“No conseguíamos los familiares un abogado que nos hiciera un recurso de hábeas corpus, nadie, pero nadie”, dijo Dolly Mabel Perini de Gallardo en Salta, meses atrás. “Conseguí a un abogado que me hizo escrito en lápiz y yo presenté el recurso escrito en mi máquina, porque ni su máquina me prestaba y escribí todo lo que me había dicho el doctor. Estaban muy preocupados los abogados, también tenían miedo, cuando llegaba a (el ex juez Ricardo) Lona, me recibía y me miraba con mala cara porque yo lo conocía de la casa de Jaime Dávalos y tomaba el hábeas corpus y en mi cara lo tiraba a la basura.”

–¿Cuántas veces sucedió ese hecho? –le preguntó el presidente del Tribunal.

–Dos o tres veces, no sé.

La Unidad de Coordinación Fiscal de las causas de lesa humanidad acaba de impulsar una nueva denuncia contra el ex magistrado Ricardo Lona, esta vez destinada a la Justicia Federal de Salta para pedir que se lo indague como partícipe del secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ragone. La presentación busca no sólo insistir con la investigación sobre un símbolo de la impunidad de la dictadura. Vista de cerca, muestra además nuevas lecturas sobre el rol del Poder Judicial que a ojos de los fiscales se hace más comprensible y profundo a medida que avanzan los juicios de lesa humanidad. Lona, que en esa causa era investigado sólo por encubrimiento, aparece ahora como partícipe del aparato represivo. A la inacción en la causa del ex gobernador, el archivo y disimulo de las pruebas, agregaron otras denuncias, como la de Dolly Mabel, que muestran su conducta como sistemática y continuada en el tiempo.

“Esta tolerancia y colaboración por parte del magistrado terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad y militares”, dijeron. “Una conducta que excede el mero favorecimiento (...) (y) lo pone directamente en la estructura represiva como si fuera un ejecutor más.” Lona “estaba en ese puesto para brindar impunidad: ése fue su rol en esta empresa criminal”.

El juicio oral por el secuestro y homicidio de Ragone concluyó el año pasado con un pedido explícito del fiscal Horacio Azzolín para que la Justicia investigue en estos términos al ex magistrado, que atravesó como juez toda la dictadura. Los testimonios y pruebas del debate habían acreditado no sólo que doce días después del secuestro de Ragone archivó la causa sin investigar, sino que hizo lo mismo con muchísimas otras denuncias. En esta presentación nueva, Azzolín retoma y robustece el pedido con las pruebas del debate, en un informe que lleva estratégicamente las firmas del jefe de la Unidad de Coordinación de Causas, Jorge Auat, y del fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca.

En el contexto de la causa Ragone, Lona aparece en escena desde el primer momento. Como amigo de la familia, los testigos lo muestran en la casa de la viuda prometiendo llevar adelante personalmente una investigación que en realidad se encargaría de disolver horas más tarde. “Insulta a la inteligencia pensar que, por ejemplo, todas las diligencias de prueba omitidas no se practicaron porque no se les ocurrieron a quienes no sólo estaban entrenados para eso sino que, además, tenían la obligación funcional de hacerlo”, recuerda el escrito citando al ex juez. “Ya se ha explicado cómo entrevistó a la familia de Ragone en su domicilio al poco tiempo del hecho, conversando allí con un posible testigo –Mendoza– y estando presente en la comisaría preventora. Esto, más allá de que la envergadura del caso y su repercusión pública, porque la víctima era el ex gobernador de la provincia, ameritaba una investigación exhaustiva que no se realizó.” No se escuchó a la mujer de Ragone ni a su hija. La instrucción judicial fue un “fingido intento de investigación”. No se hicieron rastrillajes, no se tomaron pericias. No se hizo la autopsia de Santiago Arredes, uno de los testigos que cayeron muertos, hermano del entonces comisario Roberto Arredes, jefe de contralor de la policía, y otra de las razones por las que el caso tomaba dimensión pública y notoria. Ya en democracia, Lona recibió información de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación sobre la relación del crimen con las fuerzas represivas, “pese a lo cual no reabrió la investigación cuando ella estaba reservada esperando, supuestamente, nuevos elementos de prueba para hacerlo”. Colocó “de puño y letra, simplemente ‘Agréguese’, cuando se le estaba aportando una línea de trabajo concreta”. Nada indica que su obrar se debió solamente a que era un funcionario “negligente”, insisten. “Si se estudia su actuación (o la falta de ella) en otros tantos casos denunciados durante el gobierno de facto, se advertirá claramente que su accionar respondía a un patrón: no investigar los hechos que aparecían cometidos por las fuerzas de seguridad, en el ámbito de la alegada lucha contra la subversión o situaciones afines.”

Es muy impresionante ver los nombres que el informe incluyó a continuación. Madres, padres o familiares de distintos secuestrados que acudieron a ver a Lona y luego se iban con el cierre de un expediente que decía “sobreseído por falta de pruebas”.

El intento por llevar a juicio a Lona en Salta es largo. Lona está acusado además en la causa por la Masacre de Palomitas, donde los testigos lo inscriben como presente en los traslados de detenidos. En esa causa, la Corte Suprema emitió un fallo en septiembre que vuelve a impulsar la investigación. Pero nadie sabe si el ex magistrado volverá a contar con las ayudas locales que hasta ahora le garantizaron impunidad. “La Cámara de Salta le dio una mano extraordinaria”, dice Azzolín y recuerda que Lona zafó de ser investigado porque en la primera instancia y luego la Cámara consideraron que su conducta era reprochable en términos de “encubrimiento”, pero lo entendieron como delito prescripto tanto en Ragone como en Palomitas. Ahora el juez federal 2 Miguel Medina es el que debe aceptar o rechazar el pedido de indagatoria con estas características. Un dato difícil de saber si se toma en cuenta que para el recurso ante la Cámara, hubo treinta abogados de la matrícula que se excusaron de intervenir no por odio manifiesto sino por amistad.