El gobernador Daniel Scioli, que siempre contó con un aceitado sistema de comunicación, optó por la sobriedad espartana de un comunicado para informar que desdoblaría en cuatro pagos el medio aguinaldo. El mensaje no detalla si se hará alguna diferenciación con los estatales de salarios más bajos. Algunos de sus allegados sugieren, en cauteloso off the record, que eso es aún posible pero hasta ahora nada se ha especificado.

La respuesta gremial llegó de volea y terminó siendo, en el opinable ranking del cronista, el dato sindical más relevante en una semana en la que tallaron alto el paro con movilización comandado por Hugo Moyano y la persistencia de la brutal movida de los Dragones en Chubut.

Los estatales de ATE, ligados a la CTA que conduce Pablo Micheli, harán huelga. Los docentes enfilan en el mismo camino. En ese espectro, es sabido, hay variados agrupamientos. La Federación Educativa Bonaerense auguró medidas de fuerza con durísimo discurso. El Suteba, que integra la CTA conducida por Hugo Yasky, analizará el curso de acción, que da la impresión de estar cantado. La interna gremial pesa, no podrá bancar ante sus bases una conducta más transigente que la FEB. Por añadidura, el escalonamiento del medio aguinaldo se añade al reclamo de reapertura de las paritarias, que el gobernador viene rehusando. También estaba frizado un reclamo sobre asignaciones familiares. El cierre traumático de la paritaria docente nacional añade su cuota de irritación. Los cuestionamientos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los maestros en su discurso del primero de marzo todavía resuenan en el imaginario de los docentes. Y el aumento del tope del mínimo no imponible para ganancias es mucho más que una demanda exclusiva de Moyano: la comparte todo el arco sindical, comprendiendo a los más afines al kirchnerismo.

Todo agrega, pero la gota que rebasó el vaso fue el sinceramiento de la situación financiera de “la Provincia”. Scioli precisó el auxilio nacional para poder honrar los sueldos de junio. El déficit es estructural y creciente. Mal momento para “jugar a más”, con la vista fija en 2013 o 2015, en la política nacional. El gobernador lo intentó, es patente que erró la táctica. Su partido de futsal con los líderes camioneros fue una provocación en mal momento. Scioli trató de justificarse camuflando lo político con digresiones deportivas: alega que (como al Barón Pierre de Coubertin) lo que le importa es competir, de modo amateur. En fin.

La Casa Rosada viene eligiendo al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para que le marque el paso. Así fue cuando lo indujo a modificar por decreto la alícuota del impuesto inmobiliario. Ahora le remesó, in extremis, los recursos estrictos para los sueldos. La Presidenta sumó conceptos a los hechos: no basta con estar en todas partes, también hay que gestionar.

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Y todas las cuentas me salieron mal: “Daniel tiene que hacerse cargo, maneja desaprensivamente los recursos. Gasta un platal en publicidad y en recitales de verano... después pide que le tiremos un salvavidas”. Un kirchnerista bonaerense, de alto piné, simplifica el entredicho. El hombre sabe que la publicidad o las jugadas culturales de verano son una gota en el océano del déficit. Lo que resalta es que el oficialismo nacional no va a asistir complacido a la campaña del gobernador con plata prestada.

El ahogo financiero no es monopolio bonaerense, son numerosas las provincias en aprietos. Las más grandes, en especial. Córdoba y Santa Fe encabezan la lista, Mendoza afronta dificultades. Es interesante advertir que las relaciones de sus gobernadores con el gobierno nacional son bien diferentes. Scioli es un caso único. El cordobés José Manuel de la Sota un adversario histórico. El socialista santafesino, Antonio Bonfatti, lleva por ahora una relación más que pasable, aun a costa de diferenciarse del líder de su partido y del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner. El mendocino Francisco “Paco” Pérez es muy valorado en la Rosada y zonas de influencia. Es lógico que los gestos de los “gobernas” también sean divergentes. Sólo dos salen a la palestra señalando, cada cual a su modo, al gobierno nacional. Scioli se victimiza, De la Sota demanda ante la Corte Suprema algo que no le redituará nada en el corto plazo pero que lo posiciona políticamente.

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La Copa se mira y no se toca: Cuando se acentúan las carencias provinciales, resucitan los nostálgicos de la reforma de la Coparticipación Federal. Analistas y periodistas varios se envuelven en el poncho y fustigan la cerrazón del kirchnerismo. Interpelan al sujeto equivocado: deberían golpear la puerta de los constitucionalistas del ’94. La Coparticipación es, según el diseño de la Carta Magna, una versión legal de un baúl de Houdini o de David Copperfield. La cláusula transitoria que estipula su cambio para ¡1996! requiere la aprobación de cada provincia interesada en cualquier modificación de competencias o de asignación de recursos. Traducido al criollo, ya que federales estamos: una reforma sólo sería posible mediando unanimidad de las Legislaturas. Pero es misión imposible porque siempre habrá alguna provincia perjudicada (y que, por ende, no avalará) si se retoca el esquema vigente.

Así las cosas, es ineludible la existencia de una masa coparticipable y de recursos que el Estado nacional pueda manejar con discrecionalidad. El cronista añade su valoración: está bien que así sea, aunque siempre puede discutirse a su interior. Federalismo no es confederación y sólo el gobierno central puede timonear la economía y buscar su sustentabilidad.

En las provincias se lamentan porque en los gobiernos kirchneristas se achicó el porcentaje de recursos coparticipables, dentro de la torta general. El gobierno nacional replica que ha sumado otro impuesto que gotea automáticamente, el fondo sojero. Y que no sólo hay que mirar porcentajes sino volúmenes de dinero. Más obras públicas en magnitudes sin precedentes, fondos de compensación educativa, Asignación Universal por Hijo (AUH), asistencia financiera con prórrogas de vencimientos.

Una mirada más integral debería añadir al análisis la estabilidad política de los gobernadores, que mayormente han revalidado en las urnas. El dato indica que las provincias (y sus autoridades legales) distan de estar desvalidas. Una lectura situada en el presente debería agregar que el año 2012 es uno de los más difíciles de la era kirchnerista.

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Puestos a prueba: El invierno llega con indicadores preocupantes, aunque manejables todavía. Suspensiones y algunos despidos en ramas habitualmente dinámicas (construcción, automotrices, textiles, cultivos regionales) son señales de alarma. La desaceleración económica es un dato cuya magnitud está en debate y en veremos. La inflación, olvidada en el relato del Gobierno y en buena parte de su discurso, sigue muy alta.

El oficialismo reacciona con acciones que otras administraciones no hubieran osado imaginar. Su decisionismo se mantiene invicto: YPF, reforma del Banco Central, plan de vivienda Pro.Cre.Ar son los productos epocales consistentes con las mejores medidas kirchneristas.

Tomar el toro por las astas es, paradoja sólo aparente si de los K se trata, más accesible que conseguir resultados veloces. A diferencia de lo que aconteció cuando la reforma jubilatoria o la AUH, las consecuencias no ocurren de inmediato y requieren mucha sintonía fina. En la gestión se verán los pingos, habrá que esperar los frutos, si el aparato estatal responde con destreza.

La crisis internacional propaga daños por doquier, se polemiza cuánto añade o resta la política económica doméstica. La inflación descuidada es una falla endógena. En el otro platillo de la balanza: el cuidado celoso de los puestos de trabajo es un bastión del oficialismo. El afanoso cuidado de los dólares, razonable en sesgo, se urdió con torpezas que obraron en boomerang.

En ese cuadro de situación, Scioli no tiene derecho a alegar su propia torpeza. Y el secretario General de la CGT Hugo Moyano se va de mambo cuando propone suprimir el Impuesto a las Ganancias. Las flagrantes demasías de los ex aliados, hoy adversarios, no explican todos los problemas ni santifican al sistema impositivo actual. El Gobierno ha cambiado parcialmente la matriz previa pero la fiscalidad es deficiente. La histórica desidia de las provincias para recaudar, a menudo un rebusque para no confrontar con el poder económico local, es otro factor distorsivo.

En la lógica de los sucesivos gobiernos surgidos desde 1983 nunca es buen tiempo para reformas impositivas de fondo. El kirchnerismo, con ser el más osado y redistribucionista de todos, no hace plena excepción. En tiempos propicios, prima la idea filo futbolera: “Sistema que gana, no se toca”. En trances dificultosos, todo se entrevera y se teme perder lo que se recauda seguro a cambio de virtualidades.

Según Alexandre Roig, doctor en Sociología económica, académico de la Unsam (a quien parafraseamos porque lo escuchamos en un intercambio informal), las administraciones kirchneristas son muy atentas y eficaces en el control de la macroeconomía. Y, cuando topan con dificultades, tienen la aptitud de “salir” con medidas progresistas. Esa aptitud, empero, debe complejizarse para llegar a los territorios. La política impositiva es una suerte de corredor entre “la macro”, provincias y municipios. En ese tránsito hay bretes desde 2003 que se potencian en la contingencia actual. Son desafíos recurrentes, con ingredientes novedosos.

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Otros sí pagan: Hay intendentes bonaerenses que no podrán pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. La nómina precisa se conocerá en los próximos días, una primera mirada sugiere que hay varios comprometidos en el interior de la provincia. En el conurbano el mapa es dispar. Hay municipios que tomaron sus previsiones, que moderaron el gasto y reasignaron bien. En Quilmes y Lanús, sin ir más lejos, el aguinaldo ya se pudo pagar con recursos comunales, ilusorio hubiera sido pedir una ayudita a La Plata.

Por lo bajo, la mayoría de los intendentes conurbanos recriminan a Scioli su fruición por la imagen, su afán por las cámaras de TV, la endeblez de sus políticas de fondo y su poco atinada contienda con el gobierno nacional.

La ruptura de la alianza estratégica entre el oficialismo nacional y Moyano impacta más allá de la General Paz. En todo este tiempo, la recolección de basura acrecentó su, siempre gravitante, peso en los presupuestos municipales: la praxis de Camioneros y el poder creciente de Moyano lo acentuaron. No hace tanto, el intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez le reprochó a “Hugo” que fuera sumando barrenderos a su sindicato, aumentando los gastos comunales. El Barba Gutiérrez, que es un histórico dirigente gremial, le espetó falta de solidaridad y arguyó “en la UOM jamás le sacamos afiliados a otros sindicatos”.

La perspectiva de re municipalizar la recolección de residuos cunde entre varios alcaldes: se bajarían costos si se prescinde de Covelia u otras empresas afines. El ahorro aumentaría porque un servicio de gestión estatal tampoco repondría IVA. Son derivaciones locales, en estudio, de una pelea que se disputa en otro ring.

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Matrices y herramientas: Los gobiernos que se sucedieron desde 2003 fueron hábiles para acrecentar poder político y recursos de caja, cualquier mirada lo percibe. Tal vez se les reconoce menos su manejo de crisis en 2008 y 2009, cuando se padeció la catástrofe financiera primermundista y se puso en cuestión su legitimidad. La carestía vino en combo con el revés electoral, de ambas se emergió velozmente y redoblando apuestas.

La historia no se repite pero hay recurrencias aquí y ahora. El oficialismo está mucho más sólido, merced a la legitimidad plasmada en las urnas hace un ratito no más. Hay opositores que acuden a encuestas de opinión para demostrar que ese episodio “ya fue”. Es poco serio o hasta avieso contraponer un sondeo ocasional con el veredicto popular. La repercusión institucional, mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso, es otra diferencia con el pasado que algunos fantasean repetir.

Las polémicas públicas siempre importan, aunque son menudas comparadas con los desafíos del momento. La Presidenta insinuó en un discurso una visión crítica de la redistribución del ingreso en la clase trabajadora. Inserta en el enfrentamiento con Moyano, la lectura se focalizó en los trabajadores mejor retribuidos. El cronista piensa que las diferencias intra trabajadores son inéditas en la historia argentina, por su magnitud. Efectivamente existen, en todos los estamentos sociales, ganadores y perdedores relativos del modelo. Pero, a su ver, el principal factor de la asimetría es la persistencia de una tasa alta de informalidad. Los laburantes formales perciben mejores salarios, tienen obra social, vacaciones y tutela indemnizatoria en caso de despido. Todos reciben aguinaldo, no así los que changuean o laburan “en negro” (expresión sintomática, si las hay).

Los principales responsables de la informalidad son las patronales que evaden cargas sociales. El Estado y cada gobierno están en segundo plano: no son los autores de la ilegalidad pero es su deber impedirla y sancionarla. El kirchnerismo ha hecho mucho para acotar la informalidad pero aún le resta mucho más por hacer.

La CTA ha defendido a desempleados o informales, con el poder relativo que posee. La CGT, por formato ideológico y limitaciones de sus dirigentes, se ha interesado menos. Moyano no podía enfatizar el punto en el palco, al lado de Gerónimo Venegas, recordman en compañeros explotados por sus patronales.

En una etapa de dificultades, se redobla la necesidad de que paguen más impuestos los poderosos. Estos son los dueños del capital, poco mentados en las polémicas de estos días. Un gobierno de sensibilidad nacional y popular es un actor protagónico para esos objetivos, que son luchas.

Las demandas sectoriales son irrenunciables y para eso están las representaciones gremiales. Esto dicho, sería funcional contar para esas lides con un movimiento obrero en tensa alianza con el oficialismo. Esa herramienta, da la impresión, no se compadece con el cuadro de fragmentación de la CGT que parece inexorable.

Los plazos corren, la renovación de mandatos en la principal Central está al caer. Aunque parezca lo contrario, tampoco resta tanto para diciembre, cuando vence el plazo que dispone el Grupo Clarín para adecuarse a las reglas de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual. Ese calendario incide en muchos desplazamientos y jugadas de estos días. Algunos se tramitan a la luz del día, otros en la oscuridad tan cara al establishment.

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