El Congreso aprobará hoy la constitución de la Comisión Bicameral de reforma de los códigos Civil y Comercial, que comenzaría a trabajar en agosto próximo. Al tratarse de una comisión bicameral, su creación debe ser aprobada por ambas Cámaras, lo que sucederá esta tarde, cuando sesionen respectivamente el Senado y Diputados. En un plenario realizado la semana pasada, el Senado había emitido dictamen de mayoría mientras que Diputados hizo lo propio ayer. En ambos textos se establece una conformación de treinta miembros –quince de cada cuerpo– integrados proporcionalmente según la representación política. Desde la oposición consideraron “exiguo” el plazo de 90 días para que la comisión bicameral se expida pero el oficialismo retrucó que es un plazo razonable, en el que se realizarán audiencias públicas para escuchar distintas opiniones sobre el tema.

Con la constitución de la comisión bicameral arrancará la cuenta regresiva para la sanción de un nuevo código Civil y Comercial, elaborado por un grupo de juristas que encabezó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; su colega Elena Highton de Nolasco y la ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci. Posteriormente, el anteproyecto fue estudiado por el Poder Ejecutivo, que finalmente lo envió al Congreso para su tratamiento en la comisión bicameral especial.

Ayer se reunió el plenario de comisiones de Diputados que emitió el mismo dictamen que el Senado, con una pequeña corrección: se especificó que la presidencia será ejercida 45 días por cada Cámara. La oposición volvió a reclamar que se extienda el plazo de la comisión a 180 días.

“Noventa días es un plazo muy acotado y no sabemos lo que pretende. Es un proyecto que no va a tener discusión, por eso propongo un plazo de 180 días”, sostuvo la diputada de Unidad Popular, Liliana Parada. La voz discordante la llevó la diputada Elisa Carrió, quien se opuso al proceso de sanción del nuevo código y lo consideró “inconstitucional”. “Es un procedimiento elitista, parece el código de Borda durante la dictadura de Onganía con la diferencia de que, en vez de un autor, son varios autores”, sentenció Carrió, quien advirtió que la facultad para redactar códigos de fondo es del Congreso y no de una comisión de juristas.

De esta manera, Carrió se enfrentó con los argumentos del ex presidente Domingo Sarmiento, de Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre y el propio redactor del Código Civil argentino, Dalmasio Vélez Sarsfield, entre otros juristas que se manifestaron a favor de la aprobación a libro cerrado de los códigos para mantener la organicidad y coherencia del sistema.