Sin acuerdo entre oficialismo y oposición para sesionar hoy, la Cámara de Diputados postergó para la semana próxima el tratamiento de la modificación al Código Nacional Electoral y la tipificación de la figura de “femicidio” en el Código Penal. Los dictámenes de ambos proyectos no reunían el tiempo necesario para llegar al recinto, por lo que necesitaban el respaldo de los dos tercios de la Cámara para su tratamiento y las diferentes posturas en el arco opositor no convencieron al oficialismo de que hubiera garantía suficiente para alcanzar el quórum necesario para habilitar el debate. Después de desechar la posibilidad de convocar a una sesión especial como proponían desde el bloque K, el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, decidió posponer la sesión para el miércoles que viene, donde ya no hará falta una mayoría especial para abordar el mismo temario.

Domínguez decidió no arriesgar. El titular de la Cámara baja privilegió que la sesión no se frustre ante la falta de garantías de que la oposición sentara sus legisladores en las bancas para alcanzar el quórum especial de los dos tercios. Tampoco quiso forzar una sesión especial, como fogoneaban desde la bancada K, y pasó el debate para el miércoles próximo.

Allí, el Frente para la Victoria no tendría inconvenientes en darle media sanción a la reforma al Código Electoral, una de las prioridades de la agenda parlamentaria oficialista. A pesar de que la misma debe contar con “la mayoría absoluta” –la mitad más uno de los integrantes de la Cámara–, 129 votos que oficialismo y sus aliados más cercanos superan con comodidad. Mucho menos en respaldar la incorporación de la figura penal de femicidio, sobre todo después que oficialistas y opositores lograran pulir sus diferencias y presentarán un dictamen único sobre el tema.

El bloque kirchnerista respaldó en un dictamen de mayoría la propuesta del Ejecutivo para modificar el Código Nacional Electoral, el mismo día que el ministro de Interior, Florencio Randazzo, explicó los alcances de la reforma ante un plenario de comisiones legislativas de Diputados.

La iniciativa incorpora como documento válido para emitir el sufragio a la tarjeta con que el Gobierno reemplazará los DNI de libreta, aunque ambos convivirán en la próxima elección ya que Randazzo estimó en dos años el reemplazo total de los documentos. Establece que ninguna autoridad, ni el juez electoral, podrá obligar a los presidentes de mesa a que voten otras personas que no figuren en el padrón que les toca fiscalizar. E impone multas de hasta 500 pesos para quienes no hayan votado y la inhabilitación para hacer trámites ante la administración pública.

En cambio, la oposición irá al recinto con posturas diferentes. El radicalismo rechaza de plano el proyecto oficial. Mientras que el GEN, con el respaldo del FAP y algunos peronistas federales, insistirá con la implementación de la boleta única –como la que se utilizó en la última elección provincial de Santa Fe– con papeletas y urnas diferenciadas para cada uno de los cargos electivos que estén en disputa.