Con el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de adhesión argentina a la creación del Banco del Sur ya cumplió con todos los trámites previos para ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados y convertido en ley. De acuerdo con las especulaciones de ayer en el Congreso, esto podría ocurrir el próximo 7 de septiembre, ya que en principio no está previsto que haya sesión la semana próxima. Con media sanción ya obtenida en el Senado, la votación en Diputados convertiría a la Argentina en el cuarto país en darle ratificación parlamentaria al convenio de constitución de la entidad. Uruguay sería el quinto en pocas semanas más, lo cual habilitaría la puesta en marcha del Banco del Sur.

Han pasado siete años de su formulación inicial, por iniciativa de Venezuela y Ecuador. Y pasaron ya casi cuatro años desde que siete países firmaron el acta fundacional. La prolongación de los plazos tuvo que ver con situaciones políticas que fueron dilatando la aprobación de los gobiernos adherentes, hasta que la profundización de la crisis internacional puso delante del rostro de Latinoamérica la necesidad de buscar instrumentos autónomos para promover el desarrollo regional. De ser una herramienta promovida casi en soledad por el mandatario venezolano Hugo Chávez, hoy es un proyecto abrazado y promovido a voz en cuello por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tal como se lo escuchó en la reciente reunión de la Unasur en Lima.

Las circunstancias políticas, en lo estructural, son las mismas para la región que las de siete años atrás; lo que cambió es el contexto y la percepción de la relación posible entre Latinoamérica y los países centrales. También cambió el contenido del proyecto o, al menos, su instrumentación. Tal como se interpretaba su primer planteo, el Banco del Sur era el ariete que venía a romper el vínculo entre la región y los organismos tradicionales funcionales al sistema de dominación del capital internacional: el FMI, el Banco Mundial y el BID, principalmente. Hoy el proyecto abarca una mirada más amplia, que no resigna su objetivo de transformar la banca de de- sarrollo abandonando la lógica neoliberal del Consenso de Washington, pero contempla un marco de convivencia con organismos financieros existentes. A punto tal que incluye la posibilidad de que el BID o la Corporación Andina de Fomento participen como aportantes de fondos en el Banco del Sur.

¿Qué es hoy ser la banca de desarrollo de nuevo tipo, capaz de aportar a la construcción de un modelo alternativo de de- sarrollo? Desde la formulación de quienes promueven su creación, el Banco del Sur viene a romper la lógica de la dirección de los recursos Norte-Sur, es decir, fondos provenientes de los países centrales para promover un desarrollo en los países periféricos bajo un modelo (y orden de prioridades) también importado. La perspectiva de la nueva entidad es movilizar los recursos existentes en la región (financieros y naturales) “para generar una infraestructura que defina una plataforma de productividad del conjunto del continente”, según la definición de Pedro Páez, economista ecuatoriano que elaboró la propuesta de Nueva Arquitectura Financiera que luego adoptó la región.

El desarrollo de un anillo energético, a través de represas hidroeléctricas, gasoductos y oleoductos, tendido de líneas de transmisión eléctrica que interconecte a todos los países sería un ejemplo de ello. Los recursos naturales existen. Los recursos financieros lo aportarían los principales socios de la región (Venezuela, Argentina y Brasil) incluso en moneda local, ya que parte de la inversión se volcaría a la contratación de personal y compra de materiales y recursos a los mismos países aportantes.

Además de la energía, la soberanía alimentaria constituye otra de las cuestiones a atender por vía de los proyectos a financiar. La salud, el desarrollo de las artes y las ciencias, el transporte, son otras materias prioritarias previstas para el desarrollo en conjunto.

Esos desarrollos serán posibles una vez que el Banco del Sur se constituya, para lo cual todavía falta la aprobación parlamentaria en Argentina y Uruguay, que se sumarían en las próximas semanas a las ya acordadas por Ecuador, Venezuela y Bolivia. Faltan las definiciones parlamentarias de otros dos firmantes del acta fundacional: Brasil y Paraguay. Ambos gobiernos enfrentan resistencias internas, pero principalmente el primero, recién asumió una defensa política firme del proyecto en el último año, cuando la crisis hizo más evidente su impacto y la alternativa de salvarse solo se tornó visiblemente irreal. Otros cinco integrantes de la Unasur, entre ellos Colombia, respaldan la iniciativa pero, por ahora, desde afuera.

Por dificultades políticas o miopía, la puesta en marcha tardó más de lo recomendable. Ahora, sin embargo, está más cerca.