El ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios irán a juicio oral por haber frenado, tapado y desviado la llamada “pista siria” en la investigación del atentado a la AMIA. Lo dispuso ayer el juez federal Ariel Lijo, quien resolvió clausurar un tramo importante de la investigación sobre el encubrimiento del ataque terrorista que el 18 de julio 1994 mató a 85 personas. Según concluyó el magistrado, la pesquisa cambió de rumbo cuando, en los inicios, había pruebas que apuntaban al empresario textil Alberto Jacinto Kanoore Edul, cuyo padre era amigo de Menem, y conectaban con Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires. El ex mandatario, dice Lijo, intercedió ante el ex juez Galeano y a partir de entonces se sucedió una cadena de irregularidades –desde allanamientos anunciados hasta la desaparición de los casetes con escuchas telefónicas clave– para desvincular a Kanoore Edul y su entorno de la causa.

La gran novedad de la resolución de Lijo es la imputación contra Menem en la trama del encubrimiento. “La obstaculización de la pista que se seguía contra” los Kanoore Edul “como contra “Mohsen Rabbani”, quien está prófugo, “ha tenido al ex presidente como su principal impulsor”, afirmó el juez. Fue “instrumentada”, sostuvo, por su hermano fallecido Munir Menem, Galeano, Anzorreguy y su número dos en la SIDE, Juan Carlos Ancehzar, y los policías a cargo de la investigación, Palacios y Carlos Castañeda. Ocho días antes del atentado a la AMIA, Kanoore Edul, de origen sirio, llamó por teléfono a Carlos Telleldín, el último tenedor de la camioneta Trafic que estalló en la mutual judía. El empresario nunca dio una explicación (incluso fue cambiando de versión) sobre aquella llamada. Este fue un dato que se conoció en los inicios de la investigación del ataque terrorista, a la que se sumó otro llamativo: la empresa Santa Rita, que dejó un volquete delante de la AMIA cinco minutos antes de la explosión, llevó el mismo día un contenedor frente a un terreno baldío en la calle Constitución al 2600, próximo al comercio y el domicilio de los Kanoore Edul. La firma era propiedad del libanés Nassib Haddad y registraba grandes compras del explosivo amonal.

A partir de esos elementos, el ex juez Galeano ordenó allanar tres propiedades de la familia y la intervención de sus teléfonos. Sin embargo, esa línea de investigación quedó congelada, como estableció el fiscal Alberto Nisman, en cuanto Kanoore Edul padre pisó la Casa Rosada y habló con Munir Menem, quien asistía al ex presidente. Según Lijo, fue determinante una comunicación de Carlos Menem, a través de su hermano, con el ex juez Galeano.

Los allanamientos se hicieron el 1º de agosto. Los efectivos llegaron a las siete de la mañana pero el operativo no empezó hasta entrada la tarde: uno a las cinco, otro a las siete y el tercero ni se hizo. La policía se llevó poco y nada. Palacios, quien dirigía los procedimientos, había llamado en la misma jornada, horas antes, a teléfonos de los Kanoore Edul no registrados. Kanoore Edul hijo fue interrogado como un simple testigo ese día. El padre visitó la Rosada. Las intervenciones telefónicas se suspendieron al día siguiente, sin que quedaran razones sentadas en el expediente y los casetes que contenían buena parte de las escuchas que sí se habían realizado desaparecieron misteriosamente.

Las agendas incautadas fueron analizadas recién en 2000. Allí estaba el teléfono de Rabbani, quien ya era investigado por el atentado a la embajada de Israel (en 1992), y porque había sido detectado buscando información sobre un vehículo similar al que se usó para volar la AMIA, a lo que se sumaba que un refugiado iraní había apuntado a la embajada iraní en Argentina. El juez Lijo sostuvo que una investigación más profunda podría haberse orientado al vínculo entre la pista iraní y la pista siria.

“La incidencia del ex mandatario fue tal –advierte Lijo– que su obrar produjo la connivencia entre el juzgado instructor y las fuerzas de seguridad intervinientes para lograr perpetrar la maniobra: allanamientos frustrados adrede, desaparición de escuchas telefónicas, de legajos de transcripciones que guardaban vinculación con la pista, producción de diligencias superficiales aparentando que la pista en cuestión resultaba de suma importancia para la investigación.” Agrega que el encubrimiento, que prevé penas de seis meses a tres años de prisión, se reprodujo desde 1994 durante toda la presidencia de Menem.