La Cámara Electoral recordó que votar es obligatorio. Así lo hizo al resolver el caso de un ciudadano que había pedido a la Justicia ser eximido con el argumento de que ser obligado a sufragar contradice la esencia de la libertad individual. El tribunal advirtió que “la obligatoriedad del sufragio” rige “desde la sanción de la ley 8871 –denominada Ley Sáenz Peña– en el año 1912”. Además del argumento de orden normativo, los jueces apuntaron que existe un interés del conjunto de la sociedad que debe ser cuidado. “Aun a costa de importar un mínimo sacrificio en el ámbito de autonomía individual, resulta legítima la pretensión de que intervengan –en principio– todos los ciudadanos –y no sólo una cantidad que, en función de las circunstancias, legitime un resultado electoral–, pues ello responde a un interés sustancial de la democracia.” En el dictamen Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, enfatizaron que no hay ninguna duda del carácter obligatorio que tiene el voto, ya que además de la Ley Sáenz Peña el tema está claramente fijado en el artículo 37 de la Constitución y en el Código Electoral. El pedido de eximición fue planteado por Juan Antonio Vázquez, quien argumentó que el voto obligatorio coarta su libertad individual y agregó la existencia de “tres tratados internacionales que no obligan a votar a los ciudadanos de los Estados”. Los jueces respondieron que la obligación contemplada en el derecho argentino no es lesiva de los derechos políticos tutelados en los tratados internacionales, en particular de la Convención Americana que “se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos (...) siempre y cuando dicha reglamentación (...) sea razonable de acuerdo con los principios de la democracia representativa”. Los camaristas recordaron el voto obligatorio está vinculado con “la necesidad de elevar el número de sufragantes”, ya que “si la participación en el proceso electoral cayera a niveles sumamente bajos, el sistema democrático en su conjunto se debilitaría”. Argumentaron, finalmente, que la obligatoriedad ha demostrado ser eficaz para aumentar las tasas de participación y que en la mayoría de los países latinoamericanos no hay voto optativo.