Cara, pero cara. Hay una cuenta del gobierno porteño que todos los años sube sin parar. Es la de la recolección de la basura. Cuando la Ceamse anunció un aumento del canon, la gestión PRO encaró el tema como uno de los conflictos con el gobierno nacional, para lo que hizo caso omiso de las ocho redeterminaciones de precios que aprobó Mauricio Macri y que beneficiaron a las empresas recolectoras con un aumento que llega a ser de siete veces el precio original de 2004. La semana pasada, el gobierno de Macri llegó a un acuerdo con el de Daniel Scioli para aumentar 35 por ciento el pago del canon a la Ceamse, pero esto representa un porcentaje menor del costo de la recolección. Según un informe del dirigente porteño del GEN Martín Hourest, la Ciudad paga el doble que Córdoba y más del triple que Rosario y Santa Fe por la recolección. En el medio está en juego un sistema de concesiones que tiene una licitación vencida hace años.

La licitación de la basura fue aprobada en 2004 por un plazo de cuatro años, prorrogable por uno más. Se dividió la ciudad en cuatro zonas, que quedaron en manos de cuatro empresas privadas que concentran el mercado (ver recuadro). El servicio comenzó a prestarse a principios de 2005. Cuando se terminó el plazo, en 2009, la gestión PRO optó por prorrogar por un año la concesión e impulsó una nueva licitación por diez años, que fracasó en la Legislatura, dado que no se estaba cumpliendo la Ley de Basura Cero (que establece una disminución progresiva de los residuos).

En 2010, cuando se vencieron todos los plazos de la concesión, el gobierno porteño todavía no tenía preparada la nueva licitación, por lo cual hubo una nueva prórroga de 180 días. Finalmente, en 2011 hubo una licitación que terminó cayéndose con la apertura del primer sobre. Ahora rige una nueva prórroga –dispuesta por una ley de la Legislatura– que tiene como plazo máximo el 2014, cuando la gestión PRO piensa hacer una nueva licitación. “Lo que rige hasta ahora es el pliego del gobierno de Ibarra”, se defendió el ministro de Espacio Público, Diego Santilli.

Entre 2004 y 2011, las empresas privadas que recolectan la basura tuvieron doce redeterminaciones de precios, de las cuales ocho fueron implementadas por el gobierno de Macri. Los residuos que se envían a la provincia, que por ley debían ser tratados para disminuir su cantidad, aumentaron año a año. En 2010, enviaron 2.110.122 millones de toneladas; en 2011, esa cifra trepó a 2.277.772 millones. Se trata de un 8 por ciento más.

Por el incumplimiento de la Ley de Basura Cero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo cruzó a Macri y la Ceamse dispuso un 35 por ciento de aumento en el canon que le cobra al gobierno porteño. El jefe de Gobierno interpretó la medida como parte del conflicto con el kirchnerismo y convocó a sus opositores locales para buscar respaldo ante las diversas disputas, que incluyen –además de la basura– el traspaso del subte y los fondos judiciales que tiene el Banco Ciudad. El temor del PRO es que la Legislatura bonaerense apruebe una ley que prohíba o reduzca drásticamente el ingreso de basura a su territorio. Finalmente, Macri llegó a un acuerdo con Scioli por el que pagará el 35 por ciento de aumento la Ceamse.

Tacho sin fondo

Para el referente porteño del GEN y ex legislador Martín Hourest, la disputa Nación-Ciudad oculta la matriz de gasto de la recolección de basura en la ciudad, donde se mantiene prorrogado un contrato con redeterminaciones de precios constantes sobre las 6300 toneladas por día que se envía a la provincia. Hourest votó en contra de la ley para la basura que la Legislatura sancionó a fines de 2011 y en la que se “autoriza” al Ejecutivo a rever los contratos. “Lo grave de esto es que hicieron una pantomima de ley marco. Y en el último artículo hicieron una disposición transitoria que permitió que el contrato siga como si la ley no existiera”, advirtió Hourest.

El ex legislador estableció un comparativo entre lo que gasta por habitante actualmente la ciudad de Buenos Aires en la recolección de la basura y el dinero que dispone para los mismos fines la ciudad de Córdoba (ver cuadro 1). El análisis de Hourest revela que los porteños pagan el doble que los cordobeses por el servicio: 648 pesos por habitante contra 344. Si se toman los datos del año pasado, esa proporción se mantiene, pero además queda claro que la Buenos Aires pagó 3,5 más que ciudades como Rosario y Santa Fe. “Una de las grandes denuncias de Ramón Mestre y de Luis Juez, en relación con la historia de la basura en Córdoba, es que el proceso de licitación era escandaloso. Ahora sale la mitad que en la Ciudad de Buenos Aires”, advirtió el dirigente del GEN. Santilli, por su parte, argumentó que los sistemas de recolección no son comparables (ver aparte).

Hourest también analizó la evolución del aumento del pago del canon a la Ceamse, que fue de un 11 por ciento de un año a otro a un 28 por ciento en 2010. “Con el 35 por ciento hubo un salto de régimen. Antes se veía que ajustaban con algo parecido a la inflación, no un 35 por ciento. Además, es importante advertir que la Auditoría de la Ciudad no entra a la Ceamse”, indicó Hourest, quien de todas maneras advirtió que “la Ceamse es una proporción muy pequeña” del gasto que demanda la recolección. Representa entre un 10 y un 12 por ciento del gasto total. El principal monto por la recolección se lo llevan las empresas privadas, que tienen un aumento significativo año a año si se las compara con el Ente de Recolección Urbana Estatal, que tiene a su cargo la zona testigo.

Pública vs. privadas

La quinta zona está en manos del Ente de Recolección Urbana estatal, que curiosamente tiene un gasto considerablemente menor y año a año aumenta menos que los privados (ver cuadro 2). En 2009, aumentó un 3 por ciento su presupuesto, contra un 30 por ciento que aumentaron los privados (se trata de cien millones de pesos contra 1200 millones). En 2010, el Ente aumentó un diez por ciento contra el doce de los privados y, en 2011, un 5 por ciento contra un 29 por ciento de las empresas recolectoras de basura. En suma, entre 2008 y 2012, el Ente aumentó un 42 por ciento, mientras que las empresas privadas subieron sus costos un 102 por ciento. Un sesenta por ciento más que el mismo servicio brindado por el Estado.

En este año, en el primer cuatrimestre, el Ente de Recolección Urbana utilizó el 22 por ciento de su presupuesto, mientras que las otras empresas requirieron un 33,86 de lo presupuestado para todo el año.

Este año habrá otras dos redeterminaciones de precios. Si se toma como referencia ese 33 por ciento ejecutado en el primer trimestre, el gasto total de este año no será de 1888 millones, sino que llegará a 2320,8 millones. Un 32 por ciento más que el año pasado, según los cálculos de Hourest. “Estamos llegando al record de 2400 millones de pesos anualizado. Y, si me guío por las redeterminaciones que hubo hasta ahora, va a estar rondando los 3000 millones, lo que es un absurdo ine-narrable”, dijo el dirigente del GEN y advirtió que casualmente es un número similar al que pedían las empresas en la licitación que se cayó en 2011.

“Esto no tiene nada que ver con cumplir o incumplir la Ley de Basura Cero. Esto tiene que ver con redeterminaciones de precios que siguen la lógica de las empresas y no se revisa nunca. El Estado, en vez de obligar a los contratistas a que sean más productivos, lo que les dice es que para ganar más, tienen que aumentar los costos”, señaló Hourest, quien observa que el panorama seguirá igual si no hay “cambios de actores (no los hubo en la licitación caída en 2011) ni reducción de costos”.