Tras la miniferia de Carnaval, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría sigue teniendo en sus manos la causa por la campaña sucia en las elecciones para la Jefatura de Gobierno porteña, donde la semana pasada hubo tres ausentes a indagatoria: Jaime Durán Barba, responsable del grupo de trabajos quirúrgicos, Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, los dos últimos socios y miembros del mismo grupo que trabajó al servicio de Mauricio Macri.

Una duda en el análisis judicial es en qué medida el grupo Durán Barba pudo haber intentado cometer o cometido delitos que violen la Ley 25.326, de Hábeas Data.

Este diario pudo saber que los investigadores judiciales tienen documentación en sus manos según la que las empresas del grupo elevaron propuestas tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer lo que llaman “microtargeting de gestión”. Se trataría de un modo de facilitar que el gobierno de Macri consiga información precisa y acumulativa sobre los ciudadanos del distrito.

Al Ministerio de Seguridad el grupo de tareas de Durán Barba le ofreció un trabajo de radiografía para los cuatro barrios de la comuna 12, que integran Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan.

La propuesta consiste en personalizar el trabajo sobre los vecinos, con nombre y apellido. Según confió un investigador que pidió reserva de su identidad, uno de los documentos incautados tiene archivos anexos en los que señala que hay 53 mil hogares y sugiere refinar el universo uno a uno para que los vecinos puedan ser agrupados y analizados.

El trabajo quirúrgico ya fue desplegado por el grupo Durán Barba. Una base de datos señala la identificación de los vecinos con apellido y nombre, dirección y número de teléfono. Según la información, uno de los grupos recibe el nombre de Datos Alto Riesgo. Otro grupo está integrado por 1619 personas. Se llama Datos Sensibles. El tercero está integrado por 2399 personas. El nombre es Datos Aliados Potenciales.

La Ley de Hábeas Data dice que “tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional”.

El párrafo de la Constitución aludido por la ley dice: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos”. Aclara la Constitución: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. La Ley de Hábeas Data también recoge esa prohibición: “En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas”.

La legislación utiliza la palabra “datos” y aporta definiciones. Datos Personales se refiere a “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”.

Datos Sensibles es un concepto que, en la ley, tiene relación con “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.

El artículo 5º de la ley dice que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”.

Tal como informó este diario el domingo 12 de febrero, una oferta de la empresa Connectic SRL hablaba de la utilidad de contratar sus servicios, que ella misma denominaba “quirúrgicos”, o sea vinculados con el mundo de las operaciones. En ese caso el servicio ofrecido era la identificación de vecinos y no sólo un trabajo de persuasión sobre ellos, sino la chance de convertir a una parte en dirigentes intermedios con llegada a sitios donde el contratante, suponía Connectic, no podía llegar.

Connectic es una de las empresas del grupo Durán Barba. Las otras son Tag Continental, Tag Continental LLC, Opinión Confidencial SRL y Call and Contact Center SRL.

Como también saben los lectores de Página/12, Durán Barba, Lugones, Garat y otros directivos firmaron un acuerdo de confidencialidad y no competencia para coordinar tareas que denominan de encuesta con tareas que denominan de call center.

En la campaña para la jefatura de Gobierno, el senador Daniel Filmus, candidato por el oficialismo nacional, se ofuscó cuando fue informado de que electores recibían una pregunta sobre qué opinarían si se confirmaba que el padre del senador, Salomón Filmus, era socio de Sergio Schoklender. La falsa pregunta presuponía que Filmus padre es arquitecto, dato tan erróneo como la existencia de una sociedad con Schoklender.

La ofuscación se transformó en denuncia judicial y la denuncia hizo que la Justicia federal requisara materiales en oficinas situadas en Libertad 1240, una de las sedes operativas del grupo Durán Barba. Entre los materiales se encontró audio y texto de preguntas falsas y afirmaciones apócrifas dirigidas a los electores porteños.

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