el dirigente de Camioneros Eduardo Altamirano, quien además de un paro de actividades y una concentración en la Plaza de Mayo había advertido que habría trabajadores frente a la puerta de los medios que publicaran “falsas denuncias”, para “pedirles pruebas y a exigir que salgan a decir que se equivocaron”. Es tan extravagante esta amenaza como la pretensión opositora de que pueden cargarse en la cuenta del gobierno. Antes, Moyano se había reunido con el ministro de Planificación, Julio De Vido, había saludado por teléfono a la presidente CFK y preparado un documento en el que advertía contra un intento por “destruir la alianza estratégica entre el gobierno y los trabajadores”. Ese texto, que no representa a la CGT sino a la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, responsabiliza a “quienes fueron cómplices de las dictaduras, de las violaciones más aberrantes de los derechos humanos, socios de los que enajenaron el patrimonio nacional y partícipes necesarios del neoliberalismo que destruyó conquistas laborales y derechos sociales”. También aclaró que no se trataba de un enfrentamiento con la Justicia argentina ni suiza. Luego de una extensa referencia al Grupo Clarín y a grandes empresas como Techint, Cargill, Nidera, Bunge, Dreyfus, Monsanto, el texto concluye que “la movilización de los trabajadores es por la defensa del modelo nacional, popular y democrático y por la dignidad de nuestros dirigentes. Que nadie se ilusione ni con el debilitamiento del gobierno ni con la deslealtad de los trabajadores”. Moyano lo usó como guía para la conferencia de prensa, en la que prefirió una forma de comunicación más directa. Fustigó con nombre y apellido al ex senador Duhalde (dijo que él y Menem le habían puesto droga en su despacho para incriminarlo), con alusiones al diputado De Narváez, la diputada Carrió y la ex ministra Ocaña e ignoró al radicalismo. Y por medio de varios dirigentes de su confianza explicitó el apoyo al modelo de producción y empleo iniciado en 2003 (Juan Carlos Schmidt) y a la reelección de la presidente CFK (Omar Viviani y Julio Piumato). También dijo que el sindicalismo aspiraba al poder. Dos semanas antes, Moyano le había sugerido a Cristina el nombre del abogado Héctor Recalde como posible candidato a vicepresidente. Ella sonrió y le dijo: “Hugo, todavía no sé si yo voy a ser candidata, y vos querés que me ponga a pensar en la vicepresidencia”. Un elegante título de tapa de Clarín convirtió este diálogo en una presión sindical sobre Cristina “para poner el vice” y calificó el acto del 1 de mayo en la Avenida 9 de julio como una demostración de fuerza en respaldo de ese objetivo. “Sería un honor, pero ella debe elegir quién la acompañará”, se limitó a comentar entonces Recalde, sin imaginar que pocas horas después aumentaría varios grados la presión para enfrentar al gobierno con los sindicatos y sería bienvenida su intervención para desescalar un conflicto sin destino. La agenda pendiente incluye el destino de la APE, el pago de parte de la gigantesca deuda acumulada en esa cuenta, la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y las listas de candidatos del Frente para la Victoria en todo el país.