Los casos son, para Santiago del Estero, tan emblemáticos como Otilio Romano para Mendoza. En total, son tres jueces federales. Hoy habrá una audiencia en Casación por dos de ellos, Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, que ya no están en el Poder Judicial, pero fueron juez y fiscal alternativamente durante la dictadura. La causa está abierta desde 2004, los dos están denunciados por participar en la represión, pero fueron sobreseídos en primera instancia y por el tribunal de alzada porque dieron los delitos como prescriptos. El tercero es un caso aún más paradigmático: se trata de Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y ahora presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, separado por estas denuncias del último juicio y, en palabras de los querellas que integran los organismos de derechos humanos, una de las autoridades máximas del Poder Judicial local. Los testimonios los ubican tomando declaraciones indagatorias en la Dirección de Información Policial –la DIP de Musa Azar, en cuyo sótano funcionó un centro clandestino–, indican que no investigaron los hábeas corpus de los familiares y López aparece firmando una de las órdenes de allanamiento ilegal.

“Actualmente, Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga están sobreseídos –explica el fiscal federal Gustavo Gimena, de Santiago del Estero, a cargo de las causas de lesa humanidad ahora con la asistencia del fiscal Félix Crous–. Nosotros estamos esperando de Casación dos cosas: la primera, que revoque el sobreseimiento por prescripción y, la segunda, que no aplique la ‘teoría del reenvío’ que aplica en algunos casos. Y, en consecuencia, que ordene al juzgado federal que reciba las indagatorias de los ex magistrados. Si no lo hace y aplica el reenvío, hay que volver a integrar un tribunal para que resuelva todo y el trámite demoraría mucho.”

Olmedo de Arzuaga quizás es el nombre más conocido afuera de Santiago del Estero. Presidió el juicio por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y las cámaras de televisión lo pescaron haciéndole un gesto a una de las partes. Durante la dictadura, Olmedo se desempeñó como fiscal y juez ad hoc alternando el rol con Liendo Roca. Liendo Roca fue fiscal hasta el golpe de Estado y luego fue nombrado juez. Como fiscal siguió varias causas de los detenidos políticos y, por eso, frente a esas causas, debía excusarse y Olmedo tomaba su lugar. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal.

“En Santiago del Estero se repitió la misma situación que con Romano en Mendoza –recuerda el fiscal. Los presos políticos les decían a ellos que habían sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la policía, ellos les respondían que eso era una mentira y les pedían que firmaran declaraciones indagatorias.”

–¿Ellos entraron al centro clandestino?

–Ellos no ingresaron al sótano donde estaba el centro clandestino, iban a las oficinas de Musa Azar, que estaban en el piso de arriba, y de otros policías torturadores. Les tomaban indagatorias a los presos políticos que estaban detenidos en ese momento por la ley, ya derogada, 20.840. Hubo algunos testigos y sobrevivientes que querían declarar ante el juez. Algunos pedían hablar con el juez, les contaban sobre las torturas que ya estaban viviendo y en algún caso, uno de ellos recuerda que lo hizo frente al entonces juez federal (Santiago) Grand, que estaba con López, entonces su secretario. Las víctimas explican que el juez les decía que firmaran las declaraciones porque si no volverían al lugar de donde venían, es decir, la sala de tortura. Liendo Roca y Olmedo mantuvieron a personas detenidas más allá de la cantidad de años que ellos mismos habían impuesto porque los consideraban peligrosos.

–¿Cuáles son los cargos por los que los denuncian?

–Les imputamos participación necesaria en este delito.

–¿Con López sucede lo mismo?

–A López le imputamos participación necesaria en la privación ilegal de la libertad y tormentos de varios presos políticos.

Los expedientes siguieron caminos distintos. Liendo Roca y Olmedo están con una causa abierta desde 2004. El juez federal santiagueño Angel Toledo les dictó el sobreseimiento, confirmado más tarde por el Tribunal de alzada, que consideró que los delitos existieron, pero habían prescripto. En ese contexto, la fiscalía presentó el recurso que ahora empieza a ventilarse en Casación, en una audiencia que encabezará durante esta mañana el fiscal ante la Cámara Raúl Plee. La fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento para que los dos ex jueces puedan ser indagados.

Con López, la cosa avanza todavía más lenta. Uno de los hechos más simbólicos que denuncia Gimena sobre lo que puede leerse como “protección de la familia judicial” sucedió en abril del año pasado. Gimena, todavía sorprendido, lo define como “un escándalo”. “Cuando la fiscalía presentó el escrito con la denuncia sobre López, el juez federal Guillermo Molinari, que estaba a cargo de la denuncia, se tomó tres días de licencia. En ese lugar dejó a Eduardo Coroleu, un abogado de la lista de disponibles que actuó como juez ad hoc por esos tres días. Un juez nombrado en esas condiciones no está sujeto a juicio político. El asunto es que en esos tres días Coroleu firmó la resolución de sobreseimiento de López. Mi tesis y la de la fiscalía es que el juez Molinari preparó esta resolución, lo hizo firmar al otro y de esa forma él evitó cualquier responsabilidad.”