Las partes acusadoras en el juicio por los fusilamientos de dieciséis presos políticos y el intento a otros tres que lograron sobrevivir en la Base Almirante Zar, en agosto de 1972, consideraron que los testimonios oídos en la audiencia de ayer completaron las pruebas que explican que esos hechos, enmarcados en lo que durante los últimos 40 años se conoció como la Masacre de Trelew, son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Las declaraciones de la historiadora Vera Carnovale y el integrante del Centro de Militares para la Democracia Horacio Ballester sirvieron para “caracterizar el período en el que acontecieron los hechos, cuando existía un ataque sistemático a militantes políticos de diferentes organizaciones”, mencionó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en el proceso, Germán Kexel. “Los testigos confirmaron que no se puede pensar la masacre como un hecho aislado de lo que sucedía en esos tiempos”, completó el representante de los familiares de las víctimas en el juicio, Eduardo Hualpa.

Carnovale y Ballester son dos testigos que la acusación sumó en el juicio oral, luego de que la Cámara de Casación sentenciara, en esa etapa del proceso de justicia, con la definición de si los delitos analizados constituyen o no violaciones a los derechos humanos. La mujer, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires y especialista en violencia política de la historia reciente, definió las condiciones políticas del país desde la dictadura de Juan Carlos Onganía hasta 1973 como un período “particularmente represivo”, marcado por la “institucionalización de la tortura, el uso de la picana eléctrica y como consecuencia de la tortura la desaparición de personas”. Según Carnovale, el contexto en el que sucedió la Masacre de Trelew fue aquel “profundamente imbuido de la doctrina de seguridad nacional que les atribuye a las fuerzas de seguridad la defensa en una guerra interna cuyo enemigo era la subversión”, apuntó. Ballester también basó su testimonio en el desarrollo de la doctrina que desde Francia y Estados Unidos formó a los militares latinoamericanos en la “lucha contra la infiltración comunista”. “Hacia fines de los ’60, la doctrina estaba aceptada en toda América y supervisada por la Junta Interamericana de Defensa”, reconstruyó el ex militar. Hualpa destacó que el momento más “fuerte” de su declaración fue cuando “sostuvo que era necesario un hecho de ejecución de esa doctrina y en Argentina fue la Masacre de Trelew”. En tanto, Kexel remarcó que el hombre encuadró los fusilamientos en “la política de la época, con lo que se entiende que la orden de fusilar partió desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas”. Sin ir más lejos, Ballester respondió ante el tribunal que, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, las órdenes “sólo podrían venir de las más altas esferas y (ser) transmitidas por la cadena de mandos”.

Así, dos de los últimos testigos del histórico juicio por la Masacre de Trelew lograron “explicar teórica y doctrinariamente lo que los testigos anteriores sufrieron en carne propia: la tortura y la persecución política sólo por pensar diferente”.