El senador Daniel Filmus presentará un pedido de declaración indagatoria contra el consultor preferido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, y contra dos empresarios vinculados con el asesor ecuatoriano. Es que los peritajes ordenados por la jueza María Servini de Cubría, junto con los hallazgos realizados en varios allanamientos, demostraron que las empresas relacionadas con Durán Barba realizaron una campaña sucia con una encuesta falsa en la que les preguntaban a los ciudadanos si sabían que el padre de Filmus era el principal contratista de Sergio Schoklender. Don Abraham Filmus no es arquitecto, como se mencionaba en la encuesta trucha, y nunca tuvo relación de ningún tipo con Schoklender. En uno de los allanamientos se encontró el original de la grabación de la encuesta falsa y los peritajes mostraron que las llamadas a los ciudadanos se hicieron desde los teléfonos de las empresas vinculadas con Durán Barba.

La jueza Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lello reunieron una cantidad abrumadora de pruebas contra Durán Barba y sus virtuales socios Rodrigo Lugones y José Guillermo Garat. Hay evidencias más que suficientes para demostrar que desde tres empresas de telemarketing –Tag Continental, Conectic y NSS– se cursaron las llamadas con la encuesta que, en realidad, era una maniobra difamatoria contra Filmus. El senador, con el patrocinio de León Arslanian, es el querellante en la causa y pedirá la indagatoria por un delito electoral: inducción con engaños. El artículo 140 del Código Electoral impone penas de hasta dos años a quien, “con engaños, indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.

De todas maneras, la investigación no se detiene sólo en la campaña sucia en sí misma. Todavía se trata de determinar si esa encuesta, realizada a centenares de miles de porteños durante la campaña electoral de Macri, fue pagada con fondos públicos. En los allanamientos que en ese momento concretó el juez Ariel Lijo, que subrogaba a Servini, se encontraron sobres de contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Connectic resultó adjudicataria de trabajos por 1.350.000 pesos sin que existieran otros oferentes en la licitación. Servini de Cubría trata de determinar si esos trabajos se hicieron o si los contratos fueron una especie de cobertura para pagar la campaña sucia. En este último caso, el delito dejará de ser sólo electoral para convertirse en penal-criminal. El vínculo entre Durán Barba y Lugones y Garat queda claro no sólo porque Lugones fue director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, sino también porque en los allanamientos se encontró un contrato de confidencialidad y no competencia firmado por los tres. También aparece Tag Continental haciendo encuestas en materia de seguridad –casi de tipo policial–, con nombre y apellido de quienes respondían a las preguntas y con informes posteriores entregados a la Policía Metropolitana. Esas encuestas se hicieron a pedido del Ministerio de Educación.

El modus operandi de las empresas también quedó evidenciado en los discos rígidos de las computadoras. El análisis realizado por los peritos convocados por Servini de Cubría muestra que se hicieron trabajos sucios contra un candidato mexicano, Miguel Angel Yunes Linares, con encuestas aún peores que las hechas en Buenos Aires. A los ciudadanos del estado de Veracruz se les hacía un sondeo telefónico en el que se les preguntaba si pesaba en su voto las evidencias del vínculo de Yunes Linares con la prostitución infantil o con el narcotráfico. También en las computadoras se encontraron los esbozos de una campaña contra Daniel Scioli.

Actualmente el expediente está en la Cámara Federal porque en la causa se presentó un hombre vinculado con los acusados y pidió varias nulidades. Sin embargo, el próximo paso será el pedido de Filmus de llamado a indagatoria, es decir como sospechosos, de Durán Barba, Lugones y Garat.

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