Mario Negri, Margarita Stolbizer y Rubén Giustiniani.

Diputados y senadores de la oposición cargaron ayer contra el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quienes les reclamaron su presencia en el Congreso para “dar explicaciones” por el accidente ferroviario en Once que provocó más de 600 heridos y 50 muertos. Además, los opositores exigieron la rescisión del contrato de concesión de TBA y criticaron la decisión del Poder Ejecutivo de constituirse como querellante particular en la causa que investiga la tragedia. Desde el Frente para la Victoria consideraron que por ahora “no es momento de discutir cuestiones parlamentarias” y que si, una vez iniciadas las sesiones ordinarias, el Congreso resuelve citar a Schiavi, el secretario de Transporte asistirá al Parlamento “como cualquier otro funcionario”.

Sin demasiada articulación, la oposición coincidió en responsabilizar al Poder Ejecutivo por el accidente, pero se dividió entre pedidos de renuncia, juicio político, interpelaciones y la quita de la concesión. El diputado radical Mario Negri solicitó al Ejecutivo un informe para conocer las medidas adoptadas “para asegurar el adecuado mantenimiento del material rodante” del ex Ferrocarril Sarmiento. Y apoyados en un estudio realizado por la Auditoría General de la Nación que preside su correligionario Leandro Despouy, los radicales solicitaron conocer “qué sanciones se han aplicado al concesionario” ante los incumplimientos detectados por la AGN.

En el Senado, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, denunció la “connivencia” entre funcionarios y la empresa concesionaria, y su compañero de bancada Gerardo Morales reclamó personalmente en los Tribunales de Comodoro Py un allanamiento en la Secretaría de Transporte y en la CNRT para que “no desaparezcan las pruebas”. Posteriormente, Morales se dirigió con un escribano a la CNRT para pedir un informe de sus actuaciones en el control de TBA.

“En numerosas oportunidades he insistido acerca del perverso funcionamiento del sistema de servicios públicos concesionados que desde la década del ’90 mantiene una connivencia entre funcionarios y empresarios, donde los perjudicados son siempre los usuarios”, sostuvo el senador socialista Rubén Giustiniani, quien –junto a los senadores Samuel Cabanchik, Jaime Linares, María Eugenia Estenssoro y Oscar Castillo– solicitó la interpelación a De Vido y Schiavi.

Sin esperar ninguna explicación, la diputada del GEN Margarita Stolbizer sostuvo que el secretario de Transporte “tiene que irse”. “Ya no tiene margen para demandar, ni de hacer propuestas, no puede estar a cargo de ninguna investigación. Y el Gobierno debe dejar de encubrir a funcionarios inútiles o cómplices”, sentenció. Mientras, el bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentará la semana próxima un “pedido de juicio político al ministro de Planificación, Julio De Vido, con el objetivo de determinar la responsabilidad política del ministro en la catástrofe”.

Por otro lado, criticaron la decisión de la presidenta Cristina Fernández de constituir al Gobierno como querellante, en un comunicado firmado por el presidente de la UCR, Mario Barletta, y los bloques legislativos. “Resulta no sólo contraria al orden jurídico, sino también falaz y absurda”, ya que la ley prevé expresamente aquellos casos en los que el Estado puede ser querellante.