Con el acuerdo cerrado entre los propietarios y los conductores de camiones concluyen las negociaciones paritarias de los gremios más numerosos. Sólo faltan unos pocos detalles en Sanidad y Alimentación. El propósito oficial de establecer un nivel de actualización, 5 o 6 por ciento inferior al de 2011, que conserve el poder adquisitivo de los salarios pero no sirva como pretexto para una nueva ronda de aumentos de precios por una oferta concentrada en pocas manos, está razonablemente cumplido. La idea complementaria de que esto ocurriera con baja conflictividad fue perturbada a último momento por razones que escapan a la dinámica salarial y se explican en parte por la renovación del secretariado de la CGT dentro de tres semanas, que Hugo Moyano encaró como un desafío personal a CFK. Ambas partes hicieron su demostración de fuerza y hará falta que transcurran los días para practicar un balance no contaminado por las evaluaciones parciales de cada una. Que Moyano podía caotizar el país se sabía, que sólo pudiera mantener la apuesta por unas horas es lo novedoso. El episodio también tributa a la disputa política entre el gobernador bonaerense y la presidente a quien aspira a suceder, y a la aproximación de la fecha en la que el Grupo Clarín deberá desprenderse de las 270 licencias de radiodifusión que retiene por encima de las 24 que le autoriza la ley. Una dimensión ineludible de este desafío, insólito para un reclamo gremial durante una negociación paritaria que seguía abierta y con agenda pautada para el viernes, es su simultaneidad con el golpe blanco contra el presidente paraguayo Fernando Lugo, en un juicio político express. El veredicto que destituyó al presidente electo para que asumiera otro gran valor de la escudería continental Duran Barba sólo requirió 24 horas a partir de la acusación (basada en un acto de juventudes políticas realizado hace tres años en una unidad militar; en haber mantenido el diálogo con los dirigentes de la Asociación de Carperos pese a que impulsaban la ocupación de tierras y no haber prometido el castigo “de los asesinos de esos policías”). Sólo este contexto anormal explica la desmesura de escasear los billetes en los cajeros automáticos y el combustible en los surtidores; de declarar un paro nacional desde un estudio de televisión de la cadena que impulsa toda confrontación con el gobierno nacional con la mira puesta en la fecha clave del 7 de diciembre; de condicionar la solución de un conflicto salarial a la realización de un encuentro cara a cara con la presidente (según el hijo frenético del camionero) y de ofrecer la renuncia a la CGT si el gobierno accediera a sus reclamos (el propio Moyano). La suma de rechazos ya explicitados, minimiza los efectos del paro convocado para el miércoles: funcionarán el transporte y las fábricas, la administración pública, las escuelas, los comercios, los bancos, los hospitales, los bares y restaurantes.

Caras extrañas

De realizarse, la simultánea movilización sobre Plaza de Mayo mostraría un reagrupamiento político y social notable. Los gallardetes de la paleoizquierda, que en 2008 acompañaron a las patronales agropecuarias, harían coro esta vez a los camioneros, que entonces los enfrentaron. Y los compradores de dólares de los barrios pudientes de la Capital podrían integrarse a una plaza menos escuálida que en sus últimas incursiones libertarias a la intemperie (al penúltimo caceroleo asistieron pocos centenares de damas y caballeros; al último, citado para el jueves, no fue nadie). También le daría una segunda vida a Eduardo Buzzi y Hugo Biolcati, quienes manifestaron su apoyo. Hasta el filántropo colombiano Francisco de Narváez y el senador radical Gerardo Morales encomiaron a los sindicalistas que reaccionan contra la progresividad impositiva. En el primer caso, la motivación es tan obvia como la de Biolcati: para evasores y elusores no hay peor pecado que los impuestos. Con un desconocimiento asombroso de las escalas progresivas que se aplican, el senador Morales afirmó que “Cristina le quita el 35 por ciento del sueldo a los trabajadores”, que es el tope para una fracción minúscula (esta alma sensible redujo un 13 por ciento jubilaciones y salarios estatales cuando fue secretario de desarrollo social de la Alianza, no a unos pocos privilegiados sino a todos). Por eso, la UCR se ilusiona con el baño de multitudes que extraña desde la desaparición de Raúl Alfonsín. Los camioneros sin freno también contarían con la bendición del Episcopado Católico, que no quiso quedarse al margen del nuevo intento de demolición del gobierno y recurrió a uno de los dudosos informes de su Universidad Pontifica para justificar las protestas por la inflación que, sin embargo, no parece haber afectado el turismo de elite de uno de sus caritativos jerarcas. En forma por demás sugestiva, los principales apoyos que Moyano ha conseguido articular en las filas sindicales no provienen de la CGT que él encabeza desde 2004, ni de la Confederación de Trabajadores del Transporte cuya reorganización impulsó, ni de quienes junto con él integraron el MTA hasta 2000, sino de la denominada CGT Azul y Blanca, de José Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas. Este eje pauta la línea de repliegue ideológico de Moyano hacia la primera mitad de la década de 1970, cuando fue secretario de adoctrinamiento de la Juventud Sindical Peronista de Mar del Plata, en una conducción regional que también integraba Venegas. También integró la Juventud Peronista de la República Argentina, liderada por el asesor directo de López Rega, Julio Yessi, arrestado hace dos semanas en la causa de la Triple A. La contradicción principal que los guiaba entonces era la lucha contra la Juventud Trabajadora Peronista, la Tendencia Revolucionaria y los Montoneros, a quienes englobaban bajo la genérica denominación de zurdos o infiltrados. La asociación ilícita que Moyano hace del presente con aquellos años lo va aislando en forma inexorable de la realidad, que no se detuvo cuarenta años. Así como la cuestión gremial recubre una disputa política, el debate político se reduce a una visión ideologista, y la ideología oculta una cruda querella personal y de interés estamental. No había pasado una semana desde el comienzo del segundo mandato presidencial de CFK, cuando el jefe de los choferes pesados confundió el palco montado en el estadio de Huracán con el balcón desde el que Juan D. Perón tronó su ira contra los imberbes, sin advertir las diferencias entre ambas épocas y sus respectivos protagonistas. Como La Nación en 2003 con Kirchner, Moyano le declaró la guerra a CFK en cuanto terminó el escrutinio de 2011. Perdido en el tiempo y el espacio, quiere disputarle el poder a Cristina, como antes lo intentaron ante Perón el jefe del Partido Laborista, Cipriano Reyes, Augusto Vandor y Montoneros. Con Barrionuevo y Venegas, Moyano también comparte la aversión por los expedientes judiciales. No en vano, cuando a fines del año pasado la justicia devolvió a la circulación a Juan José Zanola, Moyano lo celebró, con argumentos falsos. La Cámara Federal no dispuso que el sindicalista bancario saliera de la prisión porque no hubiera pruebas en su contra, como dijo el chofer, sino porque pasaron dos años de su detención sin que la causa fuera elevada a juicio, como reclama el Pacto de San José.

Toco y me voy

El laberinto en el que Moyano atrancó en forma voluntaria los semirremolques no permite el retroceso y sólo permite avanzar hacia la huelga general revolucionaria, hasta la toma del poder y la construcción del socialismo. Ante este despropósito, quien puede capitalizar los estropicios es su compañero de juegos Daniel Scioli, quien con gran sentido de la oportunidad estaba en Italia cuando comenzaron los bloqueos con camiones a las refinerías. Fue también el más reticente de los gobernadores en cuestionar a los Moyano. El gobierno nacional tiene elementos para afirmar que Scioli había conversado con Moyano sobre la escalada confrontativa. Habrían acordado que no se bloquearía la planta de General Cerri, que abastece de gas licuado de petróleo a vastas zonas del interior bonaerense no conectadas por ductos. Pero ese presunto compromiso no se cumplió y la planta fue tomada, con tres camiones adentro, al mismo tiempo que la refinería de La Matanza. Guaminí, Orense Claromecó, Freyre, San Manuel, Lobos, Chacabuco fueron agotando sus reservas de gas. Cuando el gobierno nacional decidió recoger el guante, ni el jefe de gabinete Alberto Pérez ni la ministra de Infraestructura Cristina Alvarez Rodríguez tuvieron alguna participación. La mesa operativa que se instaló en el despacho de Julio De Vido, con aportes de Guillermo Moreno, Gabriel Mariotto y Sergio Berni, sólo pudo contar con el ministro de Economía, Alejandro Arlía, quien se instaló en Guaminí porque la empresa provincial de gas afectada depende de su ministerio, y el de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal quien envió cuarenta policías a La Matanza, para que apoyaran el despliegue de Gendarmería. Allí, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, distrajo a Pablo Moyano con una serie de llamadas telefónicas que anunciaban el avance de una formación de gendarmes sobre la entrada de la planta, mientras ocho camiones cargados salían por una puerta lateral. El gobierno recopiló en pocas horas una larga lista de choferes con habilitación profesional, dispuestos a treparse a las naves espaciales que son los camiones modernos. Sus nombres fueron suministrados por las fuerzas de seguridad y por los sindicatos que agrupan a taxistas y colectiveros. Mientras, Mariotto acompañó hasta Guaminí un camión con gas que desvió de su destino previsto, Corrientes. Con colaboración de los intendentes, se garantizó que la ruta estuviera franca. Las simultáneas denuncias judiciales del gobierno por desconocimiento de la conciliación obligatoria y por infracción a las leyes de abastecimiento y de soberanía energética completaron la reacción. Es improbable que esas causas lleguen a algo, pero en conjunto con las demás medidas, exhibieron ante los Moyano una voluntad política que no habían sabido calibrar. En esta pulseada todos juegan fuerte.