El Ministerio de Interior y Transporte dejó sin efecto un subsidio establecido en 2003 que fondeaba la evaluación psicofísica y cursos de capacitación de los choferes profesionales de camión. El año pasado la transferencia estatal al Régimen de Compensación de Aranceles (RCA) alcanzó los 90 millones de pesos que, a partir de ahora, correrán por cuenta de los empresarios transportistas. La medida, publicada en el Boletín Oficial en medio de la puja entre el Gobierno y el titular de la CGT, Hugo Moyano, no implica la eliminación de una fuente de recursos del Sindicato de Camioneros, ya que su obra social continuará realizando los exámenes psicofísicos, sino un cambio en el responsable de realizar los desembolsos mes a mes. El texto de la resolución aclara que los aranceles “deberán ser abonados por el transportista, el cual no podrá bajo ninguna circunstancia trasladar el costo del mismo al conductor”. Por su parte, los cursos de capacitación y perfeccionamiento que son realizados por la fundación de la cámara empresaria Fadeeac ahora también serán fondeados por los socios de esa entidad.

En el momento más tenso del feriado del 20 de junio, cuando Camioneros desarrollaba un paro en la estratégica rama de transporte de combustibles, ignorando la conciliación obligatoria dictada el día anterior, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusó a los empresarios y sindicalistas de actuar en tándem. “El paro se empieza a parecer más a un lockout patronal, que va en conjunto con el paro del sindicato”, apuntó el funcionario, quien afirmó que los dueños de los camiones dejaron de atender los llamados del Gobierno. Las acusaciones fueron rechazadas por el titular de Fadeeac, Luis Morales, a la mañana siguiente cuando anunció que se había alcanzado un acuerdo salarial.

Ayer algunos funcionarios recuperaban la idea de la “sintonía fina” para explicar la decisión de eliminar el subsidio al sector. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo e incluso empresarios del rubro consultados por este diario señalaban que la medida debe enmarcarse en la lógica planteada por De Vido. En ese sentido, la decisión que lleva la firma del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, generará tensiones dentro del sector: los empresarios deberán abonar a su cámara por los cursos de ocho horas que están obligados a mandar a realizar cada dos años a los choferes y la obra social pasará de recibir un solo pago –del Estado– por los exámenes psicofísicos a tener que cobrarles a miles de empleadores por cada evaluación.

“Era una decisión que se venía masticando hace algunos meses, pero se terminó de definir la semana pasada”, sostuvieron desde Interior y Transporte. Por su parte, desde Fadeeac evitaron realizar declaraciones, ya que su mesa directiva recién se reunirá mañana para analizar los cambios.

El subsidio del Régimen de Compensación de Aranceles (RCA) se creó a comienzos de la gestión de Néstor Kirchner, en un momento de crisis sectorial. En ese entonces, recuerdan en el Gobierno, los empresarios no enviaban a sus trabajadores a realizar los estudios. Para lograr la licencia profesional los choferes de camiones deben aprobar una evaluación psicofísica. En 2003 se realizó una licitación para decidir quién iba a estar a cargo de esos estudios. El concurso lo ganó la obra social de Camioneros. Ese mismo año, la CNRT instituyó, como requisito para acceder a la licencia, la formación profesional de los conductores de vehículos de transporte de cargas, que incluye la aprobación de cursos de capacitación y perfeccionamiento. Esos cursos quedaron, después de otra licitación, a cargo de la Fundación Profesional para el Transporte que pertenece a Fadeeac.

Hasta ayer, el Estado pagaba 326 pesos por cada evaluación psicofísica y 192 pesos por cada curso de capacitación y perfeccionamiento que deben realizar una vez cada dos años los choferes. Desde el sector empresario señalaron que la cantidad de choferes ronda los 180 mil. El texto de la resolución sostiene que el RCA “cumplió con la finalidad que tuvo en un momento de grave crisis económica e institucional del país, evitando el estancamiento del sector, preservando el interés público comprometido en la modernización y mejoramiento del sistema de transporte de cargas por automotor”, al tiempo que institucionalizó un sistema de evaluación difundido con un elevado estándar de calidad.

Anticipándose a los lamentos empresarios, el texto firmado por Randazzo sostiene que gracias a las políticas económicas desplegadas desde 2003 “el transporte automotor ha experimentado un incremento sostenido en los volúmenes transportados, diversificando las cargas y ampliando los puntos de origen y destino de las mismas”, añade el texto oficial. Así, de ahora en adelante, los 90 millones de pesos anuales recaerán sobre los empresarios quienes, según argumentan en el equipo de transporte, “cuentan con los niveles de rentabilidad para hacerse cargo”. De todas formas, la resolución afirma en su segundo artículo que “los distintos aranceles deberán ser abonados por el transportista, el cual no podrá bajo ninguna circunstancia trasladar el costo del mismo al conductor”.

La eliminación del RCA no es la primera medida que quita beneficios en el sector del transporte de cargas. Dos meses atrás, la Presidenta decidió finalizar el Régimen de Fomento para la Profesionalización del Transporte (Refop), que contemplaba la devolución de los aportes patronales para los empresarios del sector que tuvieran a su personal en blanco e inscriptos en el sindicato liderado por Moyano. A cambio, la mandataria presentó una línea de créditos del Banco Nación para la renovación de flotas de camiones, con una tasa subsidiada de 5 a 9 por ciento. Sin embargo, hasta ahora la propuesta no mostró grandes resultados.