La defensa de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Boudou, pidió el lunes la nulidad del allanamiento del departamento que es propiedad del vicepresidente y que éste alquiló a un abogado que vive en España, Fabián Carroso Donatiello, que viene a Buenos Aires cada tanto.

En su presentación, el abogado Diego Pirota sostiene que Boudou está amparado por los fueros de los senadores –es el titular de ese cuerpo y vota cuando hay empate–, según lo establecido reiteradamente en la jurisprudencia. Pirota menciona en el texto la Ley de Fueros en la que dice que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores” y que el fiscal Carlos Rívolo no podía determinar si esa propiedad de Boudou era su domicilio o alguna de sus oficinas.

En su planteo, el abogado cuestionó que el fiscal se haya llevado una copia de la declaración del vicepresidente ante la Oficina Anticorrupción, el documento en el que Boudou dejó constancia de que el departamento está alquilado. Pirota señala que la Ley de Etica Pública establece que sólo se pueden utilizar las declaraciones ante la OA en causas por enriquecimiento ilícito, cosa que no ocurre en el expediente Ciccone-Boldt.

Justamente, el argumento de Rívolo es que el departamento está alquilado y no es una vivienda ni una oficina, pero Pirota insiste en que esa información la obtuvo de forma irregular violando la Ley de Etica Pública. Más allá de la contienda legal, el allanamiento fue evaluado como desmedido por varios fiscales y jueces de Comodoro Py. Si lo que se buscaba saber era si el nuevo director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele, vive o vivió allí, bastaba con citar a los porteros o a varios vecinos. Para establecer quién realizó el pago de expensas o servicios se podía constatar fácilmente pidiendo información a las empresas de servicios y a la administración del edificio. Es más, que Vandenbroele pagó el servicio de cable fue un dato que le aportó Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín, al fiscal.

Existiendo tantos caminos alternativos a una medida de gravedad institucional como fue el allanamiento a una propiedad de un vicepresidente, el fiscal, con la firma del juez, eligió la alternativa más grave y de mayor impacto mediático. Y a esto se agrega que incluso el pago de servicios o expensas por parte de Vandenbroele no tiene peso como prueba: esos pagos corren por cuenta del inquilino, amigo de Vandenbroele.