Ni francotiradores, ni manifestantes armados. Un peritaje ordenado por la Justicia determinó que el 20 de diciembre de 2001 las balas que asesinaron a tres personas, de las cinco que cayeron en Capital, fueron de la policía. Esta comprobación es de fundamental importancia con miras al demorado proceso oral en el que serán juzgados los ex jefes policiales, los ex funcionarios del gobierno de la Alianza y, si se revoca su sobreseimiento, también el ex presidente Fernando de la Rúa. Más de una década después de los hechos, los abogados del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos sostienen que los que protestaban en el microcentro tenían “escopetas caseras”. Pero un peritaje permitió descartar los argumentos de los imputados sobre la procedencia de los disparos mortales, y también la posibilidad de que postas de plomo hayan estado “de casualidad” entre las de goma. De todos modos, no estarán en el banquillo ninguno de los uniformados que dispararon, porque los tiradores no pudieron ser identificados, según surge del informe pericial de la Gendarmería al que tuvo acceso Página/12.

Hace varios años el querellante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había solicitado esta medida para determinar quién o quiénes dispararon contra Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón. A más de diez años del hecho, los peritos gendarmes concluyeron la primera parte de su informe y no pudieron determinar a un policía en particular, pero enfatizaron que los disparos provinieron del sector en donde estaba la policía. Ahora trabajan en una segunda parte que recoge los planteos de las defensas de los imputados, pero fuentes del caso estiman que este primer dictamen será difícil de revertir. “Confirma algo que era evidente pero que las defensas insisten en cuestionar: que los disparos provinieron de la policía y, aunque no sabemos quién es ese policía, podemos acreditar con el grado de certeza necesario que fue personal policial el que disparó en el operativo de represión”, dijo a Página/12 Rodrigo Borda, del CELS. “Sin lugar a dudas queda fortalecida la hipótesis que incrimina a los responsables de la coordinación y supervisión de aquel procedimiento, las autoridades policiales y políticas, Mathov y De la Rúa”, agregó.

El informe cotejó informes periciales previos y las propias balas disparadas el 20 de diciembre con decenas de fotos, videos y testimonios sobre la ubicación de víctimas y victimarios. Y estableció que los disparos se hicieron desde una distancia que da por tierra con el planteo de los acusados. Ellos pretenden demostrar que hubo un corto espacio entre el escopetazo y los cuerpos para argumentar que los manifestantes se dispararon entre ellos con “palos de fuego”, es decir, armas de fabricación casera. “El ángulo de tiro da siempre en la línea de fuego de los policías, en ningún caso aparece que la bala venga del otro lado, como tampoco desde arriba de algún edificio”, explicó Borda. En las conclusiones, se precisó que los tiradores estaban a una distancia mínima de 40 metros en relación con las víctimas, lo cual permite descartar que hayan disparado los propios manifestantes con escopetas “tumberas”, como sugirió el perito de parte de Santos y de Mathov.

En el caso del motoquero Gastón Riva, el peritaje señala que el personal policial se encontraba sobre Avenida de Mayo, avanzando hacia Tacuarí, “siendo su ubicación concordante con la dirección del disparo”. En cuanto a Diego Lamagna, “puede inferirse que el disparo provino del personal que venía por Avenida de Mayo, desde la zona próxima a Tacuarí hacia 9 de Julio”. Y sobre Almirón, los peritos indicaron que la dirección de los disparos que recibió, al igual que varios heridos, fue la misma.

En el punto 9 del peritaje balístico entregado por la Gendarmería al juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, los peritos también descartaron que se hayan mezclado las postas, es decir, que a los cartuchos de goma se les haya agregado alguno de plomo. Tampoco es un detalle menor, pero esto fue planteado como hipótesis en el expediente con el argumento de que sólo hubo un muerto en cada ubicación a pesar de que las escopetas expulsan nueve postas. Si todo hubiera sido una confusión de cartuchos, quedarían exentos de responsabilidad todos los imputados. Pero los peritos señalaron que, si bien los muertos fueron heridos por una sola posta de plomo en cada caso, ello es así por la distancia del disparo y porque las demás postas impactaron en otras personas que fueron heridas, aunque no perdieron la vida, o porque no hicieron blanco. Es decir, no hay ninguna anomalía en el hecho de que dispararon nueve postas y los muertos tienen una sola en el cuerpo.