Esteban Righi dejó formalmente su cargo como procurador general de la Nación con una extensa carta dirigida a la Presidenta en la que le dice que “ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público”. Su decisión de renunciar fue consecuencia de la denuncia pública y penal en la que el vicepresidente Amado Boudou acusó al estudio jurídico que integran la esposa y el hijo de Ri-ghi de haberle ofrecido hacer lobby en los tribunales federales porteños, pronosticándole problemas penales, como el caso Ciccone. Righi dedicó varios párrafos en respuesta a Boudou, pero sin mencionarlo expresamente. “Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado”, se defendió. Cristina Kirchner ya tenía resuelta ayer por la tarde la designación de Daniel Reposo, hasta ahora titular de la Sindicatura General de la Nación, como candidato a nuevo procurador. Su nombramiento requiere que el Senado preste acuerdo con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.

Reposo es un funcionario de confianza de Boudou, con quien trabajó en la Anses y a propuesta suya llegó a hacerse cargo de la Sigen en 2009 –el órgano de control interno de las cuentas del Estado–, donde había hecho carrera desde joven. Es director en Papel Prensa por el Estado y es un hombre del núcleo más cercano del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien a su vez tenía una mala relación con Righi. Reposo, además, defendió públicamente a Boudou en relación con el caso de la ex Ci-ccone y acusó al Grupo Boldt de estar detrás de las denuncias, junto a Clarín y La Nación.

Righi llegó el lunes de un viaje a Nueva York con la decisión de presentar su renuncia y apenas llegó la puso a disposición, como anticipó Página/12, en una reunión en buenos términos que mantuvo con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Por la noche le fue aceptada por la Presidenta. Ese mismo día Boudou había presentado una denuncia penal involucrando al estudio jurídico familiar de Ri-ghi en un supuesto tráfico de influencias. Afirmó que la esposa del ex procurador, Ana María García, junto a otros dos socios, que son María José Labat, esposa del ministro de Seguridad porteño y ex juez Guillermo Montenegro, y el abogado Fabián Musso habían ido a visitarlo en 2009 cuando él se desempeñaba en la Anses. El objetivo de la visita, relató, era que como él “era nuevito” le ofrecían “buen lobby, influencias y contactos en la mayoría de los juzgados y fiscalías federales”. En 2010, cuando ya era ministro, dijo, lo fueron a ver otra vez, ofreciéndole cerrar causas en su contra. Según Boudou, en su momento subestimó esas visitas, pero ahora “reinterpreta” el “mensaje” a la luz de la causa “Ciccone-Boldt”.

El texto de la renuncia de Ri-ghi es mesurado, pero transmite malestar. “No dudo en renunciar, pues nada tengo que ocultar”, dice, pese a tratarse de un cargo vitalicio. Mientras que Boudou había hablado de un “ataque a las instituciones” desde “la mafia”, así como de “la baja calidad institucional judicial”, el ex procurador planteó que cree que su “deber” es “no polemizar” sobre las acusaciones porque eso “afectaría las instituciones republicanas” y causaría “daño en las políticas públicas desarrolladas desde 2003”. Dadas las circunstancias, entiende que él “ya no podría obrar con serenidad espiritual”. No es “posible desempeñar honrosamente una alta función pública si hacerlo compromete el propio honor o la honra familiar. La defensa del interés público y de la honorabilidad personal jamás deberían resultar incompatibles”, agrega.

Hay dos frases que reflejan el malestar de Righi. Una dice: “No me compete juzgar cómo entienden otros las responsabilidades que les incumben, ni en qué medida se subordinan a los intereses superiores de la Nación posponiendo los propios, pero yo considero que ése es un deber inherente a la función y a su observancia me atengo”. Otra advierte: “Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado”.

El tenor de las acusaciones de Boudou tras el allanamiento a un departamento de su propiedad en Puerto Madero –algo que para el Gobierno resulta inadmisible habiendo otros caminos para investigar– causó revuelo en tribunales. Desde el Ejecutivo planteaban que más allá del respeto hacia Righi, esperaban que actuara con mayor firmeza frente a lo que ven como manejos cuestionables en el expediente a cargo del fiscal Carlos Rívolo, de quien era superior jerárquico, y del juez Daniel Rafecas, cuyo nombramiento respaldó en 2004.

Righi defiende su tarea como procurador y reivindica haber “creado y asegurado las condiciones necesarias para que los fiscales puedan ejercer con la independencia que la ley les confiere su delicada función, incluso cuando frente a un caso judicial concreto hubiese podido tener yo una opinión divergente”. Sostiene que su gestión se caracterizó por su “honradez y compromiso” y rescata el aporte del Ministerio Público en el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos, en la “lucha contra el delito de trata de personas” y en “recupero de activos” de la corrupción y el crimen organizado. En su carta, Righi dice que ejerció su función “colaborando” con el proceso desarrollado por el kirchnerismo, que elogia como “singular, característico de una etapa histórica plena de posibilidades de cambio y enderezada hacia la consolidación de un proyecto profundamente nacional, popular, democrático y progresista”.