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No es sencillo desandar el camino transitado. Durante un cuarto de siglo de neoliberalismo, la economía se convirtió en un listado de verdades absolutas en la que existía un núcleo de “sabios”, “gurúes” o “expertos” que, al tener la capacidad absoluta de decodificar las leyes de mercado, se convertían en una suerte de dueños de esas verdades. Entre esos habitantes del panteón estaban las calificadoras de riesgo.

Pero el neoliberalismo no es una religión, sino la representación de un sistema claramente definido de intereses. La concentración del poder y la riqueza que produjo no fue una casualidad, ni sus beneficiarios lo fueron por azar. Gobiernos, medios de comunicación, dirigentes políticos y corporativos lo defendieron y justificaron, aun en sus consecuencias sociales más oprobiosas, sabiendo de qué se trataba.

Las agencias calificadoras de riesgo de rango internacional cumplieron su papel en esta obra. Sería ingenuo tratarlas de “incapaces” por no haber previsto la caída de Enron o Parlamat, a las que asignaban una alta calificación hasta pocos días antes de caer. O por haber calificado de “riesgo casi cero” a los bonos de hipotecas subprime estadounidenses hasta pocas semanas antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Tampoco sería acertado atribuir a “ignorancia” las buenas calificaciones que les otorgaron a bonos y acciones surcoreanos a fines de los ’90 o los elogios a la convertibilidad argentina para la misma fecha, sin advertir sobre el crac inminente.

Pero las grandes calificadoras (S&P, Fitch, Moody’s, JP Morgan) cumplían su rol, alentando a quienes se alineaban con el modelo y lanzando las más terribles sospechas e intrigas sobre quienes se desmarcaran. Esto bien se sabe en Argentina, país que pasó de una vereda a la otra entre el 2001 y 2003.

A quienes suponen que el producto que venden las calificadoras al mercado es “información confiable”, les resulta incomprensible que sigan existiendo. El error es asimilar el papel de una calificadora a la que cumple un auditor externo. Cuando cayó Enron, el que se “quemó” fue Arthur Andersen, que había puesto la firma asegurando que sus balances reflejaban la verdad. Las calificadoras que le pusieron buena nota a la empresa, no. S&P, Moody’s, Fitch y JP Morgan no dejaron de ser funcionales a la comisión reguladora del mercado de Nueva York, que sigue exigiendo una nota favorable de estas firmas a cada empresa que pretenda, por ejemplo, emitir deuda.

Esas “notas favorables” son el producto que venden las calificadoras a quien esté dispuesto a pagarle. Son muchos los intereses que están en juego, a los que las grandes calificadoras no son ajenas. Grandes estafas, como la del caso Enron, contaron con el favor de buenas calificaciones que las hicieron posible. Las calificadoras podrán alegar que no fueron cómplices, sino víctimas de balances falsos. Lo que no podrán eludir es la responsabilidad de haber sido parte activa de esta gran estafa internacional llamada neoliberalismo. Aunque a muchos todavía les resulte difícil entenderlo.