El juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella ya tiene quien lo investigue. El diputado Carlos “Cuto” Moreno y el senador Marcelo Fuentes anticiparon que presentarán hoy una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que sea analizada la conducta de este magistrado. Moreno, que preside la Comisión de Acusación del organismo, y Fuentes –-que también integra esta comisión– explicaron a este diario que elaboraron la denuncia que presentarán hoy a las 10 en base a la “información publicada por Página/12 y luego por la revista Veintitrés”, y aclararon que para tomar esta decisión consideraron que los hechos descriptos “podrían ser causal de destitución”. Por otra parte, el fiscal de primera instancia del juzgado de Armella, con el aval de la fiscalía de Cámara, resolvió impulsar una investigación sobre el desempeño del juez como supervisor del saneamiento del Riachuelo. Este diario publicó las pruebas según las cuales Armella permitió que empresas con las que tiene vínculos obtengan contratos millonarios sin licitación en el plan integral para la recuperación ambiental del Riachuelo.

La Corte Suprema delegó en este juez la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo. Los documentos de la propia Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) ponen en evidencia una misma práctica que se repite y que consiste en que el juez intima a la Autoridad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones graves, a que realice determinados proyectos y le fija un plazo. Con la excusa de la premura, ese organismo omite el llamado a licitación y las obras propuestas terminan en manos de empresas cercanas al mismo juez que ordenó esos emprendimientos, con costos que a veces hasta triplican los precios de mercado. Hasta la firma de los contratos todo es celeridad, pero a la hora de la ejecución de las obras el ritmo se desacelera.

En una decisión basada en la afectación de los derechos humanos fundamentales a la salud, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada, la calidad de vida y el ambiente sano, en 2006 la Corte Suprema asumió la responsabilidad de organizar la limpieza efectiva de la cuenca hídrica más contaminada del país. Creó la Autoridad de la cuenca y designó a Armella como instancia de revisión judicial de las decisiones del organismo. Pero luego de que Página/12 demostrara su desempeño, el martes pasado la Corte resolvió investigar “los hechos difundidos” respecto de Armella, que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública” y le reclamó al juez que formulara su descargo. La Corte Suprema le puso a Armella un plazo de cinco días para que responda con “un informe preciso y circunstanciado”.