La solicitud suiza fue recibida por el Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Cancillería, Diego Martín Solernó, quien detectó que no se cumplieron los requisitos que fija el tratado de cooperación y los reclamó a Suiza. Pese a ello, envió el requerimiento a la Justicia, y ni siquiera avisó a las autoridades de su ministerio. Algo similar hizo la agencia de noticias de la Corte Suprema de Justicia, CIJ. El texto de la fiscal Bino dice que el Ministerio Público helvético abrió una causa “contra personas desconocidas por blanqueo de dinero”. La directora del CIJ, María Bourdin, tituló el jueves que se investigaba a los Moyano, padre e hijo, información que de inmediato fue levantada por el portal de noticias de Daniel Hadad, Infobae. Si algún delito real estuviera en investigación, esa nota del CIJ la habría obstaculizado, al hacerla pública en forma prematura. Pero es ostensible que sólo se buscaba el impacto mediático. El viernes, el fiscal Jorge Di Lello dictaminó que el juez federal Norberto Oyarbide podía responder siempre que Suiza adjuntara la información solicitada por la Cancillería argentina. Es decir, no todavía. Sin embargo, Bourdin tituló la información del CIJ en forma opuesta: “El fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano”. De inmediato esa información fue reproducida por los portales de Infobae y de Clarín. Bourdin trabajó para ambos medios, en el caso de Hadad aún después de su designación en el portal creado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Fue Lorenzetti quien ordenó a Bourdin que dejara de aparecer en los programas de la señal C5N después de recibir reclamos de otros periodistas que lo consideraban una competencia desleal. Sin explicaciones, pocos minutos después la información falsa sobre el fiscal Di Lello desapareció de la agencia de noticias judicial y fue reemplazada por la información del primer día y así seguía ayer. Cuando Oyarbide siguió el criterio de Di Lello y reclamó a Suiza la información faltante, el CIJ no se dio por enterado. Tampoco informó el viernes sobre el procesamiento dictado en Mendoza por el juez Walter Bento contra los camaristas Luis Miret (destituido hace una semana por el Consejo de la Magistratura), Otilio Romano y Guillermo Max Petra Recabarren, como partícipes en delitos de lesa humanidad. El de esta semana no es el primer incendio generado por Bourdin, que Lorenzetti debió apagar antes de que se propagara. El 10 de mayo pasado, Bourdin llamó “madre adoptiva” de un nieto recuperado a una mujer que había sido procesada como apropiadora. También en ese caso, la información fue modificada minutos después. El portal no omite en texto y video ni un suspiro del jefe de la oposición en la Justicia, Ricardo Recondo, integrante del lobby militar-judicial que en la década del 80 se formó para frenar el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Bourdin es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe y tiene un máster en periodismo otorgado por el Grupo Clarín. Según su biografía oficial, realizó cursos de perfeccionamiento en el CATO Institute y en el Institute for Humane Studies, fue columnista de la Asociación Interamericana de Prensa Económica, AIPEnet, y del diario español Libertad Digital, todos ellos institutos y medios de la ultraderecha liberal. El CATO Institute auspicia el viaje que el mes próximo hará Mario Vargas Llosa a Buenos Aires, en su cruzada contra el populismo latinoamericano. También el subdirector del CIJ, Pablo Méndez, el subeditor, Sebastián El Chapo Aguirre y la redactora Lucía Villalbi provienen de la escudería Hadad. Méndez tiene una maestría en periodismo otorgada por La Nación. Una estimable iniciativa de difusión se ha convertido así en un arma que se utiliza contra el gobierno nacional y sus políticas con el mismo desparpajo que los medios privados, con los cuales coordina las respectivas coberturas.