Cientos de prefectos coparon ayer las entradas de dos sedes de la fuerza en la ciudad de Buenos Aires, en protesta por los cambios en la forma de liquidar sus sueldos. El secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, sostuvo dos reuniones y pidió 24 horas para resolver el tema, ya que la medida implementada por decreto presidencial apunta en realidad a reordenar la escala salarial. Al principio hubo acuerdo pero en la segunda reunión se cayó lo pactado en el edificio Guardacostas, sobre avenida Eduardo Madero 235, “por la radicalidad de los asistentes”, confió una fuente Ministerio de Seguridad. Anoche un equipo de la cartera de Economía revisaba la liquidación hecha en Prefectura Naval sobre la base de un decreto, mientras la presidenta Cristina Kirchner se reunía en la quinta de Olivos con los ministros de Seguridad y Economía, Nilda Garré y Hernán Lorenzino, y funcionarios de la fuerza.

Según se informó oficialmente, el decreto 1307 tiene como objetivo regular los salarios de esa fuerza de seguridad y de la Gendarmería Nacional. “Esto se hizo a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de una gran cantidad de amparos vigentes y de maniobras dudosas por la que algunos jueces, que estarían arreglados con buffetes de abogados, imponían sueldos de 30, 70 o 100 mil pesos. Es decir, sueldos totalmente distorsionados”, explicó una fuente del Ministerio de Seguridad a este diario (ver aparte).

En diciembre pasado, agregó la fuente, varias cautelares se cayeron y eso también influyó en el descontento. El decreto fue elaborado por las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Seguridad, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte. “El decreto estipula que se blanqueen el 30 por ciento del sueldo y el otro 70 siga siendo no remunerativo por tratarse de suplementos. Esto trajo una baja en el sueldo por las cargas sociales y ganancias”, explicó la fuente consultada.

La propuesta que llevó Berni, para el caso de los “no judicializados”, es revertir la situación para que ganen, en mano, lo mismo que el mes anterior. “Los que tienen cautelar se les revisará la liquidación que hizo la Prefectura”, agregó la fuente. Estos últimos eran los más enfurecidos, cuando se acercó el secretario de Seguridad pasado el mediodía. En la primera reunión hubo suboficiales jóvenes, que reclamaban poder organizarse sindicalmente, y otros con cierta antigüedad, quienes quisieron hacer pesar en su sueldo los años de servicio. También algunos que se habían quedado sin medidas cautelares. La oferta fue aceptada. Sin embargo, en una segunda reunión con algunos referentes de distintas reparticiones de la Prefectura y familiares, hubo desacuerdos.

Según comentó Oscar, un prefecto que participó de esa segunda reunión, Berni volvió a pedir 24 horas, pero fue rechazado porque, según dijo el prefecto, no se contemplaban todas las situaciones salariales. “Esto viene de la época de Raúl Alfonsín, que nos desenganchó de los judiciales. Hasta ese momento, un prefecto nacional argentino cobraba igual que un juez. Después (el ex ministro de Economía Domingo) Cavallo nos sacó el plus por comandar los buques extranjeros desde La Plata al puerto de Buenos Aires”, aseguró Oscar.

Fue entonces cuando aparecieron los buffetes de abogados y comenzaron los juicios. “Algunos abogados nos robaron, otros nos consiguieron cautelares y cobramos. Quedaron tres grupos: los que no tienen cautelar, los que tienen y los que tuvieron y la perdieron”, comentó el prefecto. A su lado, otro aseguró tener 35 años de antigüedad y cobrar 7300 pesos. “Pasan muchas cosas. Nosotros no tenemos seguro de vida, como la Policía Federal, y tenemos funciones de ellos. A los que trabajan en comisarías se les paga un plus, pero si son del conurbano no lo reciben”, aseguró Oscar.

Los reclamos comenzaron por la mañana, en el cuartel de la Unidad Cinturón Sur 24, en la calle Pinzón 90, del barrio porteño de La Boca. Allí, los uniformados aseguraron que la protesta era “pacífica” y que no estaban armados. “Nosotros no estamos autoacuartelados, estamos realizando una protesta para que nos expliquen a qué se debe la baja de sueldo”, dijo allí un prefecto a varios medios. Desde la Prefectura Naval informaron entonces que “se produjeron algunas manifestaciones de descontento en sectores focalizados de la institución”, aunque no había abandono de tareas.

Al mediodía, ya estaban cubiertas las escalinatas del edificio Guardacostas. “Y ya que estamos en el baile, vamos a pedir por todo”, advirtió uno de los prefectos a Página/12. El petitorio leído y ampliado varias veces durante la tarde y la noche incluía “garantizar los derechos constitucionales” para poder manifestarse, “un salario acorde a la jerarquía y a las tareas”, un piso de 7000 mil pesos, mejoras en la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, “cobertura sanitario a nivel nacional” y mejorar las pensiones para retirados.

Por la noche, luego de intimidar y golpear a uno de los jefes (ver aparte), los prefectos aseguraron que se habían sumado algunos gendarmes y cantaron el Himno Nacional, blandiendo banderas argentinas y apoyados por los bombos y algunos vientos. “TN sí, Crónica no”, pidieron después, cuando informaron que iban a quedarse toda la noche, a esperar la decisión que se tomara en Olivos. “Dejemos salir a los jefes para que puedan ir a esa reunión, en la que vamos a tener participación”, pidió desde las escalinatas un hombre desde un megáfono.

Anoche, los ministros Lorenzino y Garré fueron convocados a la quinta de Olivos, junto con la cúpula de la Prefectura. Los efectivos seguían apostados frente al Guardacostas y ya circulaban los termos de café.

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