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La Sala III de la Cámara Federal de La Plata ordenó ayer al juez Arnaldo Corazza que investigara los actos delictivos cometidos durante la última dictadura militar en un centro clandestino de detención que funcionó en la Comisaría 5ª de esa ciudad. De esta forma, el Tribunal hizo lugar a la apelación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata contra la declaración de incompetencia del magistrado.
“Los hechos respecto de los cuales el magistrado declaró su incompetencia, por el momento, no resultan suficientemente determinados ni investigados para que pueda decidirse sobre la cuestión”, afirma en uno de sus párrafos la resolución firmada por los camaristas Carlos Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Vallefin. El expediente deberá volver ahora al despacho de Corazza, quien tendrá que resolver la solicitud de detención e indagatoria de ocho militares y 54 policías que prestaron servicios en la Comisaría 5ª en los años del Proceso.
El juez, con competencia federal sobre La Plata, deberá además expedirse sobre la declaración de invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, presentada el pasado 23 de diciembre por el fiscal Félix Crous.