La ministra de Seguridad, Nilda Garré, dio un nuevo paso en la renovación de la Policía Federal y en las estrategias contra el delito en el distrito porteño: ayer dispuso el cambio de jefes en 48 de las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. En esa renovación, habrá 36 seccionales con jefes nuevos, 12 con titulares que provienen de otras comisarías y sólo cinco que se quedan donde están. Garré hace así una fuerte demostración de que continuarán como jefes sólo los que mantengan bajos los índices de delitos en su zona y se muestren activos con procedimientos para esclarecer casos, prevenir hechos y realizar las detenciones que correspondan. Los que no respondan a esos parámetros o se los vincule con fuentes de recaudación ilegal serán desplazados. El mensaje es que no hay autogobierno de ninguna fuerza federal, sino que la conducción la ejerce el Poder Ejecutivo. Uno de los jefes designados, en la comisaría 42ª, presentó ayer mismo la renuncia porque, según parece, no se consideraba en condiciones de responder a las nuevas exigencias. En las próximas semanas, el Ministerio de Seguridad completará la renovación con otra iniciativa de máxima importancia: el fortalecimiento de los foros de seguridad ciudadana que, de hecho, serán un fuerte control sobre las comisarías.

La cartera de Garré viene estudiando los legajos de todos los comisarios desde hace tres meses y realizó inspecciones, algunas sorpresivas, en las seccionales. La decisión de hacer un recambio total ya estaba tomada en diciembre y el tiempo transcurrido tiene que ver con esa evaluación, nombre por nombre. La renovación de la Federal empezó de arriba, con el jefe y el subjefe de la fuerza: salieron Néstor Vallecas y Jorge Oriolo y en su lugar fueron designados Enrique Capdevilla y Alejandro Di Nizo. El siguiente paso fue el cambio de los superintendentes, hombres clave de la fuerza, ya que están a cargo, por ejemplo, de Seguridad Metropolitana, es decir de todas las comisarías; Investigaciones, Delitos Complejos, Asuntos Internos, Científica, Instrucción y varias otras. Pero la ministra no sólo produjo los cambios sino que dejó en claro que incluso los nuevos serán desplazados en caso de anomalías: en los últimos meses ya fueron relevados dos superintendentes, el de Seguridad Metropolitana y el de Asuntos Internos.

Ahora llegó el turno de los jefes de las comisarías, los que están realmente a cargo de la seguridad en las calles. El objetivo de fondo es el mismo: ubicar a cuadros relativamente nuevos en puestos de mayor responsabilidad, pero también dejarles en claro que si no mantienen bajos los índices de delito y si no realizan procedimientos, serán seguramente desplazados. También una razón para el recambio es romper con los acuerdos de recaudación ilegal que, por lo general, traban los titulares de seccionales que llevan mucho tiempo en el mismo puesto.

Cuando hace un mes estaba muy avanzado el proceso de selección de los nuevos jefes, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó el allanamiento de 50 boliches y prostíbulos para avanzar contra el delito de trata de personas. La magistrada acordó con Garré que los procedimientos los realizarían la Gendarmería y la Prefectura, justamente porque se investigaba también la cobertura, a cambio de dinero, que las seccionales de Recoleta y Bajo Flores les daban a esos locales. Como resultado de aquellos allanamientos, 120 policías terminaron investigados por la Justicia, por lo que hubo que rehacer la lista de jefes para las comisarías de esas zonas y las seccionales aledañas.

También alteró la nómina final la decisión de Garré de desplazar, hace una semana, a los jefes de la comisaría 44ª ante las sospechas de connivencia con la hinchada de Vélez Sársfield, a raíz de la muerte del hincha de San Lorenzo Ramón Aramayo.

Según trascendió, en estos meses se hicieron inspecciones a las comisarías en las que se fueron evaluando los niveles de eficiencia, cantidad de personal en la calle y en la propia seccional, patrulleros inactivos y otras evidencias de rendimiento. Junto a ese trabajo se viene preparando el lanzamiento público de los foros ciudadanos de seguridad, pero en toda la previa de ese lanzamiento ya se recogieron comentarios y opiniones de los vecinos sobre la actuación de cada comisaría y el servicio de seguridad en cada zona. No es casualidad que Garré haya mantenido en sus puestos a sólo cinco comisarios, Mario Morales, del microcentro; Jorge Durán, de Balvanera; Daniel Kelly, de Almagro; Angel Medina, de la Boca y Fernando Lucero, de Nueva Pompeya y Parque Patricios. Esto indica que la evaluación realizada en esas cinco seccionales, más la opinión de los vecinos, indicaron que debían ser los únicos en retener sus puestos.

Hubo otros doce casos en los que las evaluaciones no fueron malas, pero la ministra resolvió que asuman la responsabilidad en otras zonas, algunas de mayor envergadura y otras de menor importancia.

En el Ministerio de Seguridad igualmente hicieron un trabajo en base al mapa del delito que existe hasta ahora. En algunas zonas quedó expuesta una reiteración de patrones de delito. Eso resultó un parámetro decisivo para la remoción de varios jefes. Asimismo hubo dos comisarías con más de diez denuncias de apremios ilegales. También esos jefes dejaron ayer sus cargos. En las próximas semanas se hará el anuncio de los nuevos subjefes de las comisarías y, en ese momento, podrían ser pasados a disponibilidad varios comisarios, mientras que otros de los que dejaron sus cargos ayer tendrán nuevos destinos, aunque ya no en seccionales.

Los nuevos comisarios tienen una primera consigna: disponer que haya más efectivos en la calle y cada vez menos dentro de la propia seccional. Hace pocos días, el Ministerio de Seguridad –al presentar los nuevos patrulleros– anunció un incentivo de mil pesos mensuales para todo el personal que esté en la calle. A esto se suma que Garré dispuso que las tareas no policiales de cada seccional –sobre todo de mantenimiento, mecánicos y algunos administrativos– queden a cargo de personal que no tenga estado policial, mientras que a los policías que estaban en esas tareas se les asignarán papeles directamente relacionados con seguridad. La decisión de que la Federal no confeccione más los pasaportes ni las cédulas también tuvo como objetivo destinar personal a seguridad.

Así como a nivel nacional Garré sostuvo el martes en el Consejo de Seguridad Interior que es imperioso actualizar y precisar el mapa del delito, en el distrito porteño se está trabajando en lo mismo: establecer datos reales, zona por zona, de cada uno de los delitos. Y en ese terreno estará una de las evaluaciones primordiales: bajar los índices. También se tomará como base de exigencia la cantidad de horas-hombre en la calle, de patrullajes, esclarecimiento de hechos y procedimientos preventivos.

En las próximas semanas se anunciará el esquema de participación de los foros de seguridad. El trabajo está a cargo de Marta Arriola, quien estuvo encargada de ese área durante la gestión bonaerense de León Arslanian. Arriola tiene una vasta experiencia, ya aportó datos para el actual recambio –opiniones de los vecinos– y los foros jugarán un papel decisivo en el control del trabajo policial en el próximo período. La idea de ninguna manera consiste en que los integrantes de un foro se conviertan en policías sino que verifiquen cómo está funcionando la policía y cómo se tratan las denuncias de los ciudadanos.