La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por los accionistas privados de Papel Prensa y de ese modo dejó en pie una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que obliga a vender el papel para diario a un precio igualitario. Aquella disposición, de enero de 2010, decía –basándose en tratados internacionales– que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” como aquellos que generan condiciones desiguales de acceso al insumo básico de la producción gráfica. Aludía al hecho de que Clarín y La Nación pagaban por el papel un precio inferior al que se exigía a los medios gráficos más pequeños.

Aquella disposición fue cuestionada por Papel Prensa, en rigor por sus accionistas privados. En un comienzo, obtuvieron una medida cautelar para frenar su aplicación cuando el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli evaluó que era dudosa la competencia de la secretaría que conduce Guillermo Moreno para tomar una determinación sobre el precio del papel.

Unos meses después, otra jueza, Claudia Rodríguez Vidal, levantó la cautelar al tener en cuenta que para la Justicia comercial estaba bajo un signo de interrogación la validez de las decisiones del directorio de Papel Prensa tal como quedó conformado desde el 4 de noviembre de 2009. La Sala II de la Cámara del fuero Contencioso falló en el mismo sentido y Clarín y La Nación llegaron con un recurso de queja hasta la Corte Suprema.

El alto tribunal rechazó el reclamo con la firma de sus siete integrantes y un argumento meramente técnico volcado en dos párrafos: que la Corte no interviene cuando no está en juego una sentencia definitiva o una resolución que le sea equiparable. El efecto de esta afirmación, de todos modos, es que queda vigente la resolución que dispone el precio uniforme del papel para diario. Mientras tanto, es cierto, queda pendiente que la Justicia analice la cuestión de fondo, trámite que viene demorado.

La resolución de Moreno advertía que “la discrecionalidad en la fijación del precio opera como un mecanismo de exclusión de los pequeños productores gráficos y afecta nuevos emprendimientos”. “Las medianas y pequeñas compañías, que pagan por el papel precios no competitivos” –-advertía– se ven obligadas “a disminuir la cantidad de páginas que publican, y consecuentemente a disminuir también el caudal de información en contraposición a las garantías establecidas por la Ley Suprema de la Nación”. Establecía que debía “tomarse como base aquel precio que hubiera pagado en las operaciones habituales de compraventa el principal cliente de la vendedora”.

Pese a haber decidido continuar con la demanda, los accionistas mayoritarios de Papel Prensa comenzaron a acatar la venta a un precio igual para todo el mundo desde aproximadamente septiembre del año pasado, según explicó a este diario Beatriz Paglieri, representante del Estado en el directorio de la empresa.

La Corte, entretanto, tiene pendiente resolver un reclamo del Estado y de la Comisión Nacional de Valores, que cuestionan la constitución del directorio y reclaman la suspensión de sus decisiones del último año y ocho meses. El juez comercial Eduardo Malde había hecho lugar a una cautelar en ese sentido, que suspendía lo actuado en todo este tiempo y ordenaba la intervención de la empresa, pero la Cámara del fuero la revocó.