El Gobierno dará hoy una primera respuesta al petitorio formulado por los gendarmes y prefectos que reclamaron la semana pasada por la mala liquidación de sus haberes. Parece cantado que el Ejecutivo no responderá a Raúl Maza ni a los demás sancionados por actos de indisciplina grave, que fueron puestos en disponibilidad, no por la protesta inicial sino porque luego continuaron bloqueando los edificios centrales de Gendarmería y Prefectura, y no retornaron a sus unidades como habían ordenado los nuevos jefes de ambas fuerzas. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, ratificó durante el fin de semana que este martes habría una respuesta al petitorio que recibió el secretario de Seguridad, Sergio Berni. No está claro si se hará en forma pública o directamente a los dos nuevos jefes, el de la Gendarmería, Enrique Zach, y el de la Prefectura, Luis Heiler. El objetivo prioritario es que se recomponga la cadena de mandos, por lo que nueve efectivos fueron sancionados de acuerdo con lo previsto por la ley 26.394 que pena las faltas de disciplina.

Ayer, Maza, el vocero de los gendarmes amotinados reiteró que las sanciones son una ruptura de lo acordado verbalmente con Berni en el sentido de que no se tomarían medidas disciplinarias. Desde la jefatura de la Gendarmería respondieron que ninguno de los pases a disponibilidad tiene que ver con la protesta inicial sino con la falta de cumplimiento de las órdenes posteriores, tras la recepción por Berni del petitorio, cuando se instruyó a los amotinados que debían liberar las calles y las escalinatas frente a los edificios Guardacostas y Centinela, y que cada efectivo debía retornar a su unidad.

Maza argumentó que la protesta es un derecho constitucional, pero la ley 26.394, votada por el Congreso, deja en claro que se trata de una falta grave. Durante el fin de semana, la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, calificó de “peligrosa” la actitud de los gendarmes y prefectos, ya que “no son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar en forma distinta a los que tienen armas entregadas por el Estado”. En 2008, por iniciativa del Gobierno, se derogó el Código de Justicia Militar, un fuero especial que llevaba a que militares juzgaran los delitos militares. La nueva ley eliminó ese fuero y modificó el Código Penal para que los delitos cometidos por militares o gendarmes fueran juzgados por la Justicia ordinaria. En el título segundo, artículo décimo de esa ley se considera como falta grave la ruptura de la disciplina. Hay otros artículos de ese mismo título segundo que van en el mismo sentido.

Hasta ayer, la Gendarmería pasó a disponibilidad a nueve efectivos, entre ellos a Maza y a otros dos voceros por no acatar la orden del nuevo jefe de la fuerza de desocupar los lugares de acceso al Centinela. En Córdoba fue relevado de su cargo el jefe de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería de Jesús María, quien alentó la protesta y la misma suerte correría el subjefe. Hay un dato llamativo: el 41 por ciento de quienes están en las escuelas de la Gendarmería ya tienen sueldos judicializados, es decir que ya le hicieron juicio a la fuerza, aun antes de ingresar plenamente a sus filas. La asombrosa industria del juicio en Gendarmería y Prefectura fue detallada por Horacio Verbitsky en la edición del domingo de Página/12. Un 79 por ciento de los gendarmes y un 60 por ciento de los prefectos tienen sus sueldos judicializados.

Por el lado de la Prefectura, ayer los voceros de esa fuerza aclararon que no hay nadie pasado a disponibilidad. Sí se abrieron dos expedientes que tienen que ver con la agresión a un prefecto general al salir del edificio Guardacostas. En este marco parece imposible que haya una reunión entre el Ejecutivo y los amotinados puestos en disponibilidad. Las alternativas parecen dos:

• Que el gobierno nacional les transmita su propuesta a los jefes de la Gendarmería y la Prefectura. Se trata de un paso a recomponer la cadena de mandos. El mensaje sería que el interlocutor son esos nuevos jefes de las fuerzas.

• Que el anuncio sea general, en conferencia de prensa de la ministra Garré y el secretario Berni. Sería la oportunidad también para explicar las medidas tomadas y las propuestas que se formulan.

Un equipo de economistas vinculados con el kirchnerismo difundió ayer parte de los números del decreto 1307, que fue origen del conflicto. El texto sostiene que el objetivo del decreto era recortar los sueldos altos, todos dictados por cautelares, y favorecer a los sectores más bajos del escalafón. Por ejemplo, citan que un marinero recién ingresado cobraba 4216 pesos por mes y el decreto lo sube a 5396 pesos, con un 28 por ciento de aumento. También el texto manifiesta que el promedio de sueldos, en bruto, de la administración pública es de 7457 pesos, mientras que en la Prefectura el sueldo promedio es de 9100. Por supuesto que con el decreto, que blanquea numerosos adicionales, aumentan los descuentos jubilatorios, de obra social y, en muchos casos, del Impuesto a las Ganancias. Pero los objetivos del decreto eran justamente tres: blanquear la mayoría de los adicionales no remunerativos; evitar que los jefes ganen 25 veces más que sus subordinados; y evitar también que en un mismo grado haya efectivos que ganen dos o tres veces más que otros.

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