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Uno de los grandes diarios de la Argentina, antaño rector de la opinión pública, se ha empeñado en impugnar la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y sus páginas rezuman día a día insólitas ocurrencias para descalificar la iniciativa. Aunque no soy precisamente un lector habitual de La Nación, siendo miembro del aludido Instituto no tengo más remedio que ver qué nos dicen. Tengo la impresión de que la antigua tribuna del mitrismo nos está haciendo un favor. Tal como en el caso de la llamada “crisis del campo” o en la cuestión de la ley de servicios audiovisuales, la alineación de los grupos de interés, los partidos y los opinólogos sirven de indicadores para clarificar el fondo de la cuestión. Los esfuerzos de este medio de prensa confirman que estamos en el buen camino.

Uno de sus articulistas, abogado, docente de la UBA, esgrime ahora nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica y sugiere la amenaza de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el horrendo atentado a la pluralidad del pensamiento que implica el decreto presidencial que creó el Instituto. No deja de ser interesante que desde la prensa argentina se abra el paraguas en prevención de que una nueva Inquisición vaya a someter al potro de torturas a Luis Alberto Romero o a Halperín Donghi para hacerles escribir “Viva la Mazorca” o algo por el estilo.

Esto significa que avanzamos en el terreno de los derechos humanos. A mí me tuvieron preso tres años, sin proceso legal, por órdenes de un coronel de triste memoria y del actual extraditado Baraldini, con la imputación, por ejemplo, de haber incluido en la bibliografía de mi materia de Historia un texto de Arturo Jauretche. Ahora sé que si hubiera alguna posibilidad de que se reeditaran esas prácticas tendría quien me defendiera en las columnas de La Nación.

Lo bueno de estos últimos años de gobierno democrático es que el discurso autoritario se torna inviable, y el recurso de los opositores es exigir más democracia. Ello ha llevado a que la derecha abra generosamente sus medios a las opiniones de izquierda, y en la lógica de la actual situación los avances realizados impulsan la demanda de más amplias conquistas. Así pasa con los derechos humanos, que hoy son reclamados hasta por los ex torturadores.

Pero espere un poco, le digo al abogado José Miguel Onaindia, que escribió aquella nota. Todavía no hemos supliciado a nadie, y los partidarios de la historia liberal, de la historia social y de la historia que-no-se-mete-en-honduras se han estado expresando profusamente y con toda libertad por los más diversos medios. Usted debería saber que para poder acudir a la Comisión Interamericana hace falta invocar una privación de derechos en concreto. Usted debería saber que la libertad de investigación que garantiza la Convención Americana requiere que exista un equilibrio en el sostén estatal de diversas instituciones dedicadas al estudio de la historia. Usted debería leer mejor el decreto que objeta y los instrumentos de creación de los demás institutos preexistentes en nuestro país. Si no fuera porque temo ofender su libertad de pensamiento, yo le recomendaría escribir menos y estudiar más.

* Historiador, miembro del Instituto Nacional Manuel Dorrego.