La ley de expropiación contempla un resarcimiento económico para la firma a la que se le retira la concesión. El precio que ofrecerá el Estado nacional a Repsol depende de muchas variables, entre ellas el pasivo medio ambiental y de infraestructura que deja la compañía en el país, lo que aleja notablemente el número respecto de la valoración actual de mercado. Para colaborar en la tarea, las distintas áreas pertinentes de las provincias petroleras iniciaron hace unas semanas un relevamiento sumarial sobre todas aquellas intimaciones que fueron realizadas a la operadora por incumplimiento de las normas ambientales en los campos petroleros, por no respetar áreas protegidas y por mal tratamiento de los afluentes. Repsol anunció hace unos meses el inicio del proceso de saneamiento, pero informes privados advierten que esa reversión del daño llevará al menos veinte años.

“Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará un valor (sobre el 51 por ciento de la compañía). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio”, había señalado el ministro de Planificación, Julio De Vido. La compañía dejó un tendal de normativas sin cumplir. Acostumbrada a trabajar en la región sobre áreas protegidas o territorios indígenas, Repsol enfrentó su primera demanda civil en la Argentina el 27 de marzo de 2002, de la mano de comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil de Loma de la Lata, donde explotaba el mayor yacimiento de gas y petróleo del país.

La demanda fue por 445 millones de dólares en resarcimiento de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. La presentación se sostuvo en los informes de la consultora alemana Umweltschutz Nord Argentina, que estableció que los individuos de las comunidades mapuches tienen niveles de presencia de “elementos tóxicos” por encima de los urbanos europeos. En el informe da cuenta de que hallaron valores elevados “sobre todo de aluminio, manganeso, talio” y que “fueron encontrados algunos valores significativamente altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel”. Para la consultora, los trabajos de recuperación demandarán por los menos veinte años.

El resto de las demandas judiciales responde a un incumplimiento de las normas medio ambientales. En Santa Cruz, el inventario que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente sobre el pasivo de Repsol arrojó un quebranto de más de 500 millones de dólares. De acuerdo con datos de esa dependencia, se registraron unas 1700 piletas mal saneadas, sobre un total de 5000 que tiene la empresa. Se trata de piletas antiguas, en las que cuando había alguna intervención de equipos de torres y otros, se tiraba el hidrocarburo. En 1996 venció el plazo que dio la Secretaría de Energía de la Nación para que se sanearan esas piletas. Lo único que hizo entonces la compañía fue taparlas. El mismo tratamiento se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia (Chubut).

El gobierno de Santa Cruz también realizó un conteo de pozos inactivos y abandonados, que actualmente superan los 8000, en los cuales tampoco se cumplió con el procedimiento de abandono, que impone, entre otros pasos, la cementación del pozo y la remediación del suelo a su alrededor. En este caso, la Fiscalía de la provincia estudia la presentación penal del caso, aunque todavía no fue definido el número final. El relevamiento de la provincia no tiene que ver con la expropiación anunciada esta semana sino que comenzó cuando Repsol se inscribió –agosto de 2010–en el registro para la renovación de sus concesiones. La ley advierte que debe confeccionarse un inventario de pasivo.

En la provincia de Buenos Aires fueron radicadas dos denuncias por daños en el ambiente de los ríos. Una es por contaminación del suelo con hidrocarburos en la zona de los canales Este y Oeste, cercanos a la refinería y destilería que la planta tiene en Ensenada. El otro punto de contaminación atribuida a la empresa se encuentra en Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Los daños comenzaron bastante antes. En 2000 –un año después de que Repsol adquiriera la mayoría de YPF– se denunciaron dos escapes de gases tóxicos en La Plata, que afectaron a vecinos de Berisso, El Dique, Ensenada y General Mosconi. Por su parte, continúan los monitoreos tras el desastre ecológico producido en diciembre de 2009 por un derrame de gasoil en la localidad de Juan Jorba, San Luis. El derrame se produjo a partir de la rotura de un ducto de la compañía en el tramo que va de Villa Mercedes (San Luis) a Montecristo (Córdoba).

La falta de controles estrictos derivó además en víctimas. El secretario del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, denunció que en los últimos seis años en YPF murió un trabajador por año en accidentes de trabajo como consecuencia de la “desidia” y “negligencia” de la empresa.