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En términos jurídicos e institucionales, un pueblo comienza su recorrido histórico desde una estación de partida que es Constitución: ese camino los argentinos lo comenzamos a transitar en 1853, año en que se sancionó nuestra ley suprema. No obstante, un siglo y medio no es demasiado tiempo, sí es suficiente para valorar el funcionamiento de un sistema de gobierno y preguntarse si se adecua o no a la realidad política que debe regular. Concretamente, nos referimos al sistema presidencialista instaurado en la Argentina. En tal sentido, nos formulamos una pregunta básica que por obvia parece olvidada: ¿cómo ha funcionado el presidencialismo en nuestro país? La respuesta que nosotros ensayamos es que el presidencialismo no ha funcionado en la Argentina.

Veamos: durante el siglo XX sólo cinco de todos los presidentes que fueron elegidos mediante el sufragio consiguieron culminar íntegramente el período previsto por la Constitución: Hipólito Yrigoyen (primer mandato), Marcelo T. de Alvear, Agustín P. Justo, Juan Domingo Perón (primer mandato) y Carlos Menem. De los dos presidentes constitucionales del siglo XXI (el tercero aun está en funciones) sólo uno cumplió su mandato: Néstor Kirchner.

Es importante recordar que cada una de aquellas interrupciones presidenciales estuvo seguida de fenomenales crisis políticas, sociales y económicas. Evidentemente, el presidencialismo argentino no ha aportado ni aporta precisamente gobernabilidad y estabilidad al sistema político. Bien padecimos distintas generaciones de argentinos las consecuencias de esta afirmación.

Ahora bien, ¿estamos condenados al presidencialismo? ¿Por qué insistimos con un sistema que ha dado muestras multicolores de su ineficacia? ¿Hasta dónde es racional un sistema que concentra las funciones del jefe de Gobierno y del jefe de Estado en una misma persona, de modo que su reemplazo –más allá del procedimiento previsto para tal caso– implique siempre una crisis institucional?

Pues el parlamentarismo aporta otra racionalidad al sistema de gobierno; con el parlamentarismo, sin duda, los argentinos nos hubiésemos ahorrado enormes costos de gobernabilidad, de estabilidad y prestigio institucional. Ninguna de las interrupciones presidenciales hubiese tenido lugar de modo traumático en un gobierno parlamentario. Se hubiesen reducido a meros cambios políticos o crisis pasajeras. Reflexionemos sobre este asunto y recuperemos la importancia de revisar periódicamente la Constitución para –de ser necesario– aggiornarla a los valores e ideas compartidos contemporáneamente y, en consecuencia, adecuarla a las necesidades y desafíos del mundo actual.

* Profesor de Derecho Constitucional (UBA).