José Moukarzel murió en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. El 14 de julio de 1976 fue estaqueado desnudo en un patio. Le habían puesto escombros debajo de la espalda y recibía constantemente baldazos de agua fría. Era el día más frío del año. Se quejaba. Hasta que dejó de reaccionar. Miguel Mozé fue fusilado en un puente junto con otros cinco presos que habían sido sacados de la misma cárcel. Marta González de Baronetto fue asesinada en octubre de 1976 con otros cinco compañeros. Había sido arrestada en agosto de 1975. En ese momento, tenía una hija de un año y ocho meses y estaba embarazada. Su segundo hijo nació en la cárcel, tres meses antes de que la mataran e intentaran encubrir el crimen como un “intento de fuga”. Ninguno de los funcionarios judiciales que intervino en su momento en estos expedientes investigó o pidió que se investiguen esos hechos, como tampoco las torturas que padecieron y denunciaron muchos otros detenidos políticos alojados en ese penal. Los miembros del Poder Judicial señalados como cómplices de delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba durante la última dictadura comenzaron a sentir las consecuencias de aquellas acciones y omisiones. Esta semana, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena detuvo, a pedido del fiscal Carlos Gonella, a dos ex jueces, un ex fiscal y dos ex defensores oficiales. El último arresto, que se produjo ayer, fue el del ex juez Carlos Otero Alvarez, quien renunció en 2009, pero antes fue miembro del tribunal oral que condenó a Luciano Benjamín Menéndez.

Miguel Angel Puga era juez en 1976. Entre otros, tuvo a su cargo los casos de Moukarzel y Mozé. En su defensa, dijo que no le correspondía investigar el caso del hombre que murió luego de haber sido estaqueado como castigo por haber recibido un paquete de sal de un preso común porque había un certificado médico que establecía que el detenido había sufrido un “paro cardiorrespiratorio”. Puga fue detenido el lunes y llevado a la cárcel de Bower. El ex fiscal Antonio Cornejo también está acusado de no investigar estos hechos. Fue arrestado el martes pero se quedó en su casa, ya que le concedieron el beneficio de arresto domiciliario por problemas de salud. El tercer ex funcionario judicial arrestado esta semana fue Luis Eduardo Molina, ex defensor oficial.

Molina intervino en el caso de Luis Baronetto (los abogados particulares no podían entrar a la cárcel, por lo tanto los presos estaban obligados a tener defensores oficiales) y le recomendó “que dejara las cosas” como estaban cuando Baronetto reclamó que se investigara la muerte de su esposa. María Teresa Sánchez reveló que Molina le dijo: “Vos no colaborás y además no te querés sacar la bombachita, así no vas a salir nunca”. La mujer había sido “sancionada” porque se rehusó a ser “tocada” por el personal penitenciario.

El viernes fue arrestado Ricardo Haro, que también fue defensor oficial durante la última dictadura y luego miembro de la Cámara Federal de Córdoba. Uno de los casos por los que fue imputado es el de Francisco Hernán Sain, quien denunció haber sido sometido a torturas en el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D-2), donde fue encapuchado y golpeado y torturado con inmersiones de agua. Otro es el de una mujer que le relató que había sido golpeada, torturada y violada y que había sufrido un simulacro de fusilamiento.

En 1976, Carlos Otero Alvarez era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma. En 1977, ambos funcionarios judiciales visitaron a Baronetto en el penal de Sierra Chica –ya que estaban a cargo de su caso– y él les pidió explicaciones sobre el fusilamiento de su mujer. Ellos sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Los mismos funcionarios judiciales habían estado presentes en la indagatoria de Marta González de Baronetto. Allí, la mujer denunció que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua y que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban. No hubo ningún pedido de investigación sobre estos hechos.

Hace cuatro años, Baronetto pidió que el Consejo de la Magistratura removiera a Otero Alvarez, que era juez del Tribunal Federal Oral N0 1 de Córdoba y había intervenido en el primer juicio en el que fue condenado el represor Luciano Benjamín Menéndez. Además de su propio caso y el de su esposa, Baronetto señaló en esa oportunidad que el entonces secretario judicial autorizó traslados de ocho detenidos sin la firma del juez, cosa que excedía sus atribuciones. Esos “traslados” terminaron con cuatro presos torturados en la D-2 y cuatro presos asesinados. El Consejo de la Magistratura cerró el caso por “abstracto” porque Otero Alvarez renunció el 30 de abril de 2009 pero la Comisión de Disciplina y Acusación consideró que los hechos que se le imputaban al ex magistrado “evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Los miembros del Consejo destacaron que la actitud de Otero Alvarez “incluso fue diferente a la asumida por la secretaria (Cristina) Garzón de Lascano, que frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada certificó sus manifestaciones respecto de su dolencia y solicitó su atención por el médico forense. Por el contrario, Otero Alvarez al intervenir como secretario no labró ninguna certificación sobre el estado de las personas imputadas, que seguramente tenían lesiones visibles y no ordenó su atención médica. Por el contrario, el entonces secretario Otero Alvarez frente al pedido del padre de un detenido (Barrera) denegó la revisión médica de su hijo y de su nuera”. Otero Alvarez comenzó a ser indagado el miércoles y continuó ayer. Quedó detenido en el penal de Bower.

“Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguró Gonella, quien lleva adelante la investigación, ya que tiene la causa delegada, cuando pidió las indagatorias.

“Se ha dado un paso muy positivo por parte de la Justicia Federal de Córdoba. Cuando hicimos la denuncia y cuando se hizo el juicio de la Unidad Penitenciaria 1, sobre el fusilamiento de 28 presos políticos, funcionó la corporación de la sagrada familia cordobesa. Ahora hay un avance y esperamos que esto siga, no sólo para hacer justicia con hechos del pasado sino también porque esto reestablece la confianza en las instituciones democráticas y en la Justicia en particular”, dijo a Página/12 Baronetto.