El líder del sindicato de trabajadores bancarios, Juan José Zanola, fue liberado ayer, tal como lo dispuso la Sala II de la Cámara Federal porteña. Después de pasar más de dos años en la cárcel de Ezeiza cumpliendo con la prisión preventiva dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por la presunta comercialización de medicamentos truchos, Zanola pagó los 700 mil pesos correspondientes a su fianza y salió de la cárcel junto a su mujer, Paula Aballay, y su colaboradora, Susana Fionna. A ellas se las investiga por haber sido partícipes necesarias de ese delito. Si bien ya no se encuentran en la cárcel, los procesamientos siguen firmes y la causa continúa hasta llegar al juicio oral. “No quiero volverme víctima de Oyarbide, pero aunque su ego se moleste, él es un instrumento. Acá hay otras manos andando”, afirmó Zanola, y agregó que iniciaron acciones legales contra el juez.

El abogado de Zanola, Martín Badalá, fue el encargado de depositar la suma en el Banco Ciudad, junto a los 300 mil pesos correspondientes a cada una de las fianzas de Aballay y Fionna. El financista Ibar Pérez Corradi –vinculado con la causa del triple crimen de General Rodríguez y detenido a pedido de Estados Unidos por narcotráfico– depositó los 100.000 pesos que Oyarbide estableció como caución y también pudo salir. A él se lo investiga por haber participado en el tráfico de medicamentos a partir del lavado de dinero. Quien continúa en la cárcel a pesar de haber sido también beneficiado por el fallo de la Cámara es el empresario Néstor Lorenzo, quien anunció por intermedio de su abogada, Claudia Balbín, que no está en condiciones de depositar los 700.000 pesos fijados ni ofrecer bienes inmuebles para materializar la excarcelación, por lo que apelará el monto. Lorenzo está procesado por haber suministrado remedios truchos a obras sociales sindicales desde su droguería, San Javier. Con esa medida, la Cámara revocó la orden de Oyarbide de prorrogar la prisión preventiva de los procesados, por considerar que las demoras en la causa se deben a su responsabilidad y no a la complejidad del caso.