El juez federal Ariel Lijo elevó ayer a juicio oral la causa por irregularidades en la investigación del caso AMIA. La imputación central es que se armaron pistas falsas, hubo detención y aprietes ilegales y se pagaron 400 mil dólares al imputado Carlos Telleldín para volcar la responsabilidad hacia policías bonaerenses que, según sostuvo el Tribunal Oral y refuerza ahora el juez Lijo, los investigadores sabían que no eran responsables. Los imputados son el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, otros jefes de la central de espías, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el propio Telleldín, su esposa y su abogado de entonces, Víctor Stinfale. Tras la firma del juez de la elevación a juicio, corresponde el sorteo del Tribunal Oral. La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares y amigos de las víctimas, pidió presenciar el sorteo y que se haga por el sistema del bolillero, no de manera electrónica.

Lo más probable es que la Cámara de Casación cite a todas las partes para que presencien el sorteo la semana que viene. Una vez designado el Tribunal Oral es muy probable que todo el proceso se dilate porque hay otra causa por pistas falsas e irregularidades: en ella están imputados el ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, el ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Jorge “El Fino” Palacios y, nuevamente, el juez y los fiscales. Conceptualmente, se trata de lo mismo: maniobras a favor de los acusados, allanamientos que no se hicieron, escuchas telefónicas interrumpidas. Este último expediente se refiere a una investigación sobre un ciudadano argentino de origen siriolibanés: Alberto Kanoore Edul. Según Lijo, toda la pesquisa se detuvo y se empantanó después de una visita del padre de Kanoore Edul a la Casa Rosada. Como ambos expedientes tienen mucho en común, es casi seguro que el Tribunal Oral sorteado quiera hacer un solo juicio. Por ello, es posible que las actuaciones se demoren hasta el primer semestre del año próximo.

La causa elevada a juicio ayer se inició seis años después del atentado contra la mutual judía, en 2000, y a raíz de la declaración de Claudio Lifschitz, secretario del juez Galeano. Lifschitz contó que el magistrado resolvió ir firmemente contra los policías bonaerenses después de un diálogo que mantuvo en la Casa Rosada con el entonces ministro del Interior, Carlos Corach. Poco tiempo después del ataque empezó a quedar clara la relación entre el armador de autos truchos Telleldín y los uniformados de la Bonaerense. Página/12 develó entonces que los policías le cobraban a Telleldín por permitirle tener vehículos con partes robadas y en varios diálogos con este diario, El Enano, como le decían a Telleldín, sugirió que le había entregado a sus amigos de uniforme la camioneta que siete días más tarde estalló en la AMIA. Hasta ese momento, Telleldín había declarado judicialmente que vendió la Trafic a una persona con acento centroamericano, que dijo llamarse Ramón Martínez. Lo que sostiene Lijo en su acusación es que el juez supo que los policías bonaerenses no se llevaron la camioneta y no fueron ellos los que se lo entregaron a los supuestos terroristas, pero aún así orientó sus cañones hacia esa pista para tener culpables. También el Tribunal Oral sostuvo que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

La base de la acusación es que Galeano le pagó 400 mil dólares a Telleldín para acusar a los policías, incluso marcándole las fotos que debía identificar, como surge de un video en el que aparecieron casi negociando el juez y el imputado. También el magistrado presionó a otras dos personas, Miriam Salinas y Gustavo Semorile, amenazándolos con detenerlos por otros delitos, si no declaraban contra los policías bonaerenses. Es decir que entrará en juego la figura de la privación ilegal de la libertad y la coacción.

Antes de realizarse el juicio, Casación debe definir varios recursos: tres presentados por Galeano y dos por los fiscales. Galeano considera que ya fue juzgado por el pago a Telleldín y absuelto, pero Lijo –y las organizaciones de familiares– afirman que los elementos de aquella causa fueron falsos: después aparecieron, por ejemplo, dos videos que resultan elocuentes.

Las dos organizaciones de familiares, Memoria Activa y Familiares de las Víctimas de la AMIA, manifestaron anoche su satisfacción por lo resuelto por Lijo. “Nos parece bien. Hace años que luchamos para que los imputados por encubrimiento sean llevados a juicio oral”, razonó Adriana Reisfeld, titular de Memoria. “Es lo que estábamos esperando. La instrucción ya estaba agotada”, completó Luis Czyzewski, de Familiares.