La presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó por primera vez la sede porteña de Coninagro, entidad rural que forma parte de la Mesa de Enlace. Fue un gesto político mutuo, a pocos días de las próximas elecciones presidenciales, que da cuenta de un cambio de época en la relación entre el Gobierno y por lo menos una parte del sector agropecuario. La mandataria escuchó en boca de Carlos Garetto, titular de la entidad, los proyectos de inversión que involucran a 42 cooperativas asociadas, entre los que se encuentran la producción de biocombustibles, iniciativa que demandaría un desembolso de 1250 millones de pesos. Fernández de Kirchner fue la primera en traer a la mesa la protesta que giró alrededor de las retenciones móviles al señalar que “es una etapa superada”. “En los próximos cuatro años no habrá sobresaltos”, les dijo a los ruralistas. Por su parte, Garetto planteó la necesidad de contar con un nuevo esquema de comercialización para el trigo y el maíz que fue bien recibido por la Presidenta, pero supeditado a que los productores blanqueen todo su stock.

Luego del voto no positivo de Julio Cobos, en junio de 2008, que puso fin al proyecto de retenciones móviles, el Gobierno fue reconstruyendo la relación con algunos dirigentes rurales. Básicamente, logró acercamientos puntuales con la Federación Agraria, presidida por Eduardo Buzzi, y Coninagro. Los otros dos nucleamientos que integran la Mesa de Enlace, Sociedad Rural y CRA, se mantuvieron al margen. Esta situación se observó durante enero y febrero, cuando el Ejecutivo acordó con las cooperativas vinculadas con FAA y Coninagro un mayor cupo de comercialización de trigo.

La de ayer fue una reunión con almuerzo incluido de tres horas y media, algo poco común para la cargada agenda de la Presidenta, en plena campaña electoral. Del encuentro participó la plana mayor de Coninagro, aproximadamente 14 dirigentes. Fernández de Kirchner supo jugar de local en un terreno que años atrás resultaba más que espinoso. “El Gobierno vino a destruir la cultura del trabajo en el campo y también a los pequeños productores”, había dicho Garetto el 29 de mayo de 2010.

Un año y medio después, el mismo dirigente reconoció en declaraciones a la prensa: “La Presidenta está comprometida en esta etapa para realmente consolidar hacia el futuro este crecimiento del sector agropuecuario, para que el bienestar llegue a todos los argentinos por igual”.

Coninagro nuclea aproximadamente a 49 cooperativas activas, que reúnen a 50.000 socios en todo el país. Durante el informe que le presentaron ayer a la mandataria, indicaron que por año comercializan aproximadamente 6000 millones de dólares, de los cuales el 50 por ciento sería producto de la exportación. Según los números que manejan en el Ministerio de Agricultura, representan aproximadamente el 15 por ciento del comercio de granos (en su mayoría trigo y maíz).

Sobre el sistema de comercialización de materias primas, Garetto planteó la necesidad de contar con un nuevo sistema de ventas, a partir de la eliminación de los permisos de exportación. Como contrapartida, el ruralista remarcó que sus asociados se comprometerían a “cuidar el mercado interno”. Los dirigentes agropecuarios sindican a Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, como la principal traba para la apertura de las exportaciones. Sobre este tema, la mandataria no dejó dudas al respecto al destacar la “honorabilidad” del funcionario y remarcar que su objetivo en el Gobierno es mantener los precios internos de los alimentos. Los problemas en la comercialización de granos son más complejos que un permiso de exportación. Si bien hay en estudio un nuevo sistema (ver aparte), el mismo está supeditado a que los productores blanqueen todo el stock existente.

Por ejemplo, el Gobierno ya tiene registradas 14 millones de toneladas de trigo, entre cupo de exportación y mercado interno. Sin embargo, existen otras cuatro millones de toneladas, acumuladas en silos y cosechadas en otras campañas, que todavía no fueron declaradas. De ese total, el Ejecutivo podría liberar para su exportación dos millones de toneladas.

“Es fundamental trabajar a partir del consenso de políticas”, sostuvo la mandataria, según relató a Página/12 uno de los comensales. La mandataria se mostró dispuesta a escuchar todos los reclamos sectoriales que surjan, aunque aclaró que el reclamo de un sector no puede avanzar por sobre otros. Sin decirlo explícitamente, sus palabras apuntaron hacia los reclamos de la Mesa de Enlace, entidad prácticamente desactivada.

“No se habló nada del tema retenciones”, señaló a este diario uno de los funcionarios presentes. Este dato, no menor, también da cuenta del cambio de época en la relación entre el Gobierno y las patronales rurales. Años atrás, los dirigentes de la Mesa de Enlace sólo aceptaban hablar con el Gobierno de una reducción de los derechos de exportación. “La situación de la 125 fue una etapa que ni al Gobierno ni al campo ni a los argentinos nos resultó beneficiosa”, resumió el titular de Coninagro, luego del encuentro.

Todos los asistentes coincidieron en destacar el buen clima del encuentro durante las tres horas y media de una charla “casi coloquial”, como lo definió un funcionario, donde también se habló del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 y las coincidencias en los objetivos planteados. “Fue un clima de respeto y profesionalismo. Entre todos pudimos hablar de los requerimientos del sector sin dejar de lado las necesidades del país”, concluyó a Página/12 Oscar Solís.

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