Los familiares de las víctimas de la AMIA reclamaron en el acto de ayer –y también el domingo en el acto de Memoria Activa– que se avance en el esclarecimiento del atentado y de las maniobras que sembraron pistas falsas. Nada es fácil a 17 años del ataque, pero hay varios procesos simultáneos en marcha.

Los iraníes

El gobierno de Teherán emitió un comunicado oficial sosteniendo que está dispuesto a colaborar en la investigación. No es la primera vez que lo hace y lo cierto es que nunca respondió en forma concreta, ni siquiera ante alguna propuesta esbozada en su momento de realizar un juicio en un tercer país, al estilo de lo que ocurrió en el caso del atentado contra el avión de Pan Am que cayó en Lockerbie, Escocia. La Presidenta insistió con esta idea en su último discurso ante las Naciones Unidas e Irán contestó con cierta dureza. El fiscal Alberto Nisman protagonizó largas negociaciones con los funcionarios iraníes en varias reuniones convocadas por Interpol, pero en el momento de las decisiones concretas, nunca aceptaron ni propusieron nada. No será fácil que esta vez las cosas sean diferentes. Irán sostiene que no tiene nada que ver con el atentado, que las pruebas fueron armadas por la SIDE, la CIA y el Mossad, que algunas evidencias son ridículas y que en la única oportunidad en que las pruebas fueron presentadas a la Justicia, en Londres, el ex embajador Hadi Soleimanpour no sólo fue absuelto, sino que los jueces ingleses decidieron que debía cobrar una indemnización por las semanas que estuvo detenido. Nisman afirma que aquellas pruebas eran las reunidas por el ex juez Juan José Galeano y que hoy en día la evidencia es más contundente. Parece imposible que Irán entregue a algunos de los requeridos por la Justicia argentina, como por ejemplo el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, una de las máximas figuras de la oposición moderada al presidente Mahmoud Ahmadinejad. Tampoco entregaría al ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, o al ex ministro de Inteligencia y Seguridad Alí Fallahyan. Todo lo que Irán ofreció hasta el momento es hacer un juicio en Teherán, algo inaceptable para la Justicia argentina. Lo que cambió, sin embargo, es la situación de Irán en América latina. Por presión del gobierno argentino, Bolivia terminó echando a Vahidi. En Brasil, Dilma Roussef se distanció de Teherán, con una postura muy diferente a la de Lula. Sólo quedaría el vínculo de Irán con Venezuela, pero también allí saben que Argentina y el Mercosur tienen su incidencia en Hugo Chávez. Tal vez por eso llegó el momento en que Irán necesite solucionar el caso AMIA. La única alternativa que aparece en el horizonte es la idea del juicio en un tercer país. Muy improbable, pero no se puede descartar.

Telleldín y la conexión local

Los familiares de las víctimas sostienen que nunca se averiguó sobre los que fueron cómplices en la Argentina del atentado. El fiscal Alberto Nisman sostiene que el ataque fue perpetrado por un suicida libanés, Ibrahim Berro, de la organización Hezbolá. Sin embargo, la titular de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, afirma que no hay nada esclarecido. Por ejemplo, no sabe cómo ni con qué nombre supuestamente entró al país, de dónde salieron los explosivos, dónde se armó la camioneta, cómo llegó la Trafic de manos de Telleldín a manos de los terroristas, quién más colaboró con el ataque. “Es indudable que hubo mano de obra local, gente que vivió y tal vez sigue viviendo en el país”, sostuvo Reisfeld. Nisman afirma que el atentado fue coordinado desde un celular de la Triple Frontera a nombre de un tal André Marques. El fiscal sostiene que esa coordinación estuvo a cargo de un colombiano convertido al Islam, Samuel El Reda, vinculado con el agregado cultural de Irán en la Argentina, Moshen Rabbani. En cualquier caso, lo más cercano es que habrá un nuevo juicio contra Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que diez días antes del atentado tenía en su poder la Trafic que estalló en la AMIA. El juicio oral se hará el año próximo y la acusación será formalizada por Nisman y también las demás partes que actúan en el expediente: Memoria Activa, AMIA-DAIA y Familiares. No será nada fácil condenar a Telleldín, ya que habrá que demostrar que sabía que la camioneta se iba a usar para el ataque. Nisman trabajó sobre la forma en la que se escapó Telleldín aquellos días, viajando hacia Misiones, junto a la Triple Frontera. Hará foco también en sus llamadas telefónicas y, sobre todo, en la forma distinta que actuó en la venta de todos los vehículos truchos anteriores que tuvo en su poder y la camioneta del atentado. Telleldín ya estuvo diez años preso y tampoco será sencillo condenarlo a una nueva pena de cárcel. El Ena-no, como le dicen, afirma que tiene cumplido el equivalente a una cadena perpetua. Nisman, en cambio, sostiene que tiene bastante pena por cumplir en caso de ser encontrado culpable.

El Fino Palacios

El policía preferido de Mauricio Macri ya fue procesado por encubrimiento por el juez Ariel Lijo. Por eso, Sergio Burstein cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño. También la causa AMIA es lo que motivó las probadas operaciones de escuchas telefónicas perpetradas por Palacios contra Burstein. Se supone que en 2012 habrá un juicio oral por todas las maniobras que se hicieron en la investigación, incluyendo el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que acusara a los policías bonaerenses por el atentado. Serán juzgados principalmente los funcionarios del gobierno de Carlos Menem, además del ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el comisario Palacios, el abogado y la esposa de Telleldín. Este expediente está en el centro de las polémicas entre las autoridades de la comunidad judía y las agrupaciones de familiares, tanto Memoria Activa como Familiares. Es que la dirigencia sigue defendiendo en forma solapada a Beraja y a toda la trama de funcionarios menemistas y de la Justicia. El Tribunal Oral fue lapidario con todos ellos, consideró que la investigación fue “una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos”. Lijo ya elevó la causa a juicio oral y está sorteado el tribunal que lo va a llevar adelante.

Uno de los elementos que podría echar luz sobre el atentado es la realización de pruebas de ADN. Esto serviría, por ejemplo, para confirmar que hubo un suicida. El fiscal dice que fue Berro, pero los hermanos de Berro, que viven en Estados Unidos, lo niegan. El camino sería una extracción de sangre a los familiares de las 85 víctimas y luego realizar el entrecruzamiento con los restos que aún guarda la Justicia en varias bolsas. Es más, en uno de los pedales de la camioneta aparecieron restos también. El fiscal Nisman afirma que es imposible porque los restos no se preservaron como correspondía y los genetistas sostienen que los perfiles genéticos están degradados. Eso de por sí demuestra la debacle que fue la investigación del atentado.