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“Si en ese relato (en los fundamentos del proyecto) dicen pelotudeces, no te puedo aprobar el proyecto (...). Pero una cosa es lo que pensamos, independientemente de lo que votemos.” El ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín Jorge Lapeña pronunció esta frase mientras dialogaba con el radical Alfredo Martínez, Jaime Linares (FAP) y el ex secretario de Energía de la Alianza Daniel Montamat. Fue minutos antes del comienzo de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Energía del Senado. Con un estilo descontracturado y despreocupado, el ex funcionario hacía referencia a los fundamentos del texto que expropia el 51 por ciento de las acciones de YPF. En el fondo, los tres interlocutores se mostraron descolocados por la presentación que hiciera anteayer Axel Kicillof, viceministro de Economía.

“Estamos atravesando uno de los peores momentos en términos del suministro energético. Es una crisis estructural”, sostuvo Lapeña al inicio de su exposición. El ex presidente de YPF (1987-1988) hizo un raconto de la historia de la compañía desde sus inicios hasta la década de 1990, fecha de su privatización y posterior desnacionalización (1998).

“Me preocupa que el precio que se pague no sea consensuado. Si ofrecemos 12.000 millones de dólares será algo ilógico, pero si queremos pagar 1000 millones, será una confiscación”, sostuvo el ex funcionario, quien reclamó la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, en vez de declarar de interés público la producción, distribución y comercialización.

–¿Usted cómo votaría este proyecto? –le preguntó Página/12.

–Así no lo voto. Yo quiero otra cosa. Una nueva ley para todo el sector –respondió Lapeña, quien reclamó autocrítica del Gobierno, aunque no hizo mención a su propio paso por la administración pública.

Montamat hizo un recorrido similar al de su correligionario y reclamó la “autonomía de gestión” de la futura YPF. Es decir, pidió que no hubiera injerencia política dentro de la empresa. La senadora Graciela Di Perna no coincidió con este planteo. “El Estado tiene que estar en el pozo. Los Estados provinciales son los más aptos para fiscalizar”, resumió la chubutense.