Once años después de la puesta en marcha del Megacanje y de que se abriera la causa judicial para investigar quiénes le sacaron tajada, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró en rebeldía y pidió la captura internacional del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos David Mulford, quien ignoró cuatro citaciones a indagatoria. El banquero está señalado en el expediente como ideólogo de aquella medida, que ofreció a Domingo Cavallo y que finalmente fue presentada por el gobierno de la Alianza como una fuente de alivio para la crisis económica, pero que incrementó la deuda en cerca de 55 mil millones de dólares y benefició a un grupo de bancos, entre ellos el Crédit Suisse First Boston, al que él representaba. La acusación por negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex ministro de Economía está hace cerca de dos años elevada a juicio oral y pronto se le sumarán algunos banqueros. En cuanto a Mulford, sólo se sentará ante un tribunal argentino si su país de residencia admite extraditarlo.

Según los últimos datos aportados al juzgado por los abogados defensores en Buenos Aires, Mulford vivió en los últimos tiempos en Estados Unidos. Después de tener un cargo de embajador norteamericano en la India, que le otorgó inmunidad, el presidente Barack Obama cortó su carrera diplomática, por lo que regresó a la actividad bancaria y a manejar una fundación. La primera vez que se puso a disposición de los tribunales porteños, a poco de iniciarse la causa, dijo, intentando despegarse, que él era “un ciudadano norteamericano” que residía en ese momento “en Londres”, pero pedía que lo juzguen según el tratado de asistencia mutua en asuntos penales entre Argentina y Estados Unidos. Ante la reiteración de llamados a indagatoria, Mulford le hizo saber al juez Martínez de Giorgi que estaba dispuesto a declarar en territorio norteamericano y prometía cooperar. El magistrado aceptó y mandó un exhorto para concretar el trámite a través de la Justicia local, pero en dos años jamás le respondieron siquiera si le habían dado curso.

Frente al tiempo transcurrido y dado que el fiscal Federico Delgado ya había pedido mucho antes la captura, a lo que se sumó un reclamo de legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que en junio último alertaron sobre la posible prescripción de la causa, Martínez de Giorgi anuló el exhorto y le requirió a Interpol que salga a buscar y a detener a Mulford. En la resolución, que firmó el viernes último, el juez señaló “los numerosos intentos realizados por todos los medios jurídicamente factibles para lograr la comparencia de David Mulford, ya sea en el territorio de este país, como así también a través de las autoridades de Estados Unidos de América, todos los cuales indefectiblemente han fracasado”. Recordó, además, que un fallo de la Sala II de la Cámara Federal señala que es “imprescindible para profundizar la investigación contar con la declaración del nombrado”.

La denuncia penal original sobre la trastienda del Megacanje fue hecha por el abogado José Luis Fabris, a quien luego se sumó Mario Cafiero. Los primeros escritos advertían que el Megacanje no era otra cosa que el canje de títulos públicos de la deuda que tenía como beneficiarios principales, a través del cobro de abultadas comisiones, a una serie de bancos elegidos de manera arbitraria: el Banco Galicia, el Banco Santander, el BBVA Banco Francés, el Crédit Suisse First Boston Corporation, el HSBC Bank Argentina SA, J. P. Morgan Securities Inc y Salomon Smith Barney. También señalaban, entre otras cuestiones, que la Ley de Administración Financiera autoriza al Estado a canjear deuda siempre “que la nueva deuda emitida mejore las condiciones de la anterior (...) nada de ello ocurre ya que a simple vista se ha cambiado títulos cuyo interés era de aproximadamente el 7,5 por ciento anual al 13,5 por ciento anual, esto es un aumento del 6 por ciento anual. Solamente en el peso de los intereses, esta nueva emisión de títulos significa un desembolso adicional de 2000 millones de dólares anuales”.

En sus orígenes, la investigación penal estuvo a cargo de Jorge Ballestero, quien luego ascendió a camarista, y su juzgado quedó subrogado por Martínez de Giorgi, cuyo pliego está cerca de ser aprobado por el Senado. La lista original de imputados, que incluía desde el propio ex presidente Fernando de la Rúa, pasando por Cavallo, su secretario de Finanzas, Daniel Marx, y varios banqueros, se fue reduciendo en el laberinto judicial con el correr de los años. El ex ministro de Economía es el único que llegó a la instancia de juicio oral, mientras y pronto, anuncian allegados a la causa, se sumarían los banqueros y ejecutivos de las distintas entidades que intervinieron en el canje (podrían quedar incluidos, entre otros, José Rohm, Eduardo Escasany, Luis Ribaya, Gervasio Collar Zabaleta, Antonio Garcés, Carlos Villahoz y Jorge Bledel). Marx y De la Rúa, entre otros, quedaron desvinculados.

El delito de negociaciones incompatibles, por el que el caso fue elevado al Tribunal Oral Criminal 1 (TOC1), prevé hasta seis años de prisión. Para este tribunal no es un tema prioritario. Ya le anunció a la Cámara de Casación que por la saturación de causas ni siquiera está en condiciones de realizar dos juicios de expedientes igualmente viejos, como son el enriquecimiento ilícito de Alberto Kohan y la omisión maliciosa (en la declaración jurada) de Carlos Menem. Primero, sostienen, deben juzgar el Plan Cóndor, que puede llevar más de un año. El Megacanje, entonces, quedaría con suerte para mucho después, a menos que sean nombrados otros jueces.

La posible extradición de Mulford tampoco será un trámite rápido ni es seguro que ocurra, ya que está sujeta a la predisposición de las autoridades norteamericanas, que en otros casos –como el de la solicitud de extradición de Alejandro Antonini Wilson– ha rechazado o ignorado las peticiones de la Justicia argentina. Aun así, “el pedido de captura de Mulford demuestra que la causa está viva”, se autoconsoló Cafiero en diálogo con este diario. “Los acusados decían que no hubo aumento de la deuda y, sin embargo, logramos que avanzaran las pericias que demostraron que creció en 55 mil millones”. Fabris dice que habría que “aplicar la justicia universal para los delitos económicos”. “Quizá –agrega– no todo esté perdido, y la medida (sobre Mulford) signifique el fin de la impunidad para aquellos banqueros y funcionarios que saquean y empobrecen países subdesarrollados.”