El juez de instrucción Luis Rodríguez le dio quince días de plazo a la Secretaría de Inteligencia (SI) para que informe las comunicaciones telefónicas que mantuvieron tres jueces de la Cámara de Casación Penal desde el día del asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, hasta el 1º de marzo de este año. La medida tiene el objetivo de corroborar si los magistrados fueron parte de una trama de presuntos sobornos que habría tenido como finalidad conseguir la libertad de los primeros siete detenidos de la patota de la Unión Ferroviara (UF) acusada del homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) y evitar así que la investigación llegara hasta el titular del gremio, José Pedraza. Entretanto, un abogado –hermano de uno de los imputados– se presentó para reclamar los 50 mil dólares incautados de la supuesta coima.

Los jueces de Casación investigados son Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo. Aparecen mencionados en escuchas telefónicas de la investigación original del homicidio que generaron otra causa por cohecho. Uno de los escuchados era el propio Pedraza, quien –según las transcripciones– se comunicaba asiduamente con un lo-bbista, Juan José Riquelme, conocido hace años en los pasillos de tribunales, que además era agente de inteligencia. Riquelme lo ponía al tanto de sus supuestas tratativas para liberar a los matones del gremio, que tenían procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen, de modo que el siguiente escalón para sus apelaciones era la Casación.

El fiscal Sandro Abraldes pidió en mayo las indagatorias y detenciones de Pedraza (ya preso por el homicidio), Riquelme y otras personas: el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid –ex secretario de Riggi en Casación por más de una década–, el contador de la UF y número dos de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, y el empleado del tribunal de Casación Luis Ame-ghino Escobar (h), a quien llaman en las grabaciones “el señor de las teclas”, porque debía hacer el sorteo informático que asignaría la causa a determinados jueces. Riquelme, en los diálogos de la causa, se jacta de tener encuentros con “el doctor Eduardo” –que sería Riggi– y de frecuentar a Mitchell. La relación con González Pala-

zzo la habría manejado Aráoz de Lamadrid, que se decía su amigo, de acuerdo con las transcripciones a las que accedió este diario. Para verificar si existieron esos u otros contactos se dispuso el cruce de llamadas el martes último.

Según Abraldes, el objetivo era triple: conseguir que la Casación no tratara el caso durante la feria y lo postergara; que la sala designada (en teoría manipulando el sorteo) para revisar los procesamientos fuera la tercera, que integrarían Riggi y Mitchell, y, por último, comprar las voluntades de los jueces. Por lo menos los primeros dos puntos se habrían cumplido, pero hay dudas sobre hasta dónde llegó el tercero. Stafforini aparecía hablando del dinero con Pedraza: que “50” era poco (50 mil) y que “75” era el piso. Pedraza, dudoso, pregunta si eran pesos o dólares. Riquelme le deja un mensaje desesperado: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”. Así figura en el expediente.

La fiscalía detectó el momento en que Stafforini habría llevado 50 mil dólares al estudio de Aráoz, a quien llaman el “chico de la calle Viamonte”. El fiscal de entonces, Mariano Solessio, decidió allanar esas oficinas a las pocas horas y allí la policía incautó un sobre con 50 mil dólares. El juzgado determinaría después que Stafforini los habría retirado de una caja de seguridad en el Banco Galicia cercano a la UF.

Un hermano del abogado, Juan Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, se presentó esta semana en el juzgado y reclamó los 50 mil dólares. Dice que son de él, que es dueño del estudio. El imputado, Octavio Aráoz, hizo una presentación en respaldo del planteo, que parecería un manotazo de ahogado.

El juez Rodríguez aún no ordenó ninguna indagatoria. Todo indica que esperaría el resultado de los entrecruzamientos telefónicos que se harán entre los números fijos y celulares de los jueces con los de los imputados (Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Stafforini, Riquelme y Ameghino Escobar), además de analizar la ubicación de los celulares. Unas cuarenta líneas serán estudiadas por la Dirección de Observaciones Judiciales de la SI.