Personas detenidas en el régimen abierto del Complejo Penitenciario Conurbano Norte entregaron al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto una gigantesca cuchilla y dos facas y acusaron de proveérselas a dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47, los prefectos Roberto B. Arancibia (de Asistencia y Tratamiento) y José Feliciano Burgos (de Seguridad). Agregaron que con esas armas debían atacar a otro interno, que había denunciado maltratos anteriores por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ese fue el sorpresivo final de la inspección que Mariotto realizó el jueves, acompañado por autoridades judiciales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el acto de entrega de las armas también estuvo presente la víctima contra quien debían usarse, Hugo Alberto Cabrera González, a quien llaman El Ñaca, quien reside en otra casa del régimen abierto y había presentado denuncias por abusos del personal. El día anterior se había producido una reyerta entre los habitantes de dos de las viviendas. Conocido como “Las casitas de Casal”, el régimen abierto es el diamante que esgrime el gobierno bonaerense ante cada denuncia que se presenta contra el sistema penitenciario realmente existente. La CPM presentó un hábeas corpus correctivo en el que solicita urgente remedio al cuadro constatado, de hacinamiento, mala alimentación, carencia de asistencia médica y tratos crueles y degradantes y la presencia de peritos ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales para determinar las medidas correctivas imprescindibles en materia de espacios disponibles, condiciones edilicias, cuestiones de seguridad de las instalaciones eléctricas e hidráulicas; enfermedades debidas al hacinamiento y la coexistencia con heces y orines; efectos psicológicos del hacinamiento y la violencia de las condiciones de vida. Mariotto prometió que volvería en un par de semanas al complejo con un batallón de médicos, odontólogos, oftalmólogos, asistentes sociales, ingenieros y plomeros, que den vuelta como un guante la situación vejatoria en que viven los reclusos y cuyo efecto final es un incremento de los niveles de violencia en las calles en ocasión de robos. También buscará remedio para el problema de la falta de documentación de muchos internos, cuyos documentos son devueltos por el correo y luego destruidos porque no hay nadie para recibirlos en su domicilio y el otorgamiento de los planes sociales que corresponda para los familiares de los detenido, ya sean Asignaciones Universales para sus hijos o moratorias previsionales para sus padres. “La presencia del Estado para atender las necesidades sociales de las personas privadas de su libertad y sus núcleos familiares es también una política de seguridad”, dijo. La sociedad es un sistema de vasos comunicantes, no de compartimentos estancos. Quienes luego de cumplir una pena no encuentran posibilidades de reintegración estarán dispuestos a cualquier cosa con tal de no volver a la realidad alucinante de las cárceles bonaerenses. Esto generaliza una subcultura prevalente en la que matar se asimila con el mal menor. Cuando algunas vidas son desvalorizadas hasta tal punto, tarde o temprano ninguna vida vale nada. Sería útil que lo pensaran los ciudadanxs decentes que sólo saben pedir mayores penas y severidades y no se interesan por lo que ocurre tras las rejas, donde funciona la más eficaz fábrica de la violencia que se distribuye afuera.

Ni dientes ni luz

Cuando el vicegobernador llegó junto con sus acompañantes, las autoridades penitenciarias intentaron demorarlo con una reunión protocolar en el despacho del director de la U-46, inspector mayor Ramón Giménez, durante la cual barrerían bajo la alfombra las situaciones más difíciles de ocultar y justificar. Mariotto declinó la invitación y se dirigió a los sitios que deseaba inspeccionar: los pabellones de Separación del Area de Convivencia (SAC), de Admisión (Nº 1), Nº 7 del sector masculino y Nº 12 del femenino, entrevistando a cada una de las personas allí alojadas. En el pabellón colectivo los visitantes se reunieron en forma simultánea con todos los detenidos, quienes narraron sus principales problemas. Casi sin excepciones reclamaron por la demora de sus causas (ocho de cada diez presos en la provincia no tienen sentencia firme), la falta de atención médica y odontológica y las inicuas condiciones de su alojamiento. También se lamentaron por la discrecionalidad del Servicio Penitenciario que decide por sí y ante sí quiénes pueden estudiar en el colegio secundario de la unidad o trabajar en sus talleres. Varios mostraron cicatrices de heridas antiguas o de operaciones recientes y dijeron que no recibían ningún tipo de atención. Ante la pregunta dirigida a uno sobre el ostensible deterioro de su dentadura, varios abrieron la boca y mostraron su impresionante estado a los visitantes. Dijeron que una población de varios centenares de personas sólo cuenta con un dentista que concurre a la unidad una hora por semana, “siempre que no llueva”. En esas condiciones, la única terapia para cualquier problema es la extracción del diente o la muela. Los detenidos por delitos comunes padecen hoy la misma desatención que durante la dictadura militar conocieron los presos políticos. Enfermos con HIV-Sida, diabetes, trastornos psiquiátricos y/o neurológicos narraron que no reciben ningún medicamento si no se los alcanzan sus familiares. No hay médicos que recorran los pabellones ni que visiten la denominada sala de internación, donde ni siquiera hay un enfermero. Los alojados allí sólo pueden contar con la ayuda de otros detenidos. Un hombre de más de cincuenta años llevado allí porque una herida de bala se le infectó y le afectó los huesos, yacía en un camastro, con una bota de yeso y una ventana recortada en el lugar de la herida, sin cuidados ni información sobre su caso. En varias instancias de la inspección funcionarios del Servicio se acercaron con la intención de escuchar los diálogos, pero se les pidió que se alejaran para garantizar la confidencialidad. Luego los visitantes se dividieron en grupos de a tres, para escuchar a todos los detenidos en las celdas individuales y los buzones de castigo, de 2x2 metros. Los penitenciarios dijeron que los detenidos estaban en los buzones por propia decisión pero varios lo desmintieron. En esas conversaciones más reservadas muchos entrevistados señalaron la política de rotación constante de un penal a otro que se aplica para quebrar la voluntad de los internos menos resignados, lo cual les impide continuar sus estudios y afecta sus vínculos familiares. Uno dijo que en dos años recorrió veinte unidades distintas. El traslado es también el momento de mayor vulnerabilidad. “Nos tiran un gas irritante a los ojos en cuanto entramos al celular y comienzan a pegarnos”, explicó. Varios mostraron marcas de golpes o heridas punzantes en distintas partes del cuerpo. También dijeron que la peor humillación es la que padecen sus familias al visitarlos, con requisas intrusivas a sus esposas e hijos. Una versión que se repitió en muchos testimonios fue que el Servicio delegó esas requisas en un detenido por violación, lo cual los desespera. Una constante fue la precariedad y el abandono de las instalaciones, pese a que se trata de una de las unidades más nuevas del SPB. Los vidrios de todas las ventanas están rotos, por lo que el invierno es insoportable. Algunas tienen pasable luz natural, pero otras son sombrías como cuevas. Dentro de su calculada política de deshumanización, el Servicio no se preocupa por la iluminación artificial, que queda librada al ingenio de los propios internos. De las paredes por las que caminan cucarachas, cuelgan cables con lámparas desnudas y conexiones caseras, con cables pelados que se conectan en los tomacorrientes a falta de enchufes.

Agua tampoco

Una resolución judicial de 2008 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro dispuso que debido a la contaminación del agua en todo el Complejo, construido sobre un basural, cada interno debe recibir no menos de cinco litros diarios de agua potable para beber, cocinar e higienizarse. Esto es diez por ciento del consumo real estimado por persona en el país. Pero la inspección constató que ni siquiera una provisión tan moderada se cumple, aunque el Estado paga por esa cantidad de líquido a empresas privadas. En ninguna celda había más de un bidón, para cuatro o cinco personas. Además sus etiquetas son fotocopiadas y muchos detenidos afirman que son rellenados con agua de la canilla. “Tenemos que pedir el agua, no nos la dan de por sí. Vos la pedís y ellos te llenan el bidón”, dijo un detenido. Sólo en una celda femenina lucían alineados sobre la entrada varios bidones.

–¿Para qué son?

–Los lleno en la canilla y los pongo así para que no pasen las ratas –respondió una mujer.

El agua contaminada produce forúnculos y otras manchas en la piel. En muchas celdas, donde los detenidos pasan el día entero incluyendo la comida, las letrinas están tapadas y desprenden un olor hediondo, la pileta no tiene canilla o la canilla no cierra, por lo que el agua corre sin cesar y se derrama sobre el piso. Como en celdas que, según los estándares internacionales, no deberían alojar a más de dos personas se apiñan cuatro o cinco en cuchetas, hay quienes deben yacer sobre ese piso mojado 23 horas y media al día, ya que no los sacan por más de 30 minutos a un patio y nunca a una ducha. Los que no tienen colchones duermen sobre mantas tendidas en el suelo. Los colchones son escuálidos, inflamables y están destripados por las constantes requisas, en las que es usual la destrucción de todos los objetos personales, incluyendo las fotos familiares que son uno de los pocos consuelos de los internos. “Mirá cómo salen las cucarachas de los colchones”, dijo una mujer mientras sacudía el suyo para ejemplificar la repugnante invasión. El Servicio no provee elementos de limpieza para las celdas ni de higiene personal para los detenidos. Los visitantes también hablaron con una detenida que un poco más temprano había sido golpeada por el personal penitenciario y no recibió atención por sus heridas visibles. Los internos mostraron las bandejas de plástico con la comida que les sirven: un engrudo de arroz y verduras con la esporádica intrusión de algún trozo de carne, pese a que el Estado paga por medio kilo por persona cada día.

Represalias

Mientras el secretario de ejecución penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolatti, redactaba un acta con la entrega de las facas, Mariotto les ordenó al jefe del Complejo Penitenciario, Inspector Mayor Héctor Uncal, y al Director General de Seguridad del SPB, Mario Mazzeo, la separación inmediata de los oficiales acusados, mientras se sustancian la causa judicial y las actuaciones administrativas y que no hubiera traslados ni otras represalias contra las personas que habían hablado con él y sus acompañantes. El fiscal Marcelo Sendot abrió una Investigación Penal Preparatoria y responsabilizó por la integridad física de los denunciantes a la directora del SPB, Florencia Piermarini. La visita se extendió desde las 11 hasta las 15 del jueves A las 17 se produjo lo que el Servicio Penitenciario describió como una “revuelta generalizada” entre detenidos en el pabellón 9 de la Unidad 48 del mismo complejo, una unidad que el vicegobernador no visitó. Juan Romano Verón resultó muerto de un puntazo con una faca similar a la secuestrada y otro hombre fue herido. Los primeros testimonios sostienen que el personal del SPB instigó el enfrentamiento y lo observó en forma pasiva. Una versión sostiene, incluso, que el plan era provocar la batahola mientras Mariotto estaba en el complejo. La obvia intención de los penitenciarios es atribuir el episodio que ellos mismos provocaron a la intromisión del vicegobernador, la Justicia y los organismos defensores de los derechos humanos. Que las tensiones derivadas del monstruoso régimen de detención, violatorio de todos los estándares nacionales e internacionales, deriven en enfrentamientos entre internos y no en reclamos por un trato digno, es el gran triunfo de la actual gestión penitenciaria y la herramienta escogida para someter a la pasividad absoluta a las personas bajo su vigilancia. La represalia indiscriminada extiende el terror a toda la población penitenciaria, asocia cualquier actividad de control externo con peligro de muerte y paraliza toda posibilidad de cambio. Cuanta menor relación tenga la víctima con el caso, más generalizado será el efecto intimidatorio. Todo lo que venga de afuera es descrito como una amenaza, incluso por allegados a los detenidos, cuando es ostensible que no existe posibilidad de cambio desde adentro, sin una decidida intervención política. En la U-48 funciona el Centro Universitario de la UNSAM. El SPB lo resiste como un germen de subversión del omnímodo sistema vigente. Las casitas del régimen abierto son el proyecto modelo que el gobierno bonaerense exhibe ante los sistemas de protección de los derechos humanos de la OEA y las Naciones Unidas, cada vez que se denuncian las vergonzosas condiciones de reclusión en la provincia. Casal produjo un film de animación con muñequitos, que proyecta en cada conferencia a la que asiste. Se trata de un millar de plazas, de las cuales seis docenas en el Complejo Penitenciario Conurbano Norte, donde son alojadas personas que ya están en condiciones de recuperar la libertad o que cursan el tramo final de su condena y han ingresado a un régimen progresivo que incluye salidas transitorias. Pese a lo progresivo de esta iniciativa, se reiteran los patrones de arbitrariedad que definen toda la gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense y su sistema informal de premios y castigos. Una vez que el juez ordena incorporar a un detenido al programa Casas por Cárceles, el Servicio tiene la facultad de cumplirla o no según “el lugar de alojamiento, domicilio de los internos y proximidad de egreso”. Esto viola el principio de judicialización de la ejecución de la pena. El episodio de las facas y la cuchilla muestra que la clave no está en la mayor o menor libertad ambulatoria, sino en la lógica mafiosa de intervención del Servicio Penitenciario, agravada desde que uno de sus oficiales accedió por primera vez al gabinete provincial, consagrando no sólo el autogobierno penitenciario sino su ocupación de espacios en el sistema político que debería conducirlo.

El rol de los jueces

Quienes acompañaron el jueves al vicegobernador Mariotto coinciden en que sin una modificación profunda del funcionamiento judicial ningún cambio es posible, porque son los jueces quienes deben controlar. Ese es uno de los argumentos más fuertes de quienes propician el desdoblamiento de los ministerios de Justicia y de Seguridad y del ministerio público fiscal y el de la defensa. Al día siguiente se agregó un ejemplo clamoroso sobre este rol de la Justicia, cuando los miembros del Tribunal Oral 4 de La Plata (Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara e Inés Siro) absolvieron a los tres oficiales penitenciarios acusados por la espantosa muerte de Luis Angel Gorosito Monterrosa, quien hace ocho años padeció quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo, producidas mientras estaba detenido en la U29, el penal de máxima seguridad de Melchor Romero. Antes fue violado y la autopsia constató la presencia de semen en su ano. Se había atrevido a denunciar atropellos del Servicio Penitenciario Bonaerense en la U24 de Florencio Varela y un juez había ordenado que lo trasladaran a la U29 y le brindaran una situación especial de custodia. No obstante, el SPB informó que había intentado suicidarse, justo dos días antes de declarar ante la Justicia contra el Servicio. Las grabaciones de seguridad enviadas por el SPB fueron adulteradas, de modo de omitir el preciso momento de la violación y las torturas a la víctima. Un perito en digitalización de imágenes declaró en el juicio oral que no se debió a un problema mecánico sino a una manipulación humana. Pese a ello, los tres jueces complacientes absolvieron al ex jefe de la U29 Eduardo Martino, al responsable del pabellón, Sergio Chaile, y al inspector de vigilancia, José Pedroso. La Comisión Provincial por la Memoria, que asistió a la familia de Gorosito había pedido penas de reclusión perpetua para los tres. También es significativo quiénes defendieron a los penitenciarios. Pedrozo fue patrocinado por quien hasta hace poco fue Jefe de Asuntos Legales del SPB, Daniel Alberto Spicoli, y por Guillermo Von Wernich (sobrino del cura torturador) y Martino por Andres Vitali, quien ya fue designado miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 3 de La Plata, como parte de la captura del Poder Judicial por parte del Servicio Penitenciario. Los jueces no se animaron a enfrentar a los familiares de la víctima y a los organismos de derechos humanos y no asistieron a la lectura del veredicto. Además designaron para la seguridad de las audiencias a personal del SPB, que trató en forma despectiva al público. La sala estaba colmada de altos jefes actuales del Servicio.