Los meses siguientes al decisivo triunfo electoral de CFK en octubre se caracterizaron por un aumento de las tensiones en torno del crecimiento económico con inclusión social. Ganadas las elecciones, una corrida cambiaria pretendió limitar la política económica del Gobierno. Este embate derivó en el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y los grupos empresarios más poderosos. Usando diversos mecanismos institucionales, el Gobierno intenta ahora ejercer mayor control sobre la fuga de capitales y los comportamientos especulativos en el mercado cambiario, en el uso de los subsidios y en el comercio exterior. Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora no han logrado limitar la capacidad que estos grupos empresarios tienen de determinar los precios. En consecuencia, la inflación se propaga sin límites aparentes. Frente al cambio en las reglas del juego económico que han prevalecido hasta ahora, los grandes empresarios han guardado un sugestivo silencio, que contrasta con las crecientes demandas de mayor inclusión social. Las movilizaciones populares contra la minería a cielo abierto, el reclamo de participación en las ganancias empresarias, el pedido de aumento de salarios, de mejoramiento de los planes sociales, de eliminación del clientelismo político, son algunos de los muchos reclamos legítimos que agitan el escenario político. En estas circunstancias, CFK ha dejado en claro que la prioridad del momento es garantizar empleo y salario digno a los sectores más vulnerables. Ha pedido, además, mayor solidaridad social y una adecuación de las demandas a una coyuntura amenazada por la severa recesión internacional. Sin embargo, episodios tan dispares como la tragedia ferroviaria de Once, las movilizaciones populares contra la minería a cielo abierto y la notoria desinversión de YPF desnudan las consecuencias negativas de una política de subsidios que en el pasado privilegió a grandes grupos empresarios y careció de un eficiente control estatal. Aprovechando la situación, los medios de comunicación más poderosos –principal eje de la oposición política– han convertido la política de subsidios y la corrupción en banderas de lucha contra el Gobierno. En su arremetida, estos medios han sumado a intelectuales que niegan carácter progresista al proyecto oficial y lo definen como una nueva versión del menemismo.

De este modo, las tensiones se acumulan y como un torrente turbulento se expresan en un caótico presente que aparece dominado por la lógica binaria de los “buenos” contra los “malos”, donde todo se define a partir de reivindicaciones de actores sociales que en su confrontación parcializan y distorsionan la realidad del conjunto social, dando así origen a lo que podríamos llamar un “mundo al revés”. En lo que sigue dejaremos de lado las intenciones de los sujetos sociales y otros mecanismos (institucionales, lingüísticos, etc.) que contribuyen a producir una representación distorsionada de la realidad y nos centraremos en el rol que juega la lucha por reivindicaciones de sector cuando la misma se da en forma parcial y aislada de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad. En estas circunstancias, y por más legítimos que sean los objetivos perseguidos, esta práctica social tiende a ocultar las relaciones de poder que constituyen el eje central de los conflictos en este momento.

El mundo al revés aparece, por ejemplo, cuando los grandes empresarios reclaman contra el Gobierno por la falta de condiciones para la inversión productiva. Este reclamo desconoce y al mismo tiempo oculta la existencia de ganancias empresarias de un nivel extraordinario acompañadas por una sistemática fuga de capitales. Esconde, pues, el carácter especulativo y rentístico del capitalismo argentino. El mundo también se presenta al revés cuando el máximo dirigente de la CGT abandona su rol de aliado estratégico del Gobierno y, asociándose a sus tradicionales enemigos, pretende liderar una embestida contra el Gobierno agitando reivindicaciones no satisfechas y presentándolas como una negación de la política de inclusión social. La realidad es, en cambio, más compleja. Si bien queda mucho por hacer en materia de inclusión social y los reclamos son legítimos, tampoco se pueden negar los logros obtenidos. Al presentar la realidad en términos segmentados, se ocultan posibles maniobras delictivas en el manejo de las obras sociales, se invisibiliza la falta de democracia en los sindicatos y desaparece la estructura de relaciones de poder económico que constituye el obstáculo principal para el logro de una mayor inclusión social.

La caracterización de la realidad inmediata en forma segmentada y distorsionada ocurre en todos los órdenes de la vida social. Aparece, por ejemplo, cuando ante los reclamos de pueblos afectados por la depredación de recursos no renovables por la minería a cielo abierto, funcionarios y legisladores de un gobierno democrático y popular ignoran el problema, esconden o distorsionan información relativa a las técnicas empleadas, al impacto ambiental, a la generación de empleo y a las rentas obtenidas. Como consecuencia de la manipulación de la información se invisibiliza el impacto total de esta actividad y se desconoce la legitimidad de los reclamos de otros sectores sociales. Pero el mundo al revés también aparece en ámbitos donde los intereses económicos no están directamente involucrados. Esto ocurre, por ejemplo, cuando intelectuales que se autodefinen progresistas ignoran los avances logrados en materia de derechos humanos, bienestar social y participación ciudadana y se suman a la embestida contra el Gobierno protagonizada por los medios de comunicación más poderosos. Aquí el mundo se presenta al revés no porque estos intelectuales se expresen desde estos medios, sino porque se suman sin críticas a una agenda que es y ha sido la antítesis de lo que ellos dicen defender desde el espacio progresista. Nuevamente, hay manipulación de la información, desinformación y ocultamiento de la trama global de relaciones de poder que hoy estructuran a nuestra sociedad.

De manera que por distintas vías, y más allá de las intenciones, hay prácticas sociales que contribuyen a “embarrar la cancha” y a ocultar una realidad que es siempre más compleja de lo que parece ser desde la perspectiva de una reivindicación sectorial. Este “embarrar la cancha” da origen a sectarismos de distinto tipo y produce una dispersión de las energías colectivas tras objetivos fragmentados, muchas veces espurios. Pero, ¿qué entendemos por relaciones de poder y qué importancia tienen los conflictos que éstas engendran?

Las relaciones de poder son relaciones de control por un lado y de exclusión respecto de lo que es objeto de control por el otro. Son, pues, relaciones de dominación que se generan tanto en lo económico como en lo político y lo cultural, ámbitos que solo son separables desde un punto de vista analítico. La multiplicidad y raíz diversa de estas relaciones explica la diversidad de conflictos presentes en un momento determinado. En las sociedades contemporáneas, la producción, apropiación y distribución del excedente económico genera relaciones de poder que constituyen el eje central de los conflictos sociales. Por su carácter asimétrico, estas relaciones sociales no serían posibles sin un sistema institucional, político y cultural que asegure su legitimidad. Hoy día esto último ocurre a partir de distintos mecanismos institucionales y prácticas sociales que ocultan la dominación. La concentración del poder (económico, político, cultural, mediático, etc.) garantiza el control de la información y la manipulación simbólica de la realidad cotidiana de tal modo que muy pocos matices de la dominación pueden salir a la luz. Para que una sociedad logre un crecimiento más igualitario y justo es necesario entonces conocer y hacer visibles las relaciones de poder que lo impiden.

Desde esta perspectiva, pensamos que el obstáculo principal al crecimiento con inclusión social en la Argentina reside en el nudo gordiano de la dependencia tecnológica. Como consecuencia de este fenómeno, la producción, apropiación y distribución del excedente económico están cautivas en una trama de reglas del juego impuestas por las grandes empresas que controlan los puntos neurálgicos de la producción industrial y agropecuaria, de la comercialización interna y externa, y de las finanzas. Este control monopólico u oligopólico les permite determinar los precios internos y controlar las divisas que entran y salen del país. A través de acciones especulativas, estas grandes empresas limitan la capacidad que un gobierno democrático tiene de determinar lo que se produce, cómo se produce y hacia dónde se dirige el excedente económico. Es decir, imponen al país entero una lógica de acumulación del capital que surge de la necesidad de maximizar las ganancias del complejo empresario, en la mayoría de las veces transnacional. Esta lógica tiene muy poco que ver con la solidaridad social o la soberanía nacional.

En los últimos tiempos, el Gobierno ha dado señales de que intenta cambiar las reglas del juego que estos grupos empresarios imponen a la marcha de la economía. La agenda es incompleta y contradictoria y queda mucho por hacer. Así, por ejemplo, es necesario controlar efectivamente la capacidad que estas empresas tienen de determinar los precios. Asimismo, hay que ampliar la inclusión social, asegurar la democracia en los sindicatos y partidos políticos, crear canales para la participación ciudadana en el control de la gestión del gobierno y combatir la corrupción en todas las áreas e instituciones. Pero, más allá de lo que falta hacer, o de lo que pensamos que se ha hecho mal, es indudable que cuestiones esenciales a la vida en democracia como los derechos humanos, la inclusión social y el control de la información por parte de los medios de comunicación más poderosos ocupan hoy conjuntamente el centro de la escena política impulsadas por la política del Gobierno. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia.

No hay una verdad única, dada de una vez y para siempre, pero hay hechos que no se pueden negar. Así como es importante señalar los errores y omisiones de la política oficial, también es fundamental reconocer sus logros. De lo contrario se cae en sectarismos (ya sea a favor o en contra del Gobierno) que, conjuntamente con la generalización de reclamos segmentados, tienden a desembocar en un canibalismo social. En el fragor de la lucha de todos contra todos se oculta la estructura de relaciones de poder económico que da origen a este canibalismo colectivo. La existencia de monopolios y oligopolios que controlan las cadenas de valor en los sectores productivos y en la comercialización constituye el principal obstáculo al crecimiento con inclusión social, y perpetúa al infinito la inflación y las luchas sectoriales. Poner fin al canibalismo colectivo significa terminar con los sectarismos, trascender los objetivos parciales e integrarlos en un programa global que implique alianzas entre sectores sociales y políticos en torno del logro de objetivos de carácter global. Esto significa hacer sintonía fina en un mundo al revés, transparentando los múltiples conflictos existentes en todos los órdenes de la vida social y ordenándolos a la luz del conflicto principal.

* Socióloga, autora de La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), entre otros libros.