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Varios países, entre ellos Alemania, Holanda, Suiza, Noruega, Uruguay y Eslovenia, pidieron ayer a la Argentina que garantice el acceso a los abortos no punibles y expresaron su preocupación por las muertes de mujeres por abortos inseguros. Fue durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el cual Argentina se presentó para rendir el Examen Periódico Universal, un mecanismo por el cual se examina la situación de cada uno de los países en la materia cada cuatro años. También le recomendaron que adopte las medidas que garanticen en todo el país el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los abortos permitidos, donde exhortó a los gobiernos nacional y de las provincias a establecer protocolos que eliminen las trabas arbitrarias y la judicialización, ante un pedido para la interrupción legal de embarazo.

“La situación de los derechos sexuales y reproductivos fue uno de los temas sobre el cual hicieron hincapié casi diez países, lo que demuestra que es un tema que la Argentina debería haber incorporado en su informe sobre los derechos humanos en el país y no lo hizo”, observó Mabel Bianco, directora de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), que siguió atentamente la intervención de la delegación argentina desde Buenos Aires.

La representación de Noruega, por ejemplo, pidió “reducir la cantidad de muertes maternas por abortos inseguros”, mientras que Alemania reclamó “un efectivo acceso a los abortos no punibles” sin necesidad de judicialización de los casos, como lo determinó la Corte Suprema cuando el embarazo es producto de violación. “Las restricciones que persisten para el acceso a abortos no punibles, junto con la situación de violencia y hacinamiento en las cárceles, figuran como dos de las cuestiones más graves de la situación del país en los derechos humanos en el informe que presentó Amnistía Internacional Argentina ante la ONU. Y fueron muchos los países que también señalaron esos dos temas”, dijo en Ginebra Paola García Rey, coordinadora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de AI, al término de la sesión.

FEIM y AI, junto con otras ocho organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, presentaron en abril ante el Consejo de Derechos Humanos un informe conjunto, sobre las deudas del Estado argentino en materia de derechos sexuales y reproductivos. Los datos de ese reporte fueron tenidos en cuenta por los representantes de los distintos países que interrogaron ayer a la delegación argentina sobre el acceso al aborto no punible y la alta tasa de mortalidad materna, cuya principal causa son los abortos inseguros. En ese informe trabajaron también el CELS, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre otras entidades.

La delegación argentina, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, recibirá mañana el informe con las recomendaciones de los demás estados en materia de derechos humanos, cuyo cumplimiento será revisado en la próxima presentación, dentro de cuatro años. La directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Andrea Gualde, recordó que en la Argentina es “gratuito, público y universal” el acceso a métodos anticonceptivos y que el Ministerio de Salud ya elaboró el protocolo de acceso a abortos no punibles. Hay provincias, de todas maneras, que no han adherido ni tampoco han dictado uno propio. Las ONG argentinas reclaman que ese protocolo nacional tenga status de resolución ministerial. “La comunidad internacional y la sociedad toda están pidiendo que el Estado argentino se aboque a una solución integral para la salud de las mujeres, que al menos garantice la cobertura cuando enfrentan una práctica legal, como los abortos en los casos permitidos por la ley, y también que habilite el debate en el Congreso Nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, señaló Silvina Ramos, del Cedes, durante una conferencia de prensa que brindaron las ONG, después de conocer las preguntas que se le hicieron al país en Ginebra.

No es la primera vez que el problema de la criminalización del aborto en la Argentina desencadena recomendaciones desde organismos internacionales. En marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en las observaciones finales sobre Argentina, tras examinar el informe presentado por el país en el 98 período de sesiones, para evaluar la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, expresó “su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo”. Y consideró que: “El Estado Parte debe modificar la legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”.

El 11 de junio de 2010 también el Gobierno recibió recomendaciones en un sentido similar del comité que monitorea la aplicación de la Convención de Derechos del Niño.