La Unidad Penitenciaria 48 de San Martín, que junto con las contiguas unidades 46 y 47 forman el Complejo Penitenciario Conurbano Norte, tres unidades modernas inauguradas hace cinco años sobre una porción del basural del CEAMSE, son escenario habitual de muertes y heridas graves, de modo que el deceso el jueves 29 de Juan Romano Verón en una reyerta entre reclusos dista de ser excepcional. Por el contrario, forma parte de una concepción sintetizada en la consigna del desprecio: “Que se maten entre ellos”. A veces no es suficiente y los propios dueños de casa se encargan, como en el caso de Patricio Jonathan Barros Cisneros, asesinado en enero por una decena de carceleros, cuatro de ellos con orden de captura y prófugos. Hace cuatro meses, el 25 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia provincial había exigido explicaciones precisas y la adopción de medidas para impedir que siguieran produciéndose asesinatos al ministro Casal y a la Procuradora María del Carmen Falbo. En ese oficio el presidente del tribunal Eduardo Julio Pettigiani enumeró cinco muertes y numerosas heridas entre personas alojadas allí en los meses previos. Esto es el 12,5 por ciento de las muchas muertes traumáticas que ocurren en las cárceles bonaerenses. Pe-ttigiani también se refirió a la “venta de drogas dentro del penal, tenencia de elementos punzocortantes, abusos sexuales, actuación tardía y deficiente en materia de seguridad, ineficaz sistema de salud” y reclamó respuesta sobre “la posible participación de personas detenidas con connivencia de personal penitenciario en hechos delictivos cometidos fuera del ámbito de la Unidad Penal, con el posterior ingreso de lo sustraído a aquélla, para su reducción en los talleres que funcionan intramuros”.

El CELS y la Comisión Provincial por la Memoria son visitantes asiduos a la U48. El 28 de octubre de 2011, el CELS constató que los pabellones estaban bajo el completo dominio de los “limpieza”, como se denomina a los internos que intercambian favores con el Servicio Penitenciario Bonaerense. La delegación de poder en ellos internos era tal, que las únicas acciones del personal penitenciario eran la apertura del candado de la puerta de ingreso y la represión, que no suele dirigirse a los responsables de algún conflicto sino al bando opuesto a los protegidos del Servicio. Una pelea que muchos detenidos refirieron se había debido a la disputa por el suministro de psicofármacos por parte del personal. Tres internos atacados por el resto sufrieron graves heridas cortantes en el cuello y la cabeza, además de las provocadas por las postas de goma. Uno de ellos quedó parapléjico luego de haber sido apuñalado con una faca en la espina dorsal. Al día siguiente de la pelea ni las autoridades penitenciarias ni el Ministerio Público Fiscal habían investigado el caso y los heridos permanecían en las celdas sin registro de su estado ni atención alguna. El autogobierno del pabellón era tan palpable que los heridos se escondían entre ropas y sábanas ensangrentadas porque los “limpieza” les prohibieron pedir atención médica y denunciar a los atacantes. Los internos que el SPB había identificado como participantes de la riña se encontraban en aislamiento, alojados en buzones, bajo terribles condiciones: no tenían colchones y la celda no contaba con luz artificial. Tampoco sabían qué sanción se les impuso ni por cuanto tiempo. La mayoría de los alojados en las celdas del pabellón conservaban sobre las mesas y las camas las facas y elementos punzantes. Uno de ellos tenía una profunda herida punzante en el pecho que no le permitía respirar con normalidad. Le restaban apenas catorce días para salir en libertad y los contaba con temor, tendido en su camastro.

El 5 de diciembre de 2011, fue asesinado Luis Molina en su celda del pabellón 3 de la UP 48. Según el relato que recogieron miembros de la defensoría oficial, los agentes del SPB lo encerraron en una celda con otro interno con el que tenía serios problemas de convivencia. Una hora después yacía exangüe en el piso. La noche de Navidad el procedimiento se repitió en el mismo pabellón, con tres internos que fueron trasladados allí pese a que advirtieron que tenían problemas de convivencia con otras personas alojadas en ese pabellón. Los tres fueron atacados y heridos de gravedad. Al día siguiente otra pelea en el mismo pabellón culminó con un herido grave en su globo ocular derecho, que debió ser internado en un hospital extramuros.

El 28 de enero de este año, una decena de penitenciarios asesinaron a puñetazos y patadas a Patricio Jonathan Barros Cisneros, de 26 años, detenido en la Unidad 46. Comenzaron a golpearlo en el patio, en el horario de visitas. Estaba enojado porque su esposa, Alejandra Gisela González, de 18 años, embarazada, esperaba desde la madrugada sin que la dejaran pasar. Y cuando finalmente pudo ingresar no les permitieron verse en un sitio con mínima privacidad sino en el patio ante todos. La piba fue forzada a salir a la calle cuando empezaron a golpearlo y poco después le informaron que se había suicidado. Según la historia oficial, Barros Cisneros esgrimió “un elemento punzante”, e intentó tomar como rehén al adjutor Rodrigo Chaparro quien “procedió a entablar un diálogo” para que “depusiera su actitud hostil”. Como no lo consiguió, “tuvo que utilizar la fuerza mínima e indispensable”. Esto lo enardeció contra el personal que, para controlar la situación, “tuvo que utilizar elementos de sujeción (esposas) y gas pimienta (PPQ)”. Aun así, “una vez reducido”, Barros “logra zafarse” y, “sin mediar motivo alguno, comienza a golpear su cabeza fuertemente contra las rejas para luego caer pesadamente contra el suelo”. También firman el parte tres detenidos que realizaban tareas de limpieza, peluquería y cocina. La autopsia desmintió la pretensión del suicidio: Barros tenía más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Según el médico penitenciario Federico Woodgate la muerte de Barros obedeció a un “paro cardiorrespiratorio”. Esto equivale a decir que está muerto porque se murió. El secretario de Ejecución Penal Casolati, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS entrevistaron a 120 personas privadas de su libertad, que contaron la verdad de lo sucedido pero que no se animaban a declararlo, porque los habían amenazado de muerte. Recién lo hicieron cuando a pedido del CELS el ministerio de Seguridad de la Nación alojó a tres testigos clave en una dependencia de la Gendarmería. Dijeron que cuando Barros cayó boca arriba, enceguecido y ahogado por el gas pimienta, sangrando y con las manos esposadas a la espalda, le patearon la cabeza y los testículos, lo tomaron del cuello para estrangularlo y saltaron varias veces sobre su pecho, mientras gritaban:

–Aquí mandamos nosotros.

Recién entonces Casal puso a sus camaradas en disponibilidad, pero no tomó ninguna medida para impedir que se fugaran cuando el juez ordenó detenerlos.