Un proyecto de la diputada kirchnerista Diana Conti volverá a poner en debate en el Congreso la disputa sobre competencias de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, que también lleva la firma de varios legisladores del Frente para la Victoria, propone derogar la ley 16.869 de 1965 que establece que todos los depósitos judiciales de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal se efectúen en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Banco Ciudad) y pasen a realizarse en el Banco Nación. En sus argumentos, Conti afirma que se trata de tribunales y fueros que se sustentan con el presupuesto nacional y que por lo tanto “los fondos de los depósitos judiciales que a ella correspondan deben incrementar los depósitos del Banco Nación a fin que sean aplicados a proyectos de orden federal”.

“Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina”, dice el primer artículo del proyecto de ley de Conti y que suscriben sus compañeros bonaerenses de bancada Carlos Kunkel, Jorge Landau, Oscar Albrieu y Luis Cigogna. En el artículo 4º también propone la derogación de la ley 16.869, que data de 1965 y que establece que esos depósitos deben realizarse en Banco Municipal de la Ciudad, “con el fin de sostener y favorecer –detalla Conti– la actividad crediticia de carácter pignoraticio (prendario o de empeño)”.

En los fundamentos del proyecto, la diputada afirma que “sin analizar las razones políticas que inspiraron la norma, en la actualidad ellas no resultan vigentes y además no resultan adecuadas al orden jurídico-constitucional que nos rige, así como tampoco los estuvieron en aquella oportunidad”. Allí, Conti detalla que “la Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lejos de ser Justicia local, es según los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional y del decreto ley 1285, Justicia federal”.

Con la misma línea argumental, Conti afirma que “sus magistrados son nombrados con intervención del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con acuerdo del Senado de la Nación, cobran sus emolumentos del presupuesto nacional y se jubilan con el régimen especial nacional”.

En cuanto a lo económico, la iniciativa apunta que por tratarse “en general de depósitos a largo plazo y bajo costo” tiene “ventajas competitivas ideales para financiar proyectos sociales, o estructurales de alcance federal, tal como lo impone el principio federalista que conforma nuestro sistema político-institucional”. Una actitud que contrapone con las actuales políticas del Banco Ciudad bajo la conducción macrista.

La iniciativa modifica el artículo dos de la ley 20.785 y el mismo artículo de la ley 21.799. En el caso de la primera establece que “cuando el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos o valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco Nación, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes si procediere”. Con lo cual habilita la utilización de los depósitos.

En el caso de la ley 21.799, el texto del proyecto propone que “también deberán depositarse en el Banco Nación los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar sus respectivos servicios”. Una forma de poner bajo control del Estado nacional los recursos que generan sus propias empresas o sociedades.

Una iniciativa que seguramente provocará la resistencia del Gobierno de la Ciudad, que de prosperar el proyecto de ley verá afectado parte de los recursos económicos, aportados por los juzgados nacionales y federales, que hoy maneja su propia entidad crediticia.