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La Corte Suprema podría fallar la semana próxima la legitimidad de los recortes salariales en el sector público que dispuso el gobierno de Fernando de la Rúa en mayo de 2000. Los supremos ya rechazaron medidas cautelares presentadas por este tema y avalaron, de ese modo, la continuidad de la rebaja, pero tienen pendiente analizar la cuestión de fondo. En otro orden, la redolarización de depósitos para el común de los ahorristas quedaría para después de las elecciones, según conversaron los ministros ayer en su reunión plenaria.
En relación con el viejo recorte de sueldos, el máximo tribunal analizará la constitucionalidad del decreto 430, que estableció recortes de un 12 por ciento en los sueldos superiores a los 1000 pesos y de un 15 por ciento para las remuneraciones de más de 6500. En aquella disposición el Gobierno señalaba que la propia Corte había avalado medidas similares en situaciones de emergencia económica y siempre que las quitas en cuestión fueran aplicadas de manera transitoria.
La Corte declaró tiempo atrás la inconstitucionalidad de la poda del 13 por ciento en jubilaciones y pensiones desde 500 pesos –dispuesta con una nueva poda de remuneraciones en julio de 2001–, pero no hay certezas de que repita en este caso el mismo criterio. Todo parece indicar que las opiniones están repartidas.
El próximo acuerdo de la Corte será el 3 de abril. Al margen de la cuestión de los salarios, difícilmente los jueces vuelvan sobre la demanda contra pesificación planteada por Mirta Beratz. En ese caso, una presentación del BankBoston señalando que la mujer había cobrado el total de sus 13 mil dólares acorralados, trabó la causa. No obstante, la mayoría de los ministros ahora prefiere evitar pronunciarse antes de las elecciones.